La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) ha emitido un comunicado alertando de los riesgos organizativos, económicos y sociales que supondría la integración de más de un millón de beneficiarios de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) en el sistema público de salud. La medida, actualmente en estudio por el Ministerio de Sanidad, generaría tensiones en el Sistema Nacional de Salud (SNS) y podría aumentar las inequidades entre territorios y usuarios.
Entre los principales problemas, la SEMG señala que esta transición "supondría una sobrecarga significativa para los centros de salud y hospitales, con un impacto directo en las listas de espera y en la calidad asistencial”. Además, destaca que “los recursos del SNS no están diseñados para absorber a este volumen de usuarios sin una reorganización previa que incluya personal, infraestructuras y presupuestos adicionales”.
En el ámbito administrativo, la SEMG subraya la incompatibilidad entre los sistemas de MUFACE y la Seguridad Social, con normativas y procesos distintos, lo que haría la integración “compleja y costosa”. También advierte de un posible aumento del déficit del sistema público debido al incremento de costes derivados de la atención a los funcionarios.
Por otro lado, el comunicado refleja las preocupaciones de los beneficiarios de MUFACE, que podrían percibir esta medida como una “pérdida de derechos adquiridos, especialmente en lo referente a la posibilidad de elegir entre sanidad pública y privada”.
Otro de los puntos críticos es el riesgo de “acentuar las desigualdades entre comunidades autónomas”, ya que la sanidad pública está gestionada de forma descentralizada. La SEMG advierte que estas diferencias en calidad asistencial podrían agravarse con la integración de MUFACE al sistema público.
En el plano sanitario, la SEMG destaca que el cambio podría alterar el papel de la Atención Primaria como pilar del SNS. “Propuestas como saltarse la Medicina de Familia para pasar directamente al control hospitalario supondrían un grave retroceso, privando a los pacientes del papel coordinador de la Atención Primaria, esencial en la gestión de enfermedades crónicas y en la reducción de morbimortalidad”, alerta el comunicado.
Finalmente, la SEMG insta a las autoridades a analizar las implicaciones de esta propuesta y subraya la necesidad de mantener un sistema de salud “accesible, equitativo y justo”, recordando que cualquier cambio estructural debe priorizar la calidad asistencial y evitar desigualdades.
