Una representación de Médicos del Mundo Navarra ha comparecido este miércoles en la Comisión de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Parlamento de Navarra para denunciar la exclusión de personas migrantes en situación administrativa irregular del procedimiento de valoración, reconocimiento y acreditación del grado de discapacidad.
Durante su intervención, la organización ha expuesto ante los grupos parlamentarios la existencia de una práctica administrativa que, según sostienen, impide acceder a este procedimiento a personas que residen de manera efectiva en la Comunidad Foral por no contar con autorización de residencia.
Una interpretación “restrictiva”
Médicos del Mundo ha señalado que desde 2020 acompaña a varias personas —entre ellas, al menos una menor de edad— a quienes se les ha denegado la tramitación de la valoración de discapacidad por su situación administrativa. La entidad asegura haber trasladado reiteradamente estos casos a la Administración foral y considera que las respuestas recibidas evidencian la falta de un criterio jurídico “sólido y uniforme”.
A su juicio, no existe un mandato normativo inequívoco que obligue a excluir a estas personas, ya que la valoración de la discapacidad no constituye una prestación de la Seguridad Social, sino una actuación propia del sistema de protección social, cuya competencia corresponde a las comunidades autónomas.
Además, subraya que las personas residentes en Navarra, con independencia de su situación administrativa, acceden al resto de prestaciones garantizadas del sistema navarro de protección social, siendo la valoración de discapacidad —según denuncian— la única excepción aplicada con carácter restrictivo. Por ello, entienden que se trata de una cuestión de “voluntad política”.
Impacto en familias arraigadas
Más allá del debate jurídico, la organización ha puesto el foco en las consecuencias prácticas de esta situación. Según ha explicado, se trata de familias que llevan años asentadas en Navarra, algunas pertenecientes ya a segundas generaciones, con proyectos de vida consolidados en la Comunidad Foral.
En varios de los casos acompañados, las personas afectadas presentan discapacidades graves o muy graves que limitan de forma significativa su autonomía y dificultan o incluso impiden el desempeño de actividades básicas como trabajar, desplazarse o realizar gestiones cotidianas sin apoyo.
La negativa a tramitar la valoración no solo bloquea el acceso a recursos y apoyos específicos vinculados al reconocimiento oficial del grado de discapacidad, sino que —según la entidad— incrementa la dependencia económica y social de las familias y profundiza situaciones de exclusión en colectivos ya de por sí vulnerables.
Petición a la Administración foral
Ante este escenario, Médicos del Mundo ha instado a la Administración foral a adoptar una interpretación “garantista” que permita el acceso al procedimiento de valoración, reconocimiento y acreditación del grado de discapacidad a todas las personas residentes en Navarra, con independencia de su situación administrativa.
La organización defiende que garantizar este derecho no es únicamente una cuestión jurídica, sino también de coherencia institucional con el marco normativo vigente y con los principios de igualdad, dignidad y universalidad que, a su entender, deben guiar la actuación pública.
