La presidenta de la Sala de lo Social del TSJPV no ve «conveniente» que se asuma la división en dos grupos del TC

Considera que «no es de recibo ni admisible» que haya asuntos «pendientes de resolución» en el TC «durante diez o doce años»

BILBAO, 15 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Garbiñe Biurrun, ha asegurado que no es «conveniente» que se asuma la consolidación de una división en dos grupos del Tribunal Constitucional (TC) ya que, en otras cuestiones, eso afecta a su «credibilidad».

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Biurrun se ha referido, entre otras cuestiones, al nombramiento esta semana de Cándido Conde-Pumpido como presidente del Tribunal Constitucional.

«Es el resultado de una decisión mayoritaria de los miembros del tribunal, dentro de la normalidad», ha expresado, para añadir que lo que parece «menos normal y conveniente es la imagen clara de división en dos –conservadores y progresistas– del Constitucional y esa especie de consolidación de la existencia de grupos dentro de un órgano colegiado». «No me parece alentador», ha criticado.

A su juicio, si se asume y se «repite sistemáticamente» el funcionamiento en bloques, la «imagen del Constitucional y del CGPJ y su credibilidad» se ven «tocadas o algo dañadas para la ciudadanía».

Asimismo, y respecto a los asuntos pendientes por resolver por la Corte de Garantías, como en el caso de la Ley del aborto, ha advertido que «no es de recibo» que haya asuntos pendientes de resolución durante diez o doce años. «Es absurdo absolutamente», ha enfatizado.

Tras manifestar que en ningún otro tribunal «a nadie se le ocurre dejar un tema durmiendo el sueño de justos en un cajón», ha reconocido que siempre hay asuntos más urgentes que otros, pero «nadie puede decidir que no va a resolver un asunto porque sea más complicado, porque no conviene políticamente o por las razones que sean».

Por otro lado, y cuestionada por la despenalización del delito de sedición y la reducción de penas del delito de malversación, ha incidido en que es «legítimo», al ser el legislador quien determina el Código Penal y decide su reforma.

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