Dancausa calcula que esta decisión evitará que se transfieran a la Comunidad de Madrid 30 millones
MADRID, 15 (EUROPA PRESS)
La Comunidad de Madrid ha criticado que el Gobierno de España pretenda excluir del reparto de una nueva partida de 200 millones de euros para la atención de la dependencia a aquellas autonomías como la madrileña que votaron en contra del acuerdo de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), al tiempo que ha amenazado con acudir ante los tribunales si finalmente sale adelante esta propuesta.
En concreto, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha acordado este miércoles con las comunidades autónomas, en el seno del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), el reparto de los fondos destinados para el nivel acordado que este 2023 alcanzarán los 783 millones de euros.
De esos 783 millones, 200 se repartirán para apoyar el despliegue del Acuerdo de Acreditación y Calidad de los Centros y Servicios del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD), el denominado ‘Nuevo modelo de residencias’.
Este acuerdo se sometió a votación el pasado mes de junio y también recibió, según ha recordado la Comunidad de Madrid, el voto en contra de País Vasco, Cataluña, Galicia, Andalucía, Murcia, Castilla-La Mancha, Castilla León y Ceuta, lo que supone, subrayan desde el Ejecutivo madrileño, que «no se aplicará para el 70% de la población española».
Durante la reunión extraordinaria del Consejo Territorial, la consejera de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid, Concepción Dancausa, ha puesto de relieve que la única condición para participar en el reparto del mismo es haber votado a favor del acuerdo, una decisión del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 que «utiliza la financiación estatal como instrumento de presión, quiebra el principio de lealtad institucional y no es más que un último intento de salvar un acuerdo que carece de efectividad en la mayor parte del país», según han informado a Europa Press fuentes de la Consejería.
«INVADE COMPETENCIAS»
En este sentido, Dancausa ha reafirmado el rechazo de la Comunidad de Madrid al texto aprobado en junio, ya que «invade las competencias autonómicas» en materia de servicios sociales, «carece de una memoria económica ajustada a la realidad, limita el acceso de nuevos usuarios al sistema e incrementa las listas de espera».
En cualquier caso, la consejera ha recordado que el Gobierno regional, pese a este voto en contra, ya está adoptando medidas en el ámbito de la calidad del cuidado centradas en la persona, como la creación de unidades de convivencia de hasta 25 usuarios, que están implantando en ejercicio de su «competencia constitucional» y «no por imposición del Estado».
«Es la primera vez que se priva a las comunidades de participar en la distribución de fondos por el simple hecho del sentido de su voto», ha subrayado Dancausa, que calcula que esta decisión evitará que se transfieran a la Comunidad de Madrid 30 millones de euros para seguir mejorando los servicios de atención a la dependencia y perjudicará directamente a los madrileños.
Por ello, ha anunciado que la Comunidad va a utilizar «todos los medios a su alcance», incluido acudir a los tribunales si se aprueba esta medida que «quiebra el principio de lealtad institucional y perjudica a los madrileños en situación de dependencia».
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