Una familia lleva años peleando contra el ruido, el humo y la suciedad generada en una parada de la villavesa situada en la calle San Cristóbal de Pamplona, en el barrio de la Txantrea. Esto se ha conocido ya que el Defensor del Pueblo de Navarra ha emitido una resolución reciente que si prospera, podría ofrecerles un respiro. En un acto que refleja la complejidad de equilibrar el interés general con los derechos individuales, la institución ha sugerido a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (MCP) que reubique una parada de autobús ubicada actualmente frente al domicilio de la familia, en el número 9 de dicha calle, a fin de mitigar las molestias que llevan años padeciendo.
La familia, compuesta por padres y tres hijos de corta edad, vive a tan solo dos metros de la parada de autobús que sirve de punto neurálgico para tres líneas de transporte urbano que pasan por la villavesa. A lo largo del día, hasta 249 autobuses, también escolares del colegio Irabia, se detienen y arrancan bajo sus ventanas, generando un constante traqueteo de motores, emisiones de gases y ruido que no solo perturba su tranquilidad, sino que también amenaza su salud. Entre los residentes del hogar se encuentra una persona con un 49% de discapacidad debido a una enfermedad crónica y degenerativa, el síndrome de Ehlers-Danlos, así como uno de los hijos, que padece una afección respiratoria grave, lo que agrava aún más la situación.
La lucha de esta familia no es reciente. En mayo de 2024, después de que sus solicitudes anteriores fueran desestimadas o ignoradas, decidieron recurrir al Defensor del Pueblo de Navarra. Argumentaron que la cercanía de la parada de autobús estaba deteriorando gravemente su calidad de vida y la salud de sus miembros, especialmente por la exposición continua a contaminantes y la falta de descanso debido al ruido incesante. Sus peticiones anteriores a la MCP, que incluían una solicitud para reubicar la parada unos metros más arriba en una zona sin viviendas, habían sido rechazadas con una celeridad que, a juicio de los afectados, reflejaba una falta de análisis profundo y una indiferencia hacia su sufrimiento.
"Todas las semanas encontramos meadas en la puerta de casa, basura, pintadas y manchas en la fachada, gritos, golpes, timbrazos a que es una parada que también se usa como parada de bus escolar y además en ella se arremolinan para coger la villavesa los alumnos del Colegio Irabia, generando muchas situaciones de peligro al cruzar la vía, humo, sonido y reverbación de los motores en las ventanas entre otras-, la razón más importante por la que solicitamos la reubicación o supresión – ya que hay otra parada unos metros más arriba y a este lado de la calle tenemos una parada más que en el otro lado de la calzada-", afirma esta familia en su queja.
La MCP defendió la ubicación actual de la parada, argumentando que la calle San Cristóbal es una arteria principal que conecta varios barrios con el centro de Pamplona, y que la reubicación podría afectar la accesibilidad de los usuarios al transporte público. Además, la Mancomunidad se amparó en el interés general, sugiriendo que los problemas de incivismo mencionados por la familia, como la suciedad y las conductas ruidosas, son competencia del Ayuntamiento de Pamplona y no pueden justificarse como razones para mover la parada.
Sin embargo, el Defensor del Pueblo de Navarra ha subrayado en su resolución que, si bien la accesibilidad es crucial en el transporte público, no puede imponerse a costa de los derechos fundamentales de los ciudadanos, especialmente cuando están en juego la salud y el bienestar de personas vulnerables. Citando derechos constitucionales como el derecho a la salud, a la integridad física y moral, y a disfrutar de un ambiente adecuado, la institución ha instado a la MCP a reconsiderar su postura.
La resolución es clara en su objetivo: se sugiere a Mancomunidad que valore la posibilidad de cambiar la parada de lugar, procurando que la nueva ubicación no comprometa la accesibilidad para los usuarios, pero que, al mismo tiempo, alivie la presión sobre la familia afectada. Esta sugerencia es un paso importante hacia la reconciliación de los derechos individuales con las necesidades colectivas, y pone de manifiesto la importancia de un enfoque equilibrado en la gestión urbana.
Ahora, la pelota está en el tejado de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. La entidad tiene un plazo de dos meses para responder a la sugerencia del Defensor del Pueblo.. Mientras tanto, la familia de la calle San Cristóbal espera con esperanza que, finalmente, se les otorgue el derecho a vivir en su hogar en paz.
