El portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha salido al paso de las conclusiones de la comisión de investigación parlamentaria sobre las adjudicaciones públicas del Ejecutivo foral —entre ellas el contrato de los túneles de Belate adjudicado a la UTE formada por Accióna, Construcciones Osés y la Servinabar que la UCO considera vinculada a Santos Cerdán— para defender que el trabajo desarrollado en dicha comisión ha dejado claro que no existe "el más mínimo atisbo de corrupción ni de comportamiento inadecuado e ilícito" por parte de ningún funcionario ni responsable público del Gobierno de Navarra.
Remírez ha reconocido que aún no conoce los textos definitivos de las conclusiones de los distintos grupos políticos, pero ha avanzado su valoración general con contundencia: "Los funcionarios que han pertenecido a las mesas de contratación han señalado que no han recibido ningún tipo de presión política a la hora de tomar sus decisiones". Para el portavoz, este hecho desmonta lo que ha calificado de "teoría irresponsable" sostenida por "algunos estamentos políticos y mediáticos" con un "mero interés partidista".
Corrupción no, pero procedimientos "mejorables"
El portavoz ha distinguido con cuidado entre el plano penal y el administrativo. En el primero, ha insistido en que no hay indicio alguno de delito. En el segundo, ha admitido que los procedimientos administrativos "son mejorables", aunque ha subrayado que eso es algo habitual en cualquier organización pública. "La gestión de la contratación pública está en constante revisión para alcanzar un grado máximo de transparencia, eficacia y eficiencia", ha señalado.
En esa línea, ha indicado que el Gobierno de Navarra está dispuesto a poner en marcha las recomendaciones de mejora que puedan surgir de la comisión, tal y como ya hizo en el caso concreto del contrato de los túneles de Belate.
Esta distinción cobra relevancia a la vista de que Contigo Zurekin se ha desmarcado parcialmente de las conclusiones compartidas con EH Bildu y PSN, apuntando a la posible existencia de lo que ha denominado "vicios procedimentales". Preguntado al respecto, Remírez ha considerado que esa postura es "coherente" con su propio planteamiento: una cosa es la ausencia de corrupción y otra que haya margen para mejorar los procedimientos.
Crítica a la "extensión generalizada de la sospecha"
El portavoz ha aprovechado su intervención para lanzar una crítica más amplia a lo que considera una tendencia en el debate público español: la generalización de la sospecha ante cualquier indicio, "ni siquiera corroborado ni sustentado en ningún tipo de prueba". En su opinión, esta dinámica responde a una lógica de "pura antipolítica" que daña las instituciones y que, en el caso de Navarra, ha quedado "claramente desmontada" tras el trabajo de la comisión.
