Gobierno Vasco pide al TS su aval para implantar el pasaporte covid en Euskadi tras el rechazo del TSJPV

Presenta recurso ante «la negativa» también el Ejecutivo Sánchez a modificar la Ley para adoptar «un criterio común» en todo el Estado

BILBAO, 24 (EUROPA PRESS)

El Gobierno Vasco ha pedido, finalmente, al Tribunal Supremo su aval para implantar en Euskadi el pasaporte covid después de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) le haya denegado su autorización para exigir este certificado en locales de ocio nocturno y restaurantes con comedores para más de 50 comensales.

Aunque el Ejecutivo anunció el pasado lunes, tras conocer la decisión del TSJPV, que no impugnaría el auto ante el TS, este miércoles ha anunciado que sus servicios jurídicos han presentado recurso de casación para «atajar una nueva ola» del virus e incentivar la vacunación, «más si cabe», después de «la negativa» también el Gobierno de Pedro Sánchez a modificar la Ley para adoptar «un criterio común» en todo el Estado.

La Sala de lo Contencioso administrativo del tribunal vasco argumentó, para rechazar el pasaporte covid, que su exigencia afectaría a derechos fundamentales como a la igualdad, a la intimidad, al de reunión, a la libertad de desplazamientos y a las libertades de expresión y creación artística.

Además, consideró que esta medida limitaría derechos de la población que más inmunizada está, al haberse vacunado con la pauta completa el 90% de la población mayor de 12 años, mientras que se permitiría la entrada en los establecimientos de los niños menores de esa edad, los que «más contagian». También reprochó que se pretendiera imponer esta restricción en toda Euskadi y no por territorios ni municipios.

En su recurso de casación, el Gobierno Vasco defiende «la proporcionalidad» de la medida solicitada y afirma que toda restricción de derechos «debe de ser necesaria y adecuada» para proteger un derecho superior como es «el derecho a la vida y a la protección de la salud».

Asimismo, justifica que plantee la exigencia del pasaporte covid para toda la Comunidad Autónoma cuando la tasa de incidencia supere los 150 casos, «por la alta movilidad social y la reducida superficie territorial de Euskadi». En este sentido, recuerda que, en los casos de Cataluña y Murcia, sus respectivos tribunales superiores avalaron el requerimiento de este certificado «para un sector concreto en toda la comunidad de referencia».

Por todo ello, insiste en reclamar esta medida, pese al rechazo del TSJPV y a «la negativa del Gobierno español a modificar la Ley para fijar un criterio común sobre la aplicación de este documento».

También cree oportuno impugnar el auto del tribunal vasco, después de que ayer del Consejo Interterritorial de Salud no adoptara nuevas medidas para atajar la incidencia de la covid. De esta forma, «agotará las posibilidades para establecer el certificado», al considerar que esta medida «contribuye a la contención de la transmisión del virus».

ATAJAR LA NUEVA OLA

En su escrito, los servicios jurídicos del Ejecutivo vasco alegan que es «necesaria» una restricción de este tipo que ayude a «atajar una nueva ola de transmisión comunitaria del virus y para incentivar, aún más si cabe, la vacunación de toda la ciudadanía».

Asimismo, consideran que «la afección necesaria a algunos derechos fundamentales, en este caso libertades individuales, se contrapone con el derecho fundamental a la vida y la salud pública, que debe prevalecer por encima de todo», en coherencia con los argumentos esgrimidos en la orden de la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, para solicitar la autorización del pasaporte covid.

El recurso subraya que la intensidad de la transmisión del virus «está aumentando en las últimas semanas», y la tendencia «es al alza». Además, recuerda que la situación actual «hace necesario tomar medidas de prevención, contención y control de la salud pública», que deberán acompañar al uso de la mascarilla, el mantenimiento de la distancia, la higiene de manos, la ventilación de interiores y evitar aglomeraciones.

Por ello, pretende condicionar el acceso al interior de los locales de ocio nocturno y restauración mediante el certificado covid. Frente a la consideración del TSJPV de que la implantación del pasaporte covid afectaría, además de a los derechos a la igualdad y a la intimidad, al derecho de reunión, a la libertad de desplazamientos y a las libertades de expresión y creación artística, el Gobierno Vasco mantiene que estos derechos «no precisan para su desarrollo que su ejercicio se realice en los locales» en los que se haría este requerimiento.

Además, subraya que esta medida se adoptaría en locales «donde la entrada es voluntaria y donde no se realizan actividades esenciales, a los que se tenga la obligación de acudir».

«La medida tiende a reducir los contagios, impidiendo comportamientos de riesgo, bien jurídico que debe ser objeto de protección muy superior al impedimento que conlleva la exigencia de presentar el documento para acceder al establecimiento», asevera.

ALTA VACUNACIÓN

Pese a elevado índice de vacunación que existe en Euskadi –más del 90% de la población mayor de 12 años tiene inoculadas dos dosis del antídoto–, uno de los argumentos que reflejó en su auto el TSJPV para tumbar esta restriccción, el Gobierno de Iñigo Urkullu cree que esta pretensión de «proteger el derecho a la intimidad de la población no vacunada, el 10%, conculca el derecho a la protección de la salud y a la vida» del resto (el 90%). También subraya que no se puede exigir a los menores de 12 años el pasaporte covid porque «la Ley no le permite la vacunación».

IMPLANTACIÓN EN TODA EUSKADI

A juicio del Ejecutivo, está justificada su intención de extender a toda Euskadi la aplicación de la medida cuando en los últimos 14 días su tasa de incidencia sea igual o superior a 150 casos por cada 100.000 habitantes, «ya que la reducida superficie territorial» de la Comunidad Autónoma Vasca, «el alto grado de interacción de sus habitantes, las buenas comunicaciones en todo el territorio y la amplia movilidad de la población, no se circunscribe a su domicilio de residencia, sobre todo en lo que respecta a las actividades objeto de autorización».

En este sentido, el recurso hace referencia a los casos de Cataluña y Murcia, donde sus respectivos tribunales superiores de justicia avalaron la exigencia de este certificado «para un sector concreto para toda la comunidad de referencia».

El recurso destaca que, en el caso de Euskadi, la orden de Salud sí prevé que solo se aplique en todo el territorio, cuando la tasa de incidencia sea igual o superior a 150 casos en el conjunto de la Comunidad Autónoma. Este criterio, según apunta, «anula la indiscriminación aducida por el TSJPV».

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