La Xunta ve positivo el cambio de la Ley del Suelo para «reforzar la seguridad jurídica» en la planificación urbanística

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 (EUROPA PRESS)

La Xunta ha valorado «muy positivamente» el anteproyecto de ley del Gobierno central para «reforzar la seguridad jurídica en el ámbito de la ordenación territorial y del urbanismo», puesto que, ha destacado, «asume los principios fundamentales que inspiraron el Manifiesto urbanístico impulsado el pasado año por Galicia y que fue suscrito por 13 comunidades y las dos ciudades autónomas.

Así, en una nota de prensa, ha explicado que el texto normativo por el que se modifica la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana estatal «responde a una vieja demanda» del Gobierno gallego.

Por este motivo, la Xunta ha indicado que valora «su oportunidad», ya que «en los últimos años la anulación de planes urbanísticos municipales se ha convertido en un problema estructural en todas las comunidades y urge su aprobación para ofrecer una solución eficaz y definitiva lo antes posible».

Del mismo modo, ha reivindicado que la administración autonómica gallega fue «la primera en advertir, ya en el año 2017, de las nefastas repercusiones de la declaración de nulidad de pleno derecho de un plan general o de cualquier otro instrumento urbanístico sin opción a que la administración local afectada pueda corregir los defectos detectados».

Por eso, ha continuado, propuso impulsar un Pacto nacional por la seguridad jurídica de urbanismo en todo el país y mantuvo numerosos contactos en los últimos años tanto con el Gobierno central como con otros gobiernos autonómicos para avanzar en esa dirección.

En este contexto, la Xunta valora «muy positivamente» la iniciativa legislativa que tramita ahora el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ya que «comparte el planteamiento y algunas de las propuestas» recogidas en el ‘Manifiesto por la seguridad jurídica del planteamiento territorial e urbanístico’, avalado por «la mayor parte de las comunidades» en un encuentro celebrado el pasado año en Santiago.

ALEGACIONES

Sin embargo, en el marco del trámite de audiencia e información pública del anteproyecto de ley que ha finalizado estos días, la Xunta ha explicado que la Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo presentó dos alegaciones.

La primera, tiene relación con la exclusión de la regla del silencio administrativo en el caso de la construcción de viviendas sometidas a algún régimen de protección pública, una excepción que la Xunta propone extender a todas las obras de edificación de nueva planta con el fin de «agilizar la concesión de licencias urbanísticas».

En el caso de la segunda alegación, tiene que ver con la creación de una plataforma para «agilizar la emisión de informes sectoriales». El Gobierno gallego considera que esta medida puede ser «positiva y útil», pero sugiere que se refuerce también con otros cambios relativos a la unificación de la gestión de estos informes, algo que, ha afirmado, en el caso gallego, «ya se están aplicando con una demostrada efectividad».

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