NA+ afirma que en el Gobierno «parecen estar mucho más preocupados de eludir su responsabilidad que de buscar soluciones»
PAMPLONA, 2 (EUROPA PRESS)
La consejera de Salud del Gobierno de Navarra, Santos Induráin, ha afirmado este miércoles que el Servicio Navarro de Salud no adquirió mascarillas sobrantes de la operación de compra en la que participó la empresa pública Sodena junto con la CEN y Albyn porque no se dieron las «circunstancias concretas» que preveía para ello el convenio suscrito entre estas tres partes. «El SNS no tenía la obligación contractual de adquirir ese material», ha asegurado la consejera, haciendo referencia a las conclusiones de tres informes jurídicos.
En una comparecencia en el Parlamento foral solicitada a petición propia y por Navarra Suma, Induráin ha explicado que el 7 de mayo de 2020 se firmó el acuerdo Sodena-CEN-Albyn para facilitar el acceso a EPIS para pymes, micropymes y personal autónomo de Navarra para el desarrollo de su actividad ante las dificultades detectadas en aquel contexto de pandemia para su adquisición de manera individual, «un convenio nacido a instancias de Sodena».
La consejera ha afirmado que Salud «no es una de las partes firmantes del acuerdo, de ahí que su participación, a efectos prácticos, sea muy limitada». «En él, Osasunbidea, que tenía como es lógico sus propias vías de acopio de material, incluye una adenda que delimita de forma concisa sus obligaciones en cuanto a la adquisición de excedentes del convenio», ha explicado.
En concreto, recogía textualmente la adenda que «en el supuesto de que, por cualquier circunstancia extraordinaria o excepcional, una vez recibido cada pedido, existiesen EPIS de uso sanitario que, habiendo sido adquiridos, no hayan sido transmitidos a las empresas y asociaciones, el SNS-O adquirirá dichos EPIS, previo requerimiento de las partes de dicho acuerdo, siempre que se cumplan» determinadas condiciones.
Las condiciones eran que «el compromiso se extiende exclusivamente a EPIS de uso sanitario, y no a otro tipo de EPIS que pudieran haberse adquirido al amparo del acuerdo».
Además, el precio de compra de los EPIS de uso sanitario por parte del SNS-O sería el precio de venta de Albyn Medical; el SNS-O se comprometía y obligaba a recibir los EPIS de uso sanitario y proceder al pago de la factura correspondiente emitida por Albyn Medical; el SNS-O no se comprometía a aceptar excedentes debidos a renuncias voluntarias de las empresas o asociaciones; y tampoco se comprometía a adquirir más de un 10% del material de cada pedido.
En definitiva, Induráin ha señalado que Salud no adquirió mascarillas «porque para que el SNS se hiciera hipotéticamente con parte de ese material debían darse una serie de circunstancias concretas que no se dieron».
Concretamente, la consejera ha citado cuatro elementos que no se dieron. En primer lugar, «la concurrencia de circunstancias extraordinarias o excepcionales que justifiquen la falta de transmisión de los EPIS que, habiendo sido adquiridos, no hayan sido transmitidos en favor de las empresas y asociaciones». En segundo lugar, «que se trate de EPIS de uso sanitario»; en tercer lugar, «que no se trate de renuncias voluntarias de las empresas o asociaciones», y finalmente «el conocimiento de cada pedido para poder obtener el máximo del 10%».
Santos Induráin ha afirmado que «hasta aquí llega la participación de Salud en este tema como, por cierto, recogen los tres informes jurídicos de los despachos Arpa, Garrigues y Écija sobre este asunto, que son coincidentes en sus conclusiones y señalan que «el SNS no tenía ningún compromiso de adquisición sobre dicho excedente».
La consejera ha señalado que «los tres informes son confluyentes en sus conclusiones: tras considerar las circunstancias y su encaje en la adenda, el SNS no tenía la obligación contractual de adquirir ese material».
