PSOE y Podemos proponen crear una comisión en el CGPJ para reforzar la protección de los datos personales que maneja

Condicionan la nueva regulación a la renovación del órgano de gobierno de los jueces

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El PSOE y Unidas Podemos han propuesto reforzar la protección de los datos personales que maneja el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con una serie de enmiendas al proyecto de ley orgánica de eficiencia organizativa del servicio público de Justicia.

En sus enmiendas, a las que ha tenido acceso Europa Press, los dos partidos del Gobierno de coalición consideran pertinente establecer una «nueva regulación relativa a la organización interna» del CGPJ como autoridad que accede y gestiona datos personales con fines jurisdiccionales.

En este sentido, PSOE y Unidas Podemos proponen modificar el apartado dos del artículo 595 del mencionado proyecto de ley para que el órgano de gobierno de los jueces cuente ahora con una Comisión de Supervisión y Control de Protección de Datos.

Según han precisado las formaciones, el Pleno del CGPJ elegirá entre sus vocales a los integrantes de dicha comisión por un mandato de cinco años y designará, entre ellos, a su presidente. En total, este órgano estará integrado por tres vocales, «dos de ellos del turno judicial y uno de ellos del turno de juristas de reconocida competencia».

Asimismo, tanto PSOE como Unidas Podemos han planteado que la Dirección de Supervisión y Control de Protección de Datos sea el órgano técnico que asista a la comisión en sus funciones. La persona titular de esta Dirección será nombrada por el Pleno del CGPJ entre juristas de reconocida competencia con al menos 15 años de ejercicio profesional.

RENOVACIÓN DEL CGPJ

En el marco de las enmiendas, ambos grupos parlamentarios han subrayado que la nueva regulación que proponen relativa a la protección de datos en el órgano de gobierno de los jueces «no será de aplicación hasta la constitución del primer CGPJ que lo haga tras la entrada en vigor de esta ley».

Así las cosas, han condicionado la aplicación de estas propuestas a que se haya renovado el Poder Judicial, que permanece en funciones desde finales de 2018 ante la incapacidad de los partidos con mayor representación en las Cortes de llegar a un acuerdo para nombrar a los vocales. De hecho, el actual Consejo tiene vetado hacer nombramientos mientras siga sin ser renovado.

Los textos sugeridos por PSOE y Unidas Podemos tienen lugar después de que el Consejo de Ministros aprobara el proyecto de ley de eficiencia organizativa del servicio público de Justicia que junto al proyecto de ley de eficiencia procesal y la ley de eficiencia digital constituye la base legislativa del plan Justicia 2030, defendido por el Ministerio dirigido por Pilar Llop.

Según defendió la ministra públicamente y en reiteradas ocasiones, la nueva ley de eficiencia organizativa «transforma el modelo actual de la Justicia y contribuye a superar brechas de acceso a este servicio público, a la vez que refuerza la tutela judicial efectiva». El texto se sustenta en tres figuras fundamentales –los tribunales de instancia, la oficina judicial y las oficinas de justicia en los municipios– que impulsan la territorialidad, la digitalización y el acceso igualitario a la Justicia.

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