El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha iniciado una ofensiva contra la competencia desleal en el sector del empleo doméstico. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, anunció durante el acto "Trabajadoras en el hogar: derechos, prevención, salud y seguridad" el lanzamiento de una campaña específica dirigida a plataformas digitales y empresas multiservicios que cobran de forma ilegal por servicios de intermediación.

"No pueden cobrar por servicios de intermediación ilegales que han de ser gratuitos. Se acabó hacer negocio a vuestra cuenta", sentenció Díaz, recordando que la Ley de Empleo garantiza que estos procesos no tengan coste para el empleado. La medida busca frenar prácticas que vulneran la legalidad vigente y garantizar que las plataformas operen bajo el marco normativo actual.

Herramientas digitales para la prevención de riesgos laborales

Más allá de la vigilancia del mercado, el Gobierno ha habilitado un nuevo apartado web que centraliza recursos para la seguridad y salud de este colectivo. Entre las novedades destaca la formación online gratuita ofrecida a través de Fundae, que permite a las empleadas obtener una acreditación oficial en materia de prevención.

Este despliegue digital incluye el acceso a la herramienta prevencion10.es, de uso obligatorio, y una guía técnica específica para el servicio del hogar familiar. Estos instrumentos dan cumplimiento al Real Decreto 893/2024, una normativa que equipara los derechos de protección de seguridad laboral de este sector con los del resto de trabajadores por cuenta ajena.

Protocolo frente al acoso y la violencia en el hogar

Una de las piezas clave presentadas es el nuevo Protocolo de actuación frente a situaciones de violencia y acoso. Elaborado de forma conjunta por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Instituto de las Mujeres y la Inspección de Trabajo, el documento ofrece pautas claras para:

• Identificar conductas de violencia mediante ejemplos prácticos.

• Prevenir situaciones de riesgo en el entorno del hogar familiar.

• Actuar y denunciar ante casos de acoso en el ámbito laboral.

Radiografía de un sector altamente feminizado

La importancia de estas medidas radica en la composición de un sector donde el 96% son mujeres. Según los datos de afiliación del mes de abril, el Régimen Especial de Empleados del Hogar cuenta con 351.065 personas. El perfil mayoritario corresponde a mujeres de más de 40 años con un salario medio de 1.138,4 euros mensuales.

Díaz subrayó la necesidad de dar valor a un desempeño que históricamente ha permanecido oculto. "Se trataba de un trabajo que quedaba reducido a lo doméstico, a las tareas femeninas", señaló la ministra, destacando que los avances normativos recientes, como el derecho a la prestación por desempleo y la cobertura del FOGASA, son pasos fundamentales para la dignificación de este colectivo.

La Organización Nacional de Trasplantes (ONT) ha registrado un hito sin precedentes en la sanidad española durante los días 24 y 25 de marzo. En este breve periodo, la generosidad de 39 donantes —34 de ellos fallecidos y 5 en vida— permitió realizar un total de 75 trasplantes, consolidando el liderazgo de España en este ámbito a nivel global.

Coordinación nacional en un operativo de alta complejidad

El éxito de estas jornadas ha involucrado a 46 hospitales de diez comunidades autónomas: Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid y Murcia. La logística necesaria para el traslado de órganos y personal médico requirió la movilización de cinco aviones privados que operaron en los aeropuertos de Badajoz, Barcelona, Madrid, Murcia, Valencia y Zaragoza.

De las intervenciones realizadas, destaca la variedad clínica: se practicaron 49 trasplantes renales, 14 hepáticos, 8 pulmonares, 2 cardíacos y uno de páncreas-riñón. Entre los receptores se encontraban cuatro pacientes del Plan Nacional de Acceso al Trasplante de pacientes Hiperinmunizados (PATHI), un colectivo que presenta graves dificultades técnicas debido a sus características inmunológicas.

Un sistema de salud referente en solidaridad internacional

Este pico de actividad supera las métricas alcanzadas en abril de 2024 y refuerza el llamado "modelo español". Según los datos facilitados por los organismos técnicos, en el año 2025 España mantuvo una tasa de 51,9 donantes por millón de población, sumando más de 6.000 trasplantes anuales.

Desde la ONT han subrayado que este logro es el resultado directo del altruismo ciudadano. "Este número de procedimientos confirma la robustez del modelo español de donación", señalan los responsables técnicos, incidiendo en que, a pesar del éxito, la necesidad persiste con más de 5.000 personas en lista de espera.

