La eurodiputada de Podemos Idoia Villanueva ha alertado a la Comisión Europea de que el impacto medioambiental de este macro proyecto minero, situado muy cerca del embalse de Yesa, con sus correspondientes riesgos de seguridad, choca con la estrategia del Pacto Verde Europeo y especialmente con las diferentes directivas que se están trabajando dentro de este marco, como la de la granja a la mesa”
A pesar de la alerta enviada por el ministerio de Agenda2030, solicitando la paralización de la autorización a la espera de una evaluación ambiental actualizada y con un proceso de participación pública, el ministerio de transición energética y las administraciones de Navarra y Aragón acaba de de dar luz verde a principios de julio al proyecto de Mina Muga.
La mayor explotación minera subterránea de España, y la tercera del sector, que abarcará 1.700 hectáreas y tendrá galerías de hasta 600 metros de profundidad. De ella se extraerá potasa, un elemento usado para producir fertilizantes. La mina que estará a apenas un kilómetro y medio del pantano de Yesa, el mayor embalse del Pirineo, cuya presa se apoya sobre una falla y cuyo polémico recrecimiento lleva años alentando un acalorado debate público sobre su seguridad.
El visto bueno llega siete años después de que la empresa Geoalcali, filial de la australiana Highfield Resources, que no atraviesa su mejor momento, ya que sus acciones acumulan una devaluación de más del 50% en lo que va de año tras haber caído otro tanto en los cuatro anteriores, iniciase los trámites para poner en marcha este megaproyecto minero.
Desde entonces, plataformas ciudadanas y ecologistas han intentado alertar de sus riesgos geológicos (sismicidad y posible hundimiento de tierras). Según denuncian, estos factores no han sido debidamente tenidos en cuenta en los estudios de impacto ambiental y seguridad. A estos riesgos, se suma la potencial despoblación de la zona por la degradación del territorio.
La eurodiputada Idoia Villanueva se ha dirigido este lunes a la Comisión Europea para plantear sus dudas respecto a la compatibilidad de Mina Muga con los objetivos de la transición verde. “El proyecto choca de frente con los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo sostenible como con las líneas estratégicas del Pacto Verde Europeo”, plantea Villanueva.
“Además de los potenciales riesgos geológicos hay otra serie de peligros medioambientales. La generación de cuatro millones de toneladas de residuos cada año puede provocar la contaminación salina de cauces y acuíferos. El enorme consumo de agua de la explotación es equiparable al suministro anual de una ciudad de 165.000 habitantes y el transporte de materiales (más de 100.000 camiones pesados al año) tendrá un gran impacto en las emisiones y el territorio” ha explicado.
Por otra parte, el uso de la potasa choca directamente con uno de los cuatro ejes de la Estrategia ‘De la Granja a la Mesa’, una de las directivas que se desarrollan dentro del Pacto Verde. Se trata del objetivo de reducción de plaguicidas y de fertilizantes con potasa en un 30%. La eurodiputada de Podemos ha preguntado a la Comisión si considera que, teniendo en cuenta todos estos impactos, estas explotaciones estarían en línea con la estrategia verde europea.
Prudencia y participación pública
«Este tipo de proyectos extractivos, lejos de luchar contra la despoblación, amenaza con dejar la zona degradada medioambiental, paisajística y económicamente cuando finalice su actividad dentro de 20 años”, resume Villanueva. Frente a estos modelos de desarrollo insostenible, la eurodiputada plantea la necesidad de desarrollar políticas más exigentes contra la emergencia climática. Es importante llevar a cabo procesos participativos antes de impulsar grandes proyectos vinculados al Pacto Verde y controlar de cerca la puesta en marcha de proyectos sostenibles ‘sobre el papel’ pero que en la práctica ponen en peligro los ecosistemas y recursos de la zona.
Es lo que está sucediendo, por ejemplo, con el gran despliegue de nuevos desarrollos de parques eólicos cuyos estudios de impacto ambiental “se están partiendo en ‘trocitos’ para que parezca que el proyecto no tiene impacto”, como denunció Villanueva en la Sierra de la Groba (Pontevedra). La eurodiputada ha remarcado que «necesitamos realizar una transición energética con garantías, no nuevos pelotazos vestidos de verde. Por eso alertamos a la comisión europea sobre este caso y pedimos su recomendación para que los impactos eviten un caso de reiterado incumplimiento de la normativa medioambiental, como ya ocurrió con las minas de Súria y Sallent”.
