El pulso judicial en torno a la macrogranja de vacuno de Caparroso se ha saldado con una resolución que vuelve a situar a Valle de Odieta en el centro del debate político y ambiental en Navarra. La Sala de lo Contencioso‑Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha estimado parcialmente el recurso de la cooperativa y ha fijado en 3.751.753 euros la indemnización que el Gobierno foral deberá abonar en concepto de lucro cesante por haber denegado de forma indebida la modificación sustancial de la autorización ambiental integrada para ampliar la explotación.
Como ha adelantado Navarra Capital, la sentencia, fechada el 20 de febrero de 2026, corrige la resolución del Director General de Medio Ambiente, que había desestimado inicialmente la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por la empresa en diciembre de 2021. El tribunal deja sin efecto aquella desestimación y condena expresamente a la Administración foral a abonar a Valle de Odieta la suma fijada, debidamente actualizada, sin imposición de costas.
El origen del conflicto se remonta a la denegación de la autorización ambiental para ampliar la macrogranja de 3.450 a 7.200 vacas adultas de leche y modificar el funcionamiento de la planta de biometanización asociada, un proyecto que ha suscitado una fuerte contestación social por su impacto sobre el territorio y el modelo ganadero en Navarra. El TSJN recuerda que ya en una sentencia anterior declaró contraria a derecho la orden foral que bloqueó la ampliación, al considerar que la Administración se extralimitó en su margen de apreciación técnica en un ámbito —la autorización ambiental integrada— de carácter reglado y con informes favorables.
La cuantía de la indemnización ha sido el principal punto de fricción en este nuevo procedimiento. Mientras la pericial aportada por la empresa elevaba los daños, entre históricos y futuros, por la paralización del proyecto a más de 19 millones de euros, el Consejo de Navarra y la empresa pública INTIA rebajaron esa cifra y cifraron el lucro cesante indemnizable en 3,75 millones, importe que finalmente ha asumido el TSJN. El propio Gobierno de Navarra ya había reconocido parcialmente su responsabilidad patrimonial en una resolución de noviembre de 2025, que fijaba la compensación en la misma horquilla, pero la discusión sobre el cálculo exacto del daño ha acabado dirimiéndose en sede judicial.
El fallo llega en un momento especialmente delicado para la imagen pública de Valle de Odieta. En octubre de 2025, el Juzgado de lo Penal número 2 de Pamplona condenó a dos directivos de la cooperativa —dos miembros del consejo rector, entre ellos el presidente— por un delito contra el medio ambiente relacionado con un vertido de digestato ocurrido en febrero de 2021. Según la sentencia penal, los responsables utilizaron un sistema de riego por aspersión con digestato —el residuo resultante de la biometanización de los purines— en parcelas agrícolas próximas a la instalación, pese a no estar autorizado en la licencia ambiental y en un periodo del año en el que las lluvias hacían especialmente previsible el arrastre del residuo.
Ese episodio provocó un vertido que afectó a la ribera del río Aragón y a la balsa del Soto de la Cueva, en un entorno incluido en la Zona de Especial Conservación de los tramos bajos de los ríos Arga y Aragón, hábitat de especies protegidas. La condena impuso a ambos directivos un año de prisión, 14 meses de multa —a razón de 12 euros diarios— y 14 meses de inhabilitación especial para profesiones u oficios relacionados con la ganadería y la agricultura, además de la obligación de restaurar la balsa afectada y asumir las costas de las acusaciones populares.
La paradoja de que el Gobierno de Navarra deba indemnizar a la misma empresa con directivos que han sido parcialmente condenados por delito ambiental refuerza las críticas de las organizaciones ecologistas y de los colectivos vecinales que llevan años denunciando el modelo de ganadería industrial que representa la macrogranja de Caparroso.
Mientras la Administración estudia la posibilidad de presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo, el caso Valle de Odieta se consolida como uno de los símbolos del choque entre desarrollo económico, protección ambiental y responsabilidad institucional en la gestión del territorio.
En el horizonte queda, además, la ejecución de la condena penal por el vertido de 2021 y el seguimiento de las labores de restauración ambiental en el entorno del río Aragón, elementos que seguirán condicionando la relación entre la macrogranja, el Gobierno de Navarra y la ciudadanía.
