Los obispos rechazan la Ley Trans y la autodeterminación de género que «no tiene fundamento médico ni científico»

Pide al Gobierno que «agilice los trámites» para acceder a las ayudas de protección social

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, ha arremetido contra las leyes «de profundo calado ideológico» que está sacando adelante «por la vía rápida» el Gobierno de coalición, como la Ley Trans, y ha advertido de que la autodeterminación de género que contempla esta norma «no tiene fundamento médico ni científico, y supone transformar en ley el mero deseo de personas».

«Tanto la nueva ley del aborto como la denominada ‘Ley Trans’ inciden y afectan a los niños, adolescentes y jóvenes, que están en un proceso vital de madurez. Así, la llamada autodeterminación de género, auténtica piedra angular de esta norma, no tiene fundamento médico ni científico, y supone transformar en ley el mero deseo de personas, en muchos casos jóvenes en proceso de madurez, que pueden ver comprometido seriamente su futuro con actuaciones para las que ya no existe vuelta atrás», ha avisado Omella.

Así se ha pronunciado este lunes durante el discurso inaugural de la CXX Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, que se celebra a lo largo de esta semana en Madrid, y en la que se elegirá nuevo secretario general y portavoz de los obispos españoles.

Ante esta situación, el presidente de la CEE ha abogado por «acompañar, y mucho, al niño, adolescente y joven que sufre una crisis de identidad» y ha ofrecido la Iglesia como «hogar» para ellos.

«¿POR QUÉ TANTA PRISA, TANTO INTERVENCIONISMO?»

Para el cardenal Omella, «en los últimos meses, se han puesto en marcha varias iniciativas legislativas que no ayudan a educar a los adolescentes y jóvenes en la belleza y en el sentido de la sexualidad y que, además, no potencian la responsabilidad de sus actos ni la valoración madura y sosegada sobre las consecuencias». «¿Por qué estas prisas? ¿Por qué este intervencionismo estatal?», se ha preguntado.

Así, también se ha referido a la reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo para lamentar que en esta norma «se refuerza el derecho del fuerte sobre el débil, cerrando los ojos a todos los avances de la ciencia que documentan que, en el seno de una mujer embarazada, existe una nueva vida distinta de la suya, que es preciso cuidar, acoger y defender».

«La infancia, adolescencia y juventud muestra síntomas de sufrimiento. Hay causas reconocibles: la inestabilidad familiar y la crisis de identidad provocada por las ideologías de género. Frágiles y vulnerables, necesitan seguridad y unos valores estables», ha remarcado.

Por otro lado, el también arzobispo de Barcelona ha realizado un análisis de la situación social, económica y política actual y ha pedido a los políticos que sean capaces de «mirar a largo plazo» para trabajar por el «bien común».

«Las consecuencias de la pandemia, las guerras y la inestabilidad social, económica y política nos ofrecen un panorama sombrío a primera vista. La economía no crece como antes, los precios suben y la capacidad adquisitiva de millones de personas se ha visto muy mermada. Muchas familias ven cómo sus salarios o prestaciones sociales son insuficientes, o, incluso, carecen de ellas, y sufren la angustia de no poder llegar a fin de mes, ni cubrir sus necesidades básicas. Ante esto, la crispación política no ayuda a resolver los problemas», ha resumido Omella.

LAS RESPUESTAS POLÍTICAS SE ATASCAN

En este contexto, ha afirmado que se observa cómo «las respuestas políticas se atascan y no fluyen para encontrar soluciones a los graves problemas sociales» porque, a su juicio, «no hay una voluntad de trabajo en común».

Por ello, ha subrayado que «es la hora de los hombres y mujeres de Estado que miran a largo plazo, de los que se atreven a tomar decisiones importantes para asegurar el bien y la prosperidad para las próximas generaciones y no el rédito partidista inmediato» y ha aprovechado para «agradecer de corazón la labor de los políticos de cualquier signo que trabajan por el bien común».

Entre los retos urgentes, el presidente de los obispos españoles ha apostado por resolver el problema de la vivienda, por reducir la burocracia que ralentiza el acceso a ayudas sociales, y por llevar a cabo políticas que fomenten la natalidad y ayuden a las familias. En todos estos desafíos, la Iglesia, según ha dicho, quiere «cooperar activa e intensamente con las administraciones públicas».

«Los precios del alquiler registran máximos históricos en todas las ciudades. Hemos llegado al punto de que cuatro de cada diez inquilinos –7,4 millones de personas en España– destinan más del 40% de su sueldo al arrendamiento; es decir, están sobreendeudados, según Eurostat. España es el cuarto país de la UE con más arrendatarios en situación financiera más comprometida. ¿No es el tema de la vivienda uno de los verdaderos problemas sociales que debe ser abordado?», ha planteado el arzobispo.

Al mismo tiempo, ha advertido de que debido a «la precariedad laboral y a la falta de una política activa de vivienda, los jóvenes no pueden formar una familia» y, a consecuencia de ello, «crece el invierno demográfico en España».

MIGRANTES ANTE DÉFICIT DE NACIMIENTOS

Asimismo, considera que, «para paliar estos años de invierno demográfico, serán imprescindibles unas políticas de acogida ordenada de inmigrantes» para que puedan integrarse en la sociedad. «Este déficit de nacimientos puede ser una oportunidad para poder acoger a hermanos y hermanas de otros países que quieran venir a España. Los necesitamos, pero es necesario planificarlo correctamente para protegerlos de los abusos y de la impiedad de las mafias», ha matizado.

Precisamente, ha comentado que en esta Asamblea Plenaria, los obispos de Canarias expondrán la situación que se vive en las islas ante la «avalancha de tantos migrantes» y la «preocupación por dar una solución».

Por otro lado, el presidente de la CEE, ha precisado que «tampoco se puede permitir que las políticas sociales, para atender debidamente a las personas dependientes o en situaciones de necesidad, se queden en discursos de buenas intenciones y no se ejecuten proyectos concretos».

LENTA Y CONOLICADA BUROCRACIA

«Los procesos y trámites de las peticiones de ayuda se demoran y eternizan; incluso a veces los solicitantes ya no pueden beneficiarse de ellas ya que la hora de la muerte se adelantó a la hora de la ayuda. El Estado debería ser capaz de agilizar los trámites. La lenta y complicada burocracia no hace más que añadir sufrimiento», ha reclamado.

En concreto, ha recordado que, a principios de 2022, 317.942 personas se encontraban en las listas pendientes de valoración o de recibir la prestación o servicio al que tienen derecho y que, en 2021, 46.300 personas en las listas de espera fallecieron sin haber recibido ninguna atención.

A ellas se suman, según ha añadido, las «más de 80.000 personas que fallecen cada año sin recibir la atención paliativa que precisan» o los dos millones de mayores de 65 años que viven en soledad.

También ha señalado que más de 13,1 millones de personas están en riesgo de pobreza o exclusión social y ha puesto de relieve el papel de la familia para mantener una cierta paz social. «¡Cuántos abuelos jubilados tienen que ayudar con su tiempo y sus pensiones a sus hijos y nietos!», ha exclamado.

Por todo ello, el cardenal ha indicado que «ha llegado el momento de acordar un gran pacto de rentas que permita a las familias superar con cierta dignidad este tiempo de travesía por el desierto». «La crisis reclama acuerdos efectivos de los grandes partidos y de los agentes sociales para combatir la pobreza, para preservar y generar nuevos empleos y para garantizar la viabilidad de nuestro sistema de bienestar», ha zanjado, proponiendo como ejemplo los Pactos de la Moncloa.

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