La Plataforma QAE denuncia en la Fiscalía General del Estado los Contadores Inteligentes de electricidad

/COMUNICAE/

Los nuevos dispositivos digitales ya fueron denunciados en Bruselas por QAE en mayo de 2015 y, ante la pasividad de los gobiernos de España, la Comisión Europea aperturó un Dictamen Motivado en el 2017. La Fiscalía General del Estado ha admitido a trámite la Denuncia presentada por QAE, asignando un Fiscal Especial debido a la envergadura del caso

Las compañías eléctricas están instalando unos contadores de electricidad que no cumplen con la Normativa Vigente. QAE lleva más de cinco años animando a la Sociedad para que tome conciencia de que estos nuevos ‘contadores digitales’ no suponen ningún beneficio para el Consumidor de electricidad. Incluso ya existen estudios técnicos que demuestran diversas lecturas de distintos dispositivos.

La Plataforma Ciudadana QAE además de denunciarlo en la Comisión Europea de Bruselas, también lo ha hecho ante el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, y ahora la Fiscalía General del Estado, quien la ha admitido a trámite y ha asignado un Fiscal Especial para el caso.

Las eléctricas están amenazando a sus clientes con la interrupción del suministro eléctrico en base a una normativa que no procede para el caso de sustitución de contadores, por lo que utilizan coacciones y amenazas que vienen reflejadas como un Delito en el Código Penal. En concreto, la Normativa Vigente establece que la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2012 relativa a la eficiencia energética establece que al menos el 80 % de los consumidores deberá contar con sistemas de medición inteligentes en el año 2020, pero no establece ninguna ‘obligatoriedad de su totalidad’ como se puede comprobar en sus artículos 9 a 11 de la mencionada Legislación Europea.

Además, es el propio Consejo de Estado quien recuerda que la falta de incorporación de la Legislación Comunitaria es motivo sancionador suficiente, por lo que se está comprometiendo a los Consumidores a asumir un coste adicional por multas innecesarias que son responsabilidad de los Gobiernos.

Recordar que la Legislación Europea Comunitaria también es norma de aplicación en el Estado Español.

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Fuente Comunicae