Desde 2022, la Intervención Delegada en Administración Local del Gobierno de Navarra lleva advirtiendo, informe tras informe, de un mismo problema que se va agravando con el tiempo: no se controla de forma sistemática que los fondos del Programa de Libre Determinación —transferencias de capital que el Gobierno foral reparte anualmente entre municipios y concejos de Navarra para que los destinen a inversiones— se estén gastando realmente en aquello para lo que fueron creados. Y el riesgo de que no sea así, acumulado desde 2022 hasta 2026, alcanza ya los 56,2 millones de euros.
La historia arranca en septiembre de 2022, cuando la Intervención Delegada emitió un reparo suspensivo al primer pago de Libre Determinación, de 15 millones de euros. La alerta era clara: el diseño del programa no garantizaba que los fondos, de carácter finalista según la ley, fueran a destinarse efectivamente a inversiones. El reparo fue resuelto a favor de la Dirección General de Administración Local y Despoblación, pero no sin que el Director General de Intervención General dejara escrita una advertencia que, a la vista de lo ocurrido después, resultó llamativa "Las disposiciones de la Ley Foral 8/2022 son insuficientes para asegurar el carácter finalista de las aportaciones... este carácter finalista debe concretarse en la vinculación de la financiación recibida con proyectos específicos e identificables."
Qué es el Programa de Libre Determinación
El Programa de Libre Determinación es uno de los tres pilares del Plan de Inversiones Locales de Navarra, regulado por la Ley Foral 8/2022. A diferencia de los programas de inversiones ordinarios, en los que los proyectos están previamente identificados, la Libre Determinación permite a cada municipio o concejo decidir en qué inversión local concreta gasta el dinero recibido, siempre que se destine a inversiones y no a gasto corriente. La cuantía que percibe cada entidad local depende de su población y de la dispersión geográfica de sus núcleos.
El mecanismo, en teoría, es sencillo: el Gobierno foral transfiere el dinero, la entidad local lo contabiliza como ingreso afectado en los módulos contables correspondientes, lo destina a una inversión identificable y rinde cuentas. El problema, según denuncia la Intervención Delegada, es que ninguno de esos pasos se está verificando de forma sistemática.
Cuatro años de advertencias ignoradas
El informe de junio de 2023, el primero que evalúa qué pasó con los 15 millones pagados en 2022, ya fue demoledor. A fecha de 13 de junio de ese año —casi dos meses después de la fecha límite legal para presentar las liquidaciones de presupuestos— solo el 51% de los municipios y el 30% de los concejos habían entregado sus cuentas. La muestra que realizó la Intervención sobre 33 entidades locales pequeñas fue aún más preocupante: el 82% incumplían la normativa contable porque no habían presentado el módulo de afectos que permite verificar el destino de los fondos.
Y entre los que sí habían presentado cuentas, cinco municipios —Juslapeña, Castillonuevo, Lizaso, Áriz y Gascue— presentaban indicios claros de haber derivado la transferencia de capital a gasto corriente, incumpliendo la ley. La Intervención pidió que se iniciaran actuaciones para exigir el reintegro. No consta que se hiciera.
El informe de julio de 2024, referido al pago del año 2024, confirmó que la situación no había mejorado: la tasa de presentación de cuentas había caído del 42% al 35%, y los mismos problemas de los años anteriores seguían sin resolverse. "Son válidas las mismas conclusiones", escribió la Intervención. El riesgo acumulado ascendía ya a 35 millones de euros —los 15 millones de 2022 más los 9,9 de 2023 y los 10,1 de 2024—.
El informe de junio de 2025 añadió otro dato alarmante: de una muestra de siete entidades locales analizada sobre las cuentas de 2025, seis —el 86%— no contabilizaban correctamente los ingresos de Libre Determinación en los módulos reglamentarios, con riesgo de desvío a gasto corriente. Entre ellas, cuatro presentaban riesgo medio o alto. Un año antes, con una muestra de ocho entidades, el porcentaje de incumplimiento había sido del 35%. La situación, lejos de mejorar, había empeorado drásticamente.
