Los concejales de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona, Aitor Silgado y Javier Labairu, han cargado con dureza este jueves contra la gestión del sistema de bicicletas eléctricas en la ciudad, asegurando que en la actualidad “Pamplona no tiene servicio” pese a disponer de infraestructura y material.
En una rueda de prensa, ambos ediles han responsabilizado directamente al equipo de gobierno liderado por Joseba Asirón de la situación actual, que califican de “caótica” tanto en el plano operativo como jurídico.“Pamplona hoy no tiene servicio de alquiler de bicicletas eléctricas por las nefastas decisiones del equipo de gobierno de Asirón”, ha afirmado Aitor Silgado.
Según han explicado, el Ayuntamiento es actualmente propietario de 640 bicicletas y 62 bases —adquiridas tras la rescisión del contrato con la empresa concesionaria—, pero ese material podría acabar siendo inservible. “Acabarán en la basura”, han advertido.
Silgado ha detallado que la decisión de resolver el contrato en abril de 2025 fue, a su juicio, “una grave equivocación”, especialmente cuando, según los informes jurídicos, existían alternativas. A ello se suma el pago de más de 97.000 euros por la liquidación del contrato y otros abonos posteriores que elevan el coste total del sistema a cerca de 1,85 millones de euros entre 2024 y 2025.
Un bloqueo con consecuencias comarcales
Uno de los puntos más críticos señalados por UPN es el impacto de esta situación en la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, que —según han explicado— se niega a asumir la gestión del servicio mientras el Ayuntamiento no resuelva sus problemas jurídicos con la empresa concesionaria. “Pamplona tiene una mochila jurídica importante y la Mancomunidad no quiere asumir esos riesgos”, ha señalado Silgado, en referencia a las declaraciones recientes de responsables comarcales.
Desde UPN defienden que debe ser la Mancomunidad quien lidere un sistema unificado para toda la comarca, pero lamentan que Pamplona haya quedado fuera del proceso. “Va a gestionar la cesión de competencias de todos los ayuntamientos, a excepción de Pamplona”, han subrayado.
Informes técnicos ignorados
Por su parte, Labairu ha incidido en que existían informes técnicos municipales que advertían de los problemas del modelo adoptado. Entre ellos, ha citado la dependencia tecnológica del sistema y la escasa compatibilidad de los anclajes con otros operadores. Además, ha asegurado que los informes de intervención alertaban de irregularidades en decisiones clave, como el pago anticipado de 200.000 euros o la compra de material adicional por valor de hasta 700.000 euros. “Los presupuestos de Pamplona son para Pamplona”, ha recalcado.
También han cuestionado la prolongación del servicio de forma excepcional durante meses, cuando —según los informes— debía ser una medida “transitoria”.
Un futuro incierto y más costes
Los regionalistas han advertido de que la futura licitación del servicio podría suponer un coste de unos 2 millones de euros anuales durante una década, lo que elevaría el gasto a 20 millones.
En paralelo, han puesto en duda los argumentos del equipo de gobierno sobre el riesgo de perder subvenciones, asegurando que existen márgenes de negociación con el Ministerio para evitar su devolución.
En su intervención final, Silgado ha resumido el escenario con dureza: “Se ha perdido un servicio que utilizaban más de 70.000 usuarios y que generó más de un millón de viajes”. UPN concluye que la situación actual es consecuencia directa de decisiones políticas adoptadas “ignorando informes técnicos y de intervención”, y exige al Ayuntamiento que resuelva cuanto antes el bloqueo jurídico para recuperar el servicio en la ciudad.