Induráin ha añadido que se recoge literalmente en la conclusión de uno de esos informes que «por las circunstancias acontecidas en la medida que, transcurrido ya un periodo considerable sin que ninguna de las partes del acuerdo haya requerido formalmente al SNS-O para que adquiera parte del material, nos llevan a interpretar que la voluntad de las partes fue que en un escenario como el acontecido, el SNS no tuviera la obligación de adquirir el stock».
La consejera ha señalado que otra conclusión de estos informes jurídicos incide en los términos expresados en la adenda, según la cual el SNS «sólo podía tener compromiso ante alguna circunstancia excepcional o extraordinaria», y «el hecho de que los empresarios finalmente decidieran por la razón que sea no realizar las compras no cumple esos requisitos, sino que es precisamente una eventualidad derivada de la propia operativa del contrato, algo por tanto previsto en el contrato que no conllevaría un motivo ajeno a la voluntad de las partes». «Por tanto, concluye este informe, no estaríamos en modo alguno ante una circunstancia extraordinaria al devenir normal pactado en el contrato, por lo que el SNS no tendría ningún compromiso de adquisición sobre dicho excedente», ha asegurado.
La portavoz de Navarra Suma, Cristina Ibarrola, ha reprochado que los miembros del Gobierno «parecen estar mucho más preocupados de eludir su responsabilidad que de buscar soluciones». «Hicieron un acuerdo para la compra de material sanitario, conocían los proveedores, el material, los precios, y en esas condiciones Salud aceptó firmar el acuerdo y quedarse con todos los excedentes de uso sanitario, y así lo trasladó Sodena en una nota de prensa y así aparece en todos los borradores del acuerdo, pero finalmente Salud traslada que ya no firmaba las condiciones pactadas, sin rastro escrito de por qué. Esta decisión condiciona todo el fracaso posterior. Es llamativo que no se utilizaran mascarillas pagadas por dinero público que se apilan en un almacén mientras Salud compraba otras con dinero de todos y a mayor precio que las que sobraban», ha asegurado.
La portavoz del PSN, Ainhoa Unzu, ha afirmado que «la responsabilidad del departamento de Salud es absolutamente inexistente, hay que valorar un contrato firmado entre partes y no una responsabilidad que nunca tuvo lugar porque no se llegó a firmar, estamos hablando de un contrato firmado entre tres partes -Sodena, CEN y Albyn-, no entre cuatro partes». «Salud se limitó a firmar una adenda con un compromiso de adquisición con unas premisas que nunca se han dado. Los tres informes jurídicos concluye la inexistente responsabilidad de Salud en este caso», ha dicho Unzu, para pedir que «se saque» al departamento de Salud de esta «ecuación».
Por el contrario, el portavoz de Geroa Bai, Mikel Asiáin, ha defendido que «no hay que sacar a Salud de la ecuación, por ser exactamente igual» el acuerdo entre Sodena, CEN y Albyn que un acuerdo previo suscrito entre Salud, Sodena y otras empresas para la adquisición de material. «El acuerdo es prácticamente igual», ha explicado, por lo que ha señalado que «no se pueden pedir responsabilidades a uno y no a otro». Además, ha cuestionado por qué Salud «no adquirió ni siquiera el 10% de las mascarillas, teniendo en cuenta que siempre en Salud se necesita material». «Obligación contractual no había ninguna, pero nos preguntamos si quizá la había moral y ética», ha planteado.
El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha afirmado que «hay una gran duda, o una zona oscura, en relación a la participación de Salud -en el convenio-, y es en qué medida lo que era un planteamiento inicial respecto a la responsabilidad de Salud para adquirir el stock excedentario pasa a ser una responsabilidad disminuida en cuestión de días, y sin rastro documental» de por qué se produce este cambio. Araiz ha señalado que «no se entiende que estén aparcadas esas mascarillas, que siga exigiéndose mascarilla en el transporte público y no seamos capaces de darle una salida».