El último informe: el reparo de mayo de 2026
El informe más reciente, fechado el 29 de mayo de 2026 y relativo al pago de este año, es el más contundente. La Intervención Delegada constata que, cuatro años después del primer pago, el sistema de control sigue siendo deficiente. Solo el 32% de los municipios y el 19% de los concejos han presentado las liquidaciones de 2025, que deberían haberse entregado antes del 31 de marzo. La tasa de presentación no para de caer: del 51% de municipios en 2022, al 42% en 2023, al 32% en 2024.
El análisis de las cuentas de 2025 sobre una muestra de siete entidades arroja que seis de ellas no contabilizan correctamente la Libre Determinación, con riesgos que van desde el alto —Garinoain y Etxarri Aranatz— al medio —Sesma y Berrioplano— y al bajo —Valle de Elorz y Figarol—. Solo Dicastillo cumple correctamente, en esa muestra.
Ante este panorama, la Intervención lanza una advertencia que no deja margen a la interpretación: el riesgo de que no pueda constatarse que los fondos de Libre Determinación se han destinado a inversiones, acumulado desde 2022 hasta 2026, alcanza los 56,2 millones de euros. Y añade que el tiempo juega en contra: la posibilidad de exigir el reintegro de las cuantías de 2022 prescribe a los cuatro años, lo que significa que a finales de 2026 podría ser ya imposible reclamar la devolución de los 15 millones del primer pago a los municipios que no los destinaron a inversiones.
El problema de fondo: sin control sistemático, sin consecuencias
Lo que denuncia la Intervención no es solo un problema técnico de contabilidad. Es algo más profundo: la Dirección General de Administración Local y Despoblación, responsable de gestionar el programa, ha optado sistemáticamente por no establecer un control efectivo del destino de los fondos, pese a las advertencias de los técnicos.
Cuando en 2022 el reparo (que era suspensivo) obligó a buscar una solución, la Dirección General respondió que el control se haría "conforme vayan presentando las cuentas" y que existía una circular que recordaba a los municipios la obligación de usar los módulos contables. La Intervención señaló entonces que esa solución era ineficaz porque el cumplimiento de esa obligación era —y sigue siendo— minoritario. La respuesta del departamento ha sido, año tras año, enviar nuevas circulares y anunciar mejoras técnicas en la plataforma IDECAL, sin que ninguna de ellas haya producido un cambio real en los datos.
Desde marzo de 2025, el sistema IDECAL exige que las entidades locales presenten al menos uno de los dos ficheros contables de afectos al liquidar sus presupuestos. Es una mejora, reconoce la Intervención, pero insuficiente: el sistema comprueba si los ficheros han sido entregados, pero no verifica si las cifras de Libre Determinación están correctamente contabilizadas en ellos ni si se destinan a inversiones. Dicho de otra manera: se puede entregar un fichero vacío o incompleto y el sistema no lo detecta.
Lo que la Intervención ha pedido desde el principio, y nunca ha obtenido, es un control sistemático que verifique, para cada entidad local y para cada año, que el ingreso de Libre Determinación está correctamente registrado en los módulos, que la cuantía coincide con lo abonado, que se ha destinado a una inversión identificable o, si no, que figura como remanente de tesorería afecto pendiente de gastar. Y que ese control se haga de forma acumulada año a año, porque los fondos no gastados en un ejercicio deben quedar reservados en el remanente afecto hasta que se materialice la inversión.
La advertencia que nadie quiso escuchar
En el reparo suspensivo de 2022, la Intervención citó jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Navarra para sostener que la Libre Determinación tiene carácter subvencional y, por tanto, el Gobierno foral tiene la obligación de comprobar su destino y de exigir el reintegro si no se ha cumplido la finalidad. Esa argumentación fue rechazada en la resolución de la discrepancia, que dio la razón al departamento gestor.
Pero la advertencia quedó escrita, y la Intervención la ha recordado en cada informe posterior. La última vez, en mayo de 2026, con estas palabras: "En opinión de ID, las cuantías de la LD son susceptibles de reintegro porque los EELLs no han cumplido ni las normas de contabilización ni la rendición de cuentas."
Y añade el dato que hace aún más urgente la situación: a finales de 2026 prescribe la posibilidad de pedir el reintegro de las cuantías de 2022. Si antes de esa fecha no se han iniciado los procedimientos correspondientes, los municipios que pudieron haber destinado esos fondos a gasto corriente habrán quedado sin consecuencias.