El próximo 18 de mayo se celebra el Día Internacional de los Museos (DIM), una efeméride que en este 2026 se desarrolla bajo el lema ‘Museos uniendo un mundo dividido’. El objetivo de esta edición es reivindicar estos centros como espacios de diálogo, intercambio y acceso al conocimiento en un entorno social en transformación. Para ello, diversas instituciones científicas han diseñado una programación que incluye desde yincanas educativas hasta espectáculos de ilusionismo y astronomía.

Actividades destacadas en el MUNCYT

El Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (MUNCYT) ha organizado propuestas en sus sedes de Alcobendas y A Coruña. En la capital, los visitantes podrán realizar visitas guiadas para conocer piezas históricas como el televisor Baird o el astrolabio magrebí. Además, el 24 de mayo se presentará el espectáculo “El cazador de imágenes”, una función que utiliza linternas mágicas y teatro de sombras para recuperar la historia de las proyecciones visuales.

La sede gallega, por su parte, se centrará en el fenómeno astronómico del momento con el taller “Eclipses para mentes inquietas”. Esta actividad busca preparar a la ciudadanía para el Trío de Eclipses que cruzará la península entre 2026 y 2028. Según explica el divulgador especializado Fernando de Retes, se trata de una "propuesta práctica y creativa para aprender a observar de forma segura y fascinante" estas alineaciones celestes.

Propuestas culturales en los centros del CSIC

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) también participa activamente en la jornada. El Museo Geominero, que celebra su centenario este año, contará con la actuación de la coral Kantorei el 16 de mayo. Por otro lado, centros como el Museo Casa de la Ciencia de Sevilla y el Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN) en Madrid ofrecerán entrada gratuita el domingo 17 de mayo.

En el ámbito de la botánica, el Real Jardín Botánico (RJB-CSIC) ha programado talleres sobre biodiversidad y polinizadores, además de una visita guiada centrada en las plantas ibéricas. Estas actividades buscan reforzar la conexión entre la naturaleza y la sociedad, integrando la expresión artística con el rigor científico.

La Policía Nacional ha culminado un complejo operativo en la provincia de Cádiz que pone de manifiesto la creciente agresividad de las organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes. La intervención se saldó con la incautación de 1.600 kilos de hachís y el hallazgo de un arsenal de guerra compuesto por granadas de fragmentación y fusiles de asalto.

Intervención de un convoy nocturno en el río Guadalete

La investigación arrancó en la madrugada del pasado 28 de abril, cuando los agentes detectaron una embarcación sospechosa navegando por el río Guadalete. Aprovechando la oscuridad para eludir la vigilancia, la organización criminal comenzó el trasvase de 40 fardos de hachís desde el barco hacia dos vehículos todoterreno que habían sido previamente sustraídos.

El convoy, escoltado por un tercer vehículo de alta gama, se dirigió hacia una barriada de Jerez de la Frontera. Durante el trayecto, los delincuentes desplegaron una sofisticada red de contravigilancia con miembros apostados en puntos estratégicos para avisar sobre cualquier movimiento policial. La presión del dispositivo obligó a los agentes a actuar de forma inmediata cuando los sospechosos detectaron la presencia de las unidades policiales e intentaron huir.

Armas de asalto y explosivos de alta peligrosidad

Lo que más ha sorprendido a los investigadores es el nivel de equipamiento militar que protegía la mercancía. En el registro de los vehículos y de un trastero utilizado como "guardería", los agentes localizaron cuatro fusiles AK-47 y un fusil CETME, además de 14 cargadores y un depósito de munición de diversos calibres.

El hallazgo más crítico se produjo al localizar cuatro granadas de mano ocultas. Estos artefactos, diseñados para el combate, poseen un núcleo de 3.000 bolas de acero y un radio de acción de 54 metros. Según fuentes del operativo, estos explosivos son accionables en solo tres segundos y mantienen su eficacia incluso en condiciones ambientales extremas de agua o barro.

Seguridad extrema y medios para la delincuencia

Además de la droga y las armas, el balance del operativo incluye la recuperación de tres vehículos y diversos efectos para facilitar la actividad criminal, como rotativos policiales y un chaleco antibalas. La organización estaba preparada para defender el alijo ante posibles robos de otras bandas ("vuelcos") o para enfrentarse a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El material intervenido confirma que el narcotráfico en el sur de España continúa escalando en el uso de medios letales para asegurar sus operaciones logísticas.

