La Plataforma Unitaria contra las Minas de Potasa en la Bal d’Onsella y la Sierra del Perdón presentará un recurso de alzada frente a la decisión del Gobierno de España de autorizar la concesión minera para el proyecto Mina Muga, impulsado por la empresa Geoalcali en la zona de Sangüesa.
Para esta plataforma, «la concesión se hace sin que la mayor parte de las modificaciones exigidas a Geoalcali, tanto en alegaciones, como en requerimientos de administraciones, con respecto a su proyecto, hayan sido objeto de participación pública».
Según el colectivo contrario al proyecto, «hasta en 16 ocasiones ha tenido Geoalcali que presentar documentos aclaratorios y adendas al proyecto de Mina Muga tras haber recibido la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) positiva, algunas de ellas de suma importancia como pueden ser al plan de restauración, al proceso de relleno con materiales sobrantes (backfilling), a la afección a las aguas, a la propia viabilidad económica del proyecto o a los hundimientos y subsidencias que pudiera provocar».
La plataforma ha asegurado que «algunas de estas afecciones todavía no están resueltas, como es el caso del backfilling sobre el que la empresa ha presentado un informe de la ingeniería alemana K-Utec, del cual se desconoce su contenido, como único aval de que rellenarán las galerías con los desechos». «Es un proceso que ha pasado de ‘húmedo’ a ‘seco’ tras la concesión de la DIA positiva, por lo que no ha tenido ningún tipo de evaluación ambiental. Lo que sí queda claro en la concesión es que la supuesta mina ‘residuo cero’ creará un depósito temporal que podrá ocupar hasta 37 hectáreas y un máximo de 13,7 metros de altura, pudiendo albergar hasta 4,5 millones de toneladas de residuo», ha añadido.
Desde la plataforma han asegurado que «en ningún momento se ha tenido acceso público a las medidas que Geoalcali afirma que va a emprender para evitar los problemas generados por la explotación como subsidencias y hundimientos, sismicidad, afecciones ambientales y afecciones a los cursos fluviales y acuíferos, incluyendo entre estos al embalse de Yesa, a menos de 800m de la mina que las mismas administraciones que otorgan la concesión de explotación pretenden recrecer hasta los 1.079 hectómetros cúbicos».
En cuanto a la viabilidad económica del proyecto, la plataforma ha planteado sus «dudas, pues con los precios actuales de la potasa, teniendo en cuenta los puestos de trabajo que vende Geoalcali, en torno a 800, y la exigencia en las condiciones de explotación, de la que aseguran será una mina ‘residuo cero’, las cuentas no salen y, o bien el recorte va a estar en los puestos de trabajo, o bien en los estándares mínimos de vigilancia ambiental».
La plataforma ha afirmado que «la empresa sigue asegurando que el transporte de toda esta potasa se hará por carretera y ve normal ampliar el tráfico pesado en la variante de Sangüesa con 512 camiones al día, una preocupación que está en la mente de los vecinos de Sangüesa y también de su alcaldesa, que reclamaba recientemente un enlace directo a la Autovía del Pirineo».
Desde la plataforma han considerado que «todo este proceso desde 2019 ha permanecido oculto a la opinión pública» y, manifestando «serias dudas en cuanto a los principales problemas que suscita esta infraestructura minera», han afirmado que seguirán «adelante en el rechazo al proyecto hasta agotar todos las vías, haciendo un llamamiento a la colaboración de la población afectada y las asociaciones contrarias a este y otros proyectos extractivos similares».
