Las ONG de infancia piden que la ley Rhodes proteja a los niños tutelados y prohíba los desnudos a menores extranjeros

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

La Plataforma de Infancia, formada por 73 organizaciones de infancia, ha pedido que la Ley de Protección a la Infancia frente a la violencia, conocida como ‘ley Rhodes’ –por el pianista del mismo apellido que sufrió abusos en su infancia–, cuyo dictamen se debate este jueves en el Pleno del Congreso, refuerce la protección de los niños y niñas tutelados por la Administración, que aumente el plazo de prescripción del delito de abuso sexual a menores de forma que empiecen a contar al cumplir los 40 años, y prohíba los desnudos en el procedimiento de determinación de la edad de menores extranjeros.

“No podemos permitirnos que esta ley, que va a ser ejemplo en el mundo, deje fuera cuestiones esenciales para el objetivo que se marca, es decir, para garantizar la defensa de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes a su integridad física, psicológica y moral frente a cualquier forma de violencia”, subraya la responsable de Incidencia Política de la Plataforma de Infancia, Almudena Escorial.

Así, aunque considera que el proyecto de ley “ha ido mejorando” durante su tramitación parlamentaria”, en lo que se refiere a “la creación de entornos seguros en los distintos ámbitos o la garantía de que las denuncias interpuestas por niños sin el acompañamiento de su tutor no requieran la valoración de su madurez por parte de la Policía”, señala algunas carencias en otras cuestiones.

En concreto, las organizaciones de infancia señalan que la ley “no aborda suficientemente la necesidad de reforzar la protección de los niños y niñas privados de cuidado parental” y consideran esencial establecer en este ámbito una figura análoga al coordinador de protección de los centros educativos.

“Los niños y niñas tutelados por las Administraciones públicas bajo el sistema de protección son uno de los grupos más vulnerables frente a la violencia y, además, los sistemas de protección carecen de las herramientas necesarias para protegerlos, especialmente en recursos residenciales grandes”, explica Escorial.

MALOS TRATOS EN CENTROS DE ACOGIDA

En este sentido, recuerda que el Comité sobre los Derechos del Niño, en 2018, mostró su preocupación a España por “los casos de malos tratos y de trato degradante de niños atendidos en centros de acogida”.

Además, la Plataforma de Infancia apuesta por reforzar en la ley las garantías de las retiradas de tutelas, tal y como recomendó el Comité de los Derechos del Niño a España en 2018.

“Consideramos fundamental aprobar enmiendas dirigidas a: garantizar la asistencia letrada, asegurar la notificación de los expedientes de riesgo y establecer plazos en los procedimientos de riesgo y desamparo”, subraya Escorial.

Además, ven “muy preocupante” que la ley otorgue la condición de autoridad al personal de los servicios sociales, ya que “puede quebrar la relación de confianza que debe existir con las familias y aumentar la asimetría existente actualmente”.

PRESCRIPCIÓN DE LOS ABUSOS A PARTIR DE 40 AÑOS

Por otro lado, las organizaciones de infancia consideran que el texto introduce una “mejora sustancial” al aumentar el plazo de prescripción del delito de abuso sexual a menores, de forma que este empezará a contar a partir del momento en que la víctima cumpla 30 años, y no 18 como ocurre actualmente.

En todo caso, la Plataforma de Infancia reclama aumentar hasta los 40 años el momento en que empieza a contar este plazo, ya que muchas víctimas necesitan tiempo para romper el silencio, y “este incremento respeta el equilibrio entre la lucha contra la impunidad y el derecho de las víctimas a acceder a la justicia”.

Igualmente, la Plataforma de Infancia ve necesario “reforzar la prueba preconstituida”, una medida “muy positiva para evitar la revictimización de los niños y niñas en el ámbito judicial”. La ley prevé que se haga para los menores de 14 años pero las ONG de infancia piden que se extienda a todas las personas menores de edad que deban intervenir en un procedimiento judicial.

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