ONG piden al Senado que corrija la Ley de Pesca Sostenible, que no llega a la ambición ambiental mínima que exige la UE

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

Las organizaciones ambientales ClientEarth, Ecologistas en Acción, Greenpeace, WWF, SEO/BirdLife y OurFish instan al Senado a corregir las «incongruencias» del proyecto de ley de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera ya que aseguran que la propuesta legislativa no llega ni a la ambición ambiental mínima que exige la normativa de la Unión Europea.

Aunque celebran la aprobación en el Congreso de la nueva norma, que califican de «imprescindible» para actualizar la gestión pesquera española y adaptarla a la Política Pesquera Común –en vigor desde 2014–, sin embargo advierten de que el proyecto de ley incluye «incongruencias» y aspectos «contrarios» a la norma europea e instan a que el texto sea «más ambicioso» en términos de conservación.

Además, las ONG ven «muy preocupante» que la nueva Ley sea menos ambiciosa que la Política Pesquera Común europea y su normativa asociada y avisan de que la futura ley española podría ser cuestionada en la Comisión Europea por vulnerar la norma de los Veintisiete.

En concreto, consideran prioritario que el reparto de posibilidades de pesca, o «quién pesca qué» para garantizar la pesca justa y sostenible y avisan de que el texto actual no garantiza que se tengan en cuenta criterios ambientales. Por ello, alertan de que existe un «alto riesgo» de depender exclusivamente de criterios económicos, como son los derechos históricos, como hasta ahora que, según las ONG, han promovido prácticas insostenibles en algunas flotas así como la marginación de otras.

El portavoz de OurFish, Alex Bartolí, ha expuesto que las ONG ecologistas no quieren dejar de insistir en que el reparto de derechos de pesca bajo criterios ambientales y sociales es una obligación legal de la política pesquera común, en vigor desde 2014.

Por ello, ante el riesgo de que salga adelante una ley que siga aplicando de forma deficiente el artículo 17 de la propia Política Pesquera Común, solicitan al Senado que modifique el artículo 32, para establecer que cada pesquería tenga en cuenta como mínimo y de forma simultánea, criterios sociales, ambientales y económicos, para «asegurar que la pesca del futuro sea justa y sostenible para todas y todos».

Por otro lado, indican que el actual texto blinda los cambios de reparto de posibilidades de pesca a los repartos realizados antes de la aprobación de la Ley, lo que también vulneraría la normativa europea, ya que estos repartos se hicieron sin tener en cuenta criterios ambientales.

El portavoz de WWF, Raúl García, recuerda que el reparto según criterios ambientales, sociales y económicos es una obligación desde 2014 y, por tanto, todos los repartos realizados desde esa fecha tendrían que ser revisados y actualizados para ajustarse a la normativa europea.

Asimismo, consideran como aspecto negativo que el proyecto de ley no incluya la obligación de no pescar por encima del «rendimiento máximo sostenible» o, en el caso de no disponer de datos suficientes, asegurar que se aplica el principio de precaución, siendo este un objetivo prioritario de la Política Pesquera Común y que resulta fundamental para garantizar la salud de las poblaciones de interés pesquero a largo plazo.

Igualmente, denuncian que el proyecto de ley vulnera el reglamento de medidas técnicas porque considera que pueda no ser posible reducir o eliminar las capturas accidentales de mamíferos, aves, tortugas marinas, tiburones y rayas protegidos.

Sin embargo, para las ONG ecologistas «siempre» es posible reducir dicho impacto y observan que es una «obligación que no puede ser esquivada» por España a tenor del reglamento europeo.

En ese sentido, el portavoz de SEO/BirdLife, Juan Carlos Atienza, confía en que el Senado tratará de enmendar estos aspectos fundamentales para aprobar una ley a la altura de este tiempo. «Esta ley solo será eficaz si se aplica con decisión y usando todas las herramientas disponibles, como los planes de gestión para acercar la gestión al territorio, el reparto justo que incentive las mejores prácticas pesqueras y una gobernanza participativa en una apuesta decidida por la sostenibilidad como base fundamental para asegurar la pesca del futuro», ha valorado.

En todo caso, estas ONG celebran los pasos hacia la sostenibilidad de la pesca que da esta nueva ley y que reconoce los comités de gestión participativos a nivel local como mecanismos de participación en la gestión, aunque estos sean solo de carácter consultivo, para la creación y el seguimiento de los planes de gestión de las pesquerías o las Reservas Marinas de Interés Pesquero.

La portavoz de Ecologistas en Acción, Cecilia Castillo, ha agradecido al Congreso de los Diputados que aceptara varias de las propuestas de las ONG para mejorar el proyecto de Ley en términos de conservación, recogida de datos, la inclusión del enfoque ecosistémico y la participación.

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