Ha sido 10 de diciembre, día de los Derechos Humanos para conmemorar uno de los compromisos mundiales más revolucionarios: la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Días antes, el alcalde Asirón advertía del efecto llamada de Pamplona para los “sintecho'”, cuyo perfil ha cambiado. La mayoría son familias y jóvenes migrantes que desean estudiar y sobre todo trabajar en nuestro país, en un lugar tranquilo y de progreso. El problema no son las personas, sino las causas que empujan a familias y jóvenes a cruzar fronteras, la miseria y más de 55 guerras activas que afectan al 14% de la población mundial, hambrunas y catástrofes naturales o provocadas por el cambio climático. Y ante un panorama tan dramático y lleno de sufrimiento ¿nos embarga el miedo y los rechazamos? Acaban de cerrar un albergue de 94 camas que han abierto para 4 días, tienen también el albergue de las Damas con 48 camas preparadas que no usan, lo cual quiere decir que sitio hay y que ante una emergencia humanitaria con 100 chicos durmiendo en calle, sin duchar, sin comer, sin apoyo emocional, se mira para otro lado.
Del discurso inicial, “Mientras haya una sola persona durmiendo al aire libre, no tenemos nada que celebrar y nada de lo que sacar pecho”, en menos de dos meses, se pasó al discurso del efecto llamada, “Hay un goteo constante de personas que llegan a la ciudad en busca de una oportunidad. No se puede dar cobertura a todos, los recursos son finitos y hay que poner un límite”. Y en esas seguimos, pero no lo compartimos.
Tenemos la responsabilidad social de acoger al que llega y necesita ayuda, ya no solo porque lo recogen nuestras leyes también porque es una obligación del ser humano y la omisión de socorro es un delito. Que vamos a decir Navarra, Pamplona, con 200 migrantes para atender, cuando Canarias alberga 5600 jóvenes de África que nadie quiere, o cuando Canarias, Andalucía y Barcelona son las comunidades que sostienen más población migrante con unos sistemas de protección social bastante más débiles que el nuestro. Somos la comunidad con mayor calidad de vida según el INE, este es el verdadero efecto llamada, vienen a una sociedad que les pueda brindar progreso y un futuro mejor.
El discurso del “efecto llamada” es utilizado para justificar políticas de contención y expulsión, el llamado “efecto patada”. Cada vez más, está calando en la izquierda, al margen de que nos falte un buen diagnóstico, dimensionar de cuantas personas se trata, valorar políticas posibles a corto, medio y largo plazo, evaluar nuestra capacidad para brindar una ayuda y un acompañamiento correcto en su acogida, contar con opiniones también del mundo académico, identificar los elementos que favorecen su inclusión y los que la dificultan, discurso que lleva, consciente o inconscientemente, en mayor o en menor medida, a aplicar políticas de contención, desatención y expulsión.
Sin embargo estamos convencidas de lo necesario de prestar atención y cubrir las necesidades básicas de las personas sin hogar, porque no atenderles empeora su situación, se deterioran y cronifican, vivirán en los márgenes desvinculándose progresivamente de nuestra sociedad, serán carne de cañón de la cárcel y serán inviables los procesos de inclusión social y el objetivo de cohesión social en la sociedad navarra será una quimera.
La izquierda hemos de abordar el sufrimiento de estas personas desde la defensa incondicional de los derechos humanos y de la justicia social. No dudamos de las buenas intenciones del Ayuntamiento de Pamplona, pero las buenas intenciones no bastan, hace falta acertar y conseguir resultados. Y los resultados a la vista están: más de 100 personas viviendo y durmiendo en la calle en plena ola de frío, más de 250 personas que llevan más de 6 meses esperando ser empadronadas y atendidas por los servicios sociales.
El Ayuntamiento debería preguntarse qué está fallando y escuchar a las entidades sociales que trabajamos con estas personas. Para empezar, no se sabe cuántas son y quiénes son. ¿Por qué no existe un registro específico en el que puedan inscribirse y solicitar alojamiento, alimentación, vales de ducha y lavandería, formación, empadronamiento y atención por parte de los servicios sociales? Conocer la dimensión de esta realidad es fundamental para poner las medidas adecuadas.
En segundo lugar, hay una gran confusión sobre las competencias y responsabilidades del Gobierno de Navarra y del Ayuntamiento. Sin embargo están claramente delimitadas en la Cartera de servicios sociales: corresponden al Gobierno el alojamiento y la manutención y al Ayuntamiento la atención primaria por los servicios sociales. ¿Por qué el Ayuntamiento no exige al Gobierno que asuma su responsabilidad?
En tercer lugar, ¿Para qué ha servido paralizar durante 9 meses los empadronamientos que se venían realizando de oficio? Para que más de 250 personas lleven más de 6 meses esperando ser empadronadas y atendidas por los servicios, un atasco sin precedentes, y para alargar el sufrimiento de estas personas. ¿Para qué ha servido unificar criterios de empadronamiento con la Federación Navarra de Municipios y Concejos? Para retrasar el empadronamiento y la atención por los servicios sociales. Mucho me temo que para nada más, porque pedirán el empadronamiento en el Ayuntamiento que tenga más recursos para atenderles, es decir, Pamplona. ¿Para que está sirviendo la reducción de solicitudes de Renta Garantizada por exclusión social grave? Para que cada vez menos personas puedan salir de la situación de calle, para empujarles a mendigar, a robar o a trapichear y para terminar en la cárcel que no es una solución y es además más cara que la Renta Garantizada.
El Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona deben apostar decididamente por la acogida y la integración de estas personas y no por políticas de contención y de rechazo. Hace falta un plan integral. Es lo más justo, es lo más práctico e inteligente y es además lo más conveniente para la sociedad de acogida. Es lo más justo por razones obvias, es lo más práctico porque han venido para quedarse, es lo más inteligente porque lo contrario supone empujarles a la delincuencia y es lo más conveniente para la sociedad de acogida.
Tere González Imaz [ELKARRI LAGUNTZA- APOYO MUTUO]
