Pide no dilatar el periodo de trasposición de la directiva europea sobre el tema
MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
El Defensor del Pueblo ha advertido en su Informe Anual correspondiente al año 2022 de las dificultades de acceso existentes, por parte de las personas con discapacidad (especialmente aquellas con discapacidad auditiva y visual) para acceder a los servicios bancarios.
En el documento, recogido por Europa Press, la institución a cargo de Ángel Gabilondo explica que ha recibido quejas de personas con discapacidad en relación a la falta de accesibilidad, principalmente, a los cajeros automáticos, a la recepción de comunicación que se les dirige a los clientes por parte de las entidades y en la interacción con el entorno en las oficinas.
Según ha señalado, la nota común de estas quejas es la denuncia de que la estandarización de estos servicios se ha «olvidado» de sus necesidades específicas.
Estas quejas han sido trasladadas al Banco de España que, en su respuesta al Defensor ha manifestado que, al tratarse de una cuestión relacionada con la reciente actualización del Protocolo estratégico para reforzar el compromiso social y sostenible de la banca, comparte la relevancia del problema apuntado y la necesidad de abordar medidas dirigidas a asegurar la inclusión financiera de los colectivos afectados. Además, el banco ha asegurado que tratará la cuestión en su informe anual de seguimiento de la situación y de las medidas adoptadas para garantizar este acceso.
El equipo de Gabilondo ha contactado también por este tema con la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, quien le ha
señalado que en la actualidad se está trabajando, desde Asuntos Sociales y Agenda 2030, en el anteproyecto de ley en materia de requisitos de accesibilidad de determinados productos y servicios, con el objetivo de efectuar la transposición de la directiva europea sobre esta materia.
TRAMITACIÓN DE URGENCIA
Hay quejas llegadas a la institución que reclaman el traslado de ese proyecto de ley de transposición al Congreso y que la tramitación del mismo se haga por el procedimiento de urgencia, que recude a la mitad todos los plazos.
A través de su Informe Anual, Gabilondo ha explicado que «sigue con interés todas estas iniciativas y confía en que los períodos de implantación de las medidas que se establezcan no sean excesivamente
dilatados».
Pero esta no es la única mención que la institución hace sobre el acceso a los servicios bancarios. Tal y como recoge en el texto, desde hace varios años, el Defensor del Pueblo viene recibiendo quejas de las organizaciones de apoyo a inmigrantes, según las cuales las entidades bancarias niegan la posibilidad de abrir cuentas de pago básicas a inmigrantes en situación irregular, o se les exigen requisitos para abrir dichas cuentas que no se les piden a los ciudadanos españoles.
EN PRISIÓN CON DISCAPACIDAD
Por otra parte, en el informe, el Defensor también se hace eco de cómo la institución ha prestado especial atención a las personas con discapacidad auditiva privadas de libertad y ha formulado una recomendación al Ministerio del Interior para que se elabore un protocolo específico para la regulación de las comunicaciones de estos presos de forma que se equiparen -en número y coste- a las del resto de la población penitenciaria.
En este sentido, se refiere también a la situación de las mujeres en los centros penitenciarios que, según ha apuntado, «sigue preocupando especialmente al Defensor del Pueblo» por «las condiciones de especial vulnerabilidad a las que se enfrentan». Gabilondo llama a estudiar y a adoptar medidas destinadas a «paliar y no perpetuar la desigualdad existente entre hombres y mujeres» en este ámbito.
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