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Investigan un entramado societario que podría haber defraudado más de 5 millones de euros con la compra de derechos económicos de futbolistas

Las actuaciones se centran en las operaciones llevadas a cabo en España por un fondo de inversión con sede en Malta, que invirtió en la compra de derechos económicos de jugadores de fútbol

17 de julio de 2019

En el marco de la operación DEAN, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil junto a personal de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria, están llevando a cabo distintas actuaciones en Madrid, Alicante, Valencia, Asturias, Sevilla, Cádiz, Granada, Murcia e Illes Balears, con el fin de obtener elementos probatorios de presuntos delitos fiscales y de blanqueo de capitales. 

Estas actuaciones están bajo la dirección y coordinación del Juzgado Central de Instrucción núm. 5 de la Audiencia Nacional, quién ha ordenado la realización de varios registros en domicilios, así como requerimientos de documentación a múltiples sociedades.

La investigación se inició a principios del año pasado centrándose en las operaciones llevadas a cabo en España por un fondo de inversión constituido en el año 2011 con sede en Malta.

Las actividades de este fondo consistieron en la compra de derechos económicos de jugadores de fútbol con proyección, persiguiendo lograr plusvalías con sus traspasos a terceros equipos. Asimismo, financió fichajes y facilitó liquidez a clubes de fútbol españoles con dificultades económicas, todo ello bajo el asesoramiento de bufetes de abogados. 

Los acuerdos con los clubes de fútbol españoles parecen haber sido negociados en España por dos representantes de futbolistas, quienes podrían haber simulado su residencia fiscal fuera de España, para no declarar a la Hacienda Pública los beneficios obtenidos.

Más de 5 Millones de Euros

Para la comisión de los fraudes detectados se ha utilizado una compleja estructura societaria que habría permitido ocultar los beneficios de los préstamos y de la venta de los derechos económicos de los jugadores de fútbol, cifrándose la cantidad supuestamente defraudada a la Hacienda Pública española en más de 5 millones de euros.  

De momento, son cinco las personas investigadas y varias decenas prestarán declaraciones testificales. Además, debido a la repercusión internacional, se ha solicitado colaboración a varios países.

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