Podemos reclama a Interior que elabore un protocolo sobre uso de cámaras de videovigilancia en la cárceles

Subraya que es necesario tener una circular específica sobre captación y conservación de imágenes en cárceles

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

Unidas Podemos ha demandado al Ministerio del Interior que elabore un protocolo específico del uso de cámaras de videovigilancia y conservación de las imágenes en todos los centros de instituciones penitenciarias.

Así lo plantea el portavoz en la Comisión del ramo del grupo confederal y dirigente de En Comú Podem, Ismael Cortés, a través de varias preguntas parlamentarias con el objetivo de conocer si el Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska va a desplegar una circular específica en este ámbito.

En la argumentación de sus iniciativas, el parlamentario evoca las recomendaciones de El Defensor del Pueblo que apostaba por aplicar un protocolo completo de gestión, tratamiento y uso del fichero de videovigilancia en unidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Según indica Cortés, dicha sugerencia fue aceptada por la Secretaría de Estado de Interior.

No obstante, destaca que el Comité europeo para la prevención de la tortura y tratos degradantes (CPT) ya recomendaba en 2020 que se garantizaran el almacenaje de todas las grabaciones en comisarías durante un mínimo de 30 días, con vistas a garantizar que cualquier denuncia de malos tratos contra agentes pudiera ser verificada.

Y en 2021 en un informe del Mecanismo de Prevención de la Tortura ya se apuntaba a las carencias en esta materia en los diferentes centros de privación de libertad, tanto en corta como media y larga estancia, con especial énfasis en los centros penitenciarios.

De esta forma, Cortes señala que estos organismos demandan un sistema que regule de forma integral el uso de dispositivos de videovigilancia en instituciones penitenciarias, tanto en materia de captación de imágenes y audios, así como su posterior conversación.

Así, el diputado del grupo confederal subraya que el año pasado la administración catalana ya aprobó una circular específica sobre videovigilancia, pero lamenta que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias «sigue sin hacerlo».

HAY NECESIDAD DE DESPLEGARLO

«Con estos antecedentes, se observa la necesidad de elaborar un protocolo concreto por parte del Ministerio del Interior, que abarque no solo la recomendación de El Defensor del Pueblo (…) sino también a todos los ámbitos de privación de libertad existentes», razona Cortés.

Por tanto, requiere al Ministerio que explicite si contempla desplegar un marco específico de regulación de los sistemas de videovigilancia, en consonancia con las recomendaciones de estos organismos.

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