La directora de la AEPD pide medios económicos y humanos: “La Agencia está en una situación insostenible”

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

La directora de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Mar España, ha afirmado este miércoles en el Congreso que el organismo se encuentra “en una situación insostenible” y ha instado a los grupos a renovar su Dirección y dotarle de más medios humanos y económicos. “La agencia no tiene los medios que merece”, ha asegurado.

España se ha expresado así durante su comparecencia ante la Comisión Constitucional de la Cámara Baja para informar sobre la Memoria Anual del organismo correspondiente al ejercicio 2020, marcada por el trabajo realizado para garantizar las medidas de asistencia sanitaria, el control de la pandemia y el derecho fundamental a la protección de datos.

“El Parlamento Europeo manifiesta su gran preocupación por el hecho de que las autoridades de control de 21 Estados del total de 31 –en esos 21 Estados está el Estado español– que aplican el reglamento, hayan declarado explícitamente que carecen de recursos humanos, técnicos y financieros locales, infraestructuras suficientes para desempeñar eficazmente sus tareas y ejercer sus competencias”, ha dicho España, que ha añadido que el Parlamento les ha pedido que cumplan con la asignación de fondos.

Tras ofrecer datos sobre las incorporaciones en las plantillas de sus colegas europeos con “absoluta envidia”, la directora de la AEPD, que ha recordado que el próximo mes de julio cumplirá dos años de mandato en funciones, ha apuntado que estos fondos podrían provenir del remanente de Tesorería de la propia Agencia. “Estamos pidiendo incrementos bastante proporcionales”, ha remachado.

Por otro lado, España ha expresado públicamente su “descontento” por el reparto de los fondos europeos para la digitalización. “Tengo información de compañeras mías en Ministerios, que están recibiendo organismos, 150 millones de euros, 160, que muchos van a tener que acabar devolviendo el dinero porque no van a tener capacidad de gestión para ejecutarlos”, ha advertido.

“¿Saben cuántos fondos ha recibido la Agencia Española de Protección de Datos del plan de digitalización, cuándo luego todo el mundo nos pide informes en relación con la digitalización y lo que esto supone? Cero. Yo no sé a qué puerta hay que llamar”, ha afirmado.

Además, ha instado a los grupos a plasmar su apoyo en una resolución que inste al Gobierno para que se dote a la Agencia con “uno o dos millones de euros más” en el Capítulo I de personal, así como parte de los fondos de digitalización para poder incorporar Inteligencia Artificial en la tramitación de los expedientes.

2020 EN CIFRAS

Respecto a los datos de la Memoria, ha destacado el Canal Prioritario, para la atención urgente en caso de difusión ilegítima en Internet de contenidos sensibles. En 2020 se recibieron 358 peticiones a través de este medio, de las cuales 174 a través del canal de menores.

De estas, según ha precisado, se tramitaron como urgentes 49 de estas peticiones, un número que se ha triplicado respecto a 2019. De las 49, se han solicitado 29 retiradas urgentes de los contenidos a proveedores de servicios, consiguiendo la retirada en más de un 86% de los casos “en cuestión de horas”.

“Ya he dicho que con esos temas vamos a tener tolerancia cero. Se ha sancionado algún medio de comunicación, por llamarlo de alguna manera, que difundieron la identidad y grabaciones de la víctima de una violación múltiple, tristemente conocida en nuestro país”, ha indicado España.

Asimismo, España ha apostillado que, como regla general, cada vez que un maltratador con condena penal firme acude a la Agencia para solicitar el derecho al olvido, lo inadmite al entender que “en la ponderación prevalece el interés público en la difusión y el acceso a dicha información”. No obstante, ha reconocido que “quedan temas por hacer” en esta materia.

Por otro lado, la directora ha recordado que en 2020 se puso en marcha el Pacto Digital para la Protección de las Personas, una iniciativa con la que se pretende promover la privacidad como un activo que las organizaciones deben tener en cuenta a la hora de diseñar sus políticas y sus estrategias. El Plan cuenta actualmente con cerca de 200 organizaciones adscritas.

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