La presidenta de Unión del Pueblo Navarro, Cristina Ibarrola, ha anunciado este martes la elaboración de una nueva Ley foral de medidas urgentes en materia de vivienda y la puesta en marcha de un plan de choque para movilizar “con celeridad” más de 20.000 viviendas en Navarra, muchas de ellas —según ha denunciado— correspondientes a desarrollos urbanísticos “perdidos en los cajones del Gobierno”.
Ibarrola ha realizado este anuncio en la clausura del foro ‘Acción Vivienda: ideas y soluciones para Navarra’, celebrado en Pamplona, en el que también han participado el urbanista y exalcalde de Pamplona Enrique Maya y David Pablo Botín, director general de Vivienda Asequible y Flex Living en Aedas Homes.
La líder foralista ha defendido que “para dar un giro a las cosas e invertir la tendencia, no basta con criticar al Gobierno, sino que debemos implicarnos en actuar e impulsar medidas audaces y ajustadas al momento que vivimos”, y ha avanzado que su propuesta legislativa incluirá modificaciones en la normativa de ordenación del territorio para lograr suelo urbano libre de cargas, recuperar figuras como la vivienda de precio pactado, aligerar las cargas de urbanización y reducir plazos de tramitación.
Reformas normativas y fiscales
La futura ley foral planteada por UPN también contemplaría cambios en la normativa de habitabilidad para favorecer la división de viviendas o la conversión de locales en vivienda, la eliminación de trabas burocráticas y una reforma de la ley de cambio climático para “reducir exigencias de calificación energética inviables o inalcanzables”.
Asimismo, incluiría reformas fiscales para incentivar la construcción y el alquiler, así como la supresión de las zonas tensionadas, que, según Ibarrola, “han reducido un 44% el número de viviendas en alquiler”.
Desarrollos urbanísticos “paralizados”
En cuanto al plan de choque, la presidenta de UPN ha reclamado activar con urgencia los desarrollos vinculados al TAV, con una previsión de 12.000 viviendas; Sarriguren, con más de 3.000; Donapea, con más de 5.000; Elizpea, entre Barañáin y Pamplona, con más de 300; y Gardachales, en Tudela, con más de 3.000 viviendas previstas.
“Se trata simplemente de recuperar el impulso que demostraron en su día los gobiernos de UPN para llevar adelante estos planes y que hoy el Gobierno de Chivite y EH Bildu tiene paralizados”, ha afirmado.
Defensa de la propiedad privada
Ibarrola ha reivindicado el papel de las administraciones públicas como “máximas responsables de garantizar un adecuado acceso a vivienda a precio asequible”, pero ha subrayado que ese objetivo debe ir acompañado de “un clima de confianza y seguridad jurídica para propietarios y para la iniciativa privada que construya y promueva vivienda”.
En ese sentido, ha reiterado la defensa de la propiedad privada por parte de su formación y ha advertido de que votarán “en contra de toda iniciativa que pretenda que la vivienda de personas vulnerables se haga a costa de la propiedad privada de otras”.
La dirigente regionalista ha puesto el foco en las 25.000 familias que, según ha señalado, esperan una vivienda protegida en Navarra, 4.000 más que hace un año y 20.000 más que cuando UPN dejó el Gobierno foral, así como en la situación de los jóvenes navarros, que afrontan —ha dicho— “la peor tasa de emancipación juvenil de la historia” debido a la dificultad de acceso a la vivienda.
