El recorrido judicial en torno a las presuntas comisiones irregulares en la compra de material sanitario durante la pandemia suma un nuevo episodio clave. El tribunal encargado de enjuiciar la causa ha dictado un auto por el que desestima de forma íntegra el recurso de súplica interpuesto por la representación procesal de Koldo García Izaguirre. El exasesor ministerial había solicitado su puesta en libertad inmediata tras la finalización de las sesiones del juicio oral, una pretensión que ya fue denegada el pasado 7 de mayo de 2026 y que ahora queda ratificada formalmente por la Sala.
La resolución, de la que es ponente el magistrado Andrés Martínez Arrieta, respalda los argumentos jurídicos que determinaron el ingreso en prisión del procesado. El tribunal expone que subsisten de forma clara las circunstancias que se valoraron en su momento para decretar la privación de libertad. En este sentido, la justicia recuerda que el riesgo de fuga continúa plenamente activo debido a la extrema gravedad de los hechos enjuiciados, la proximidad de la finalización del proceso y la inminencia de una sentencia definitiva sobre las conductas objeto de imputación penal.
Corrupción en la compra de material sanitario y los indicios de delito del exasesor
El dictamen judicial se alinea con la postura manifestada por el Ministerio Fiscal, que en su informe preceptivo solicitó el mantenimiento de la medida de prisión provisional comunicada y sin fianza que fue acordada originalmente por auto el 27 de noviembre de 2025. La fiscalía recalca que esta medida cautelar resulta imprescindible para conjurar el peligro de que el procesado intente sustraerse a la acción de la justicia. Este criterio se sustenta en la elevada gravedad de las penas solicitadas por las acusaciones y en la solidez de los indicios recabados a lo largo de la instrucción.
Asimismo, las autoridades judiciales hacen constar que el escenario procesal de Koldo García se ve agravado por la existencia de otras conductas presuntamente delictivas que se investigan de forma paralela en las Diligencias Previas número 65/2023 seguidas en la Audiencia Nacional. La defensa del recurrente había argumentado una supuesta discriminación respecto a la situación de otros coimputados en el procedimiento; sin embargo, el tribunal desmonta este motivo alegando que se constata un comportamiento procesal netamente diferenciado entre los encausados, lo que justifica de manera legal un tratamiento jurídico individualizado para cada uno de ellos.