El jurado popular de la Audiencia Provincial de Álava ha emitido un veredicto de culpabilidad contra el hombre acusado de matar a cuchilladas a su pareja, quien se encontraba embarazada de mellizos, el pasado 27 de mayo de 2023 en Vitoria. Tras las deliberaciones, los miembros del tribunal han determinado que el procesado es autor de un delito de asesinato con alevosía.

Además del cargo principal, el jurado ha considerado probado que el hombre es responsable de dos delitos de aborto y de un delito de abandono de menor. Este último cargo se debe a que el acusado dejó a la hija que tenían en común, de tan solo dos años de edad, sola en la habitación del apartahotel junto al cadáver de su madre tras cometer el crimen en la capital alavesa.

Agravantes y eximentes en el veredicto de la Audiencia Provincial

En la resolución del veredicto, se ha declarado probada la existencia de alevosía, al entender que la víctima no tuvo posibilidad de defensa, aunque se ha descartado el ensañamiento. El jurado también ha avalado la agravante de parentesco, si bien ha decidido desestimar la de género en este caso particular.

Por otro lado, el tribunal popular ha rechazado de forma unánime las tesis de la defensa. No se ha admitido la eximente completa de responsabilidad criminal por anomalía o alteración psíquica, ni la incompleta de trastorno mental transitorio. Del mismo modo, se ha descartado cualquier tipo de atenuante relacionada con el consumo de alcohol durante los hechos.

Próximos pasos en el proceso judicial por el crimen de Vitoria

Una vez realizada la lectura pública del veredicto, las partes personadas en el proceso han ratificado sus peticiones de pena. El juicio queda ahora visto para sentencia, que será redactada por la magistrada presidenta del Tribunal del Jurado basándose en las conclusiones alcanzadas por los ciudadanos que han compuesto el panel de juicio.

La resolución provisional de la convocatoria Torres Quevedo 2025 ha confirmado una inversión de 20 millones de euros destinada a la incorporación de 211 investigadores en el tejido productivo nacional. Esta iniciativa, gestionada por la Agencia Estatal de Investigación (AEI), busca fortalecer la competitividad de la industria española mediante la contratación de doctores para liderar proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental.

Impulso al talento investigador y mejora de las condiciones laborales

Una de las novedades más relevantes de esta edición es el incremento del 2% en el salario mínimo de los investigadores respecto al año anterior. Según ha manifestado la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, "el objetivo de esta convocatoria es ofrecer incentivos para que las empresas contraten a más investigadores e investigadoras".

Asimismo, Morant ha subrayado la importancia de que los profesionales "sean conscientes de las oportunidades para desarrollar su carrera en el sector privado". Los contratos financiados tendrán una duración de tres años, consolidando así puestos de trabajo de alta cualificación en centros tecnológicos, parques científicos y asociaciones empresariales.

Distribución geográfica y empresas beneficiarias

El impacto de estas ayudas se extiende por diversas comunidades autónomas, destacando Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana como las regiones con mayor número de concesiones.

Entre las entidades beneficiarias figuran desde startups de base científica hasta grandes corporaciones:

• Fuelium: firma que desarrolla baterías basadas en papel.

• Science for Change: empresa social que apuesta por la investigación colaborativa.

• BSH Electrodomésticos: referente industrial con fuerte presencia en Aragón.

• Cassini: especializada en los campos de la geopolítica y la cartografía.

La Seguridad Social ha alcanzado una cifra histórica al registrar un total de 3.248.247 afiliados extranjeros en el mes de abril. Este dato supone un incremento de 96.684 personas respecto al mes anterior y consolida una tendencia al crecimiento que suma ya 250.939 ocupados en el último año. El dinamismo de este colectivo es notablemente superior al de la media nacional, con una variación interanual del 8,4% frente al 2,4% de la afiliación global.

Desde la puesta en marcha de la reforma laboral, el peso de los trabajadores foráneos ha sido determinante para el crecimiento del empleo en España, aportando el 42,9% de las nuevas altas. Actualmente, estos cotizantes ya suponen el 14,7% del total de personas integradas en el sistema.

El impacto del talento internacional en el emprendimiento digital

Uno de los aspectos más significativos de los últimos datos es la diversificación de las actividades profesionales. Aunque sectores tradicionales mantienen una fuerte presencia, el emprendimiento en sectores de alta cualificación ha ganado un protagonismo inédito.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha destacado este cambio de tendencia en el tejido productivo. "Es muy destacable que cada vez ganen más peso entre los emprendedores que trabajan en el sector de telecomunicaciones y programación informática, donde ya representan el 32% de los ocupados", afirmó Saiz, señalando que prácticamente uno de cada tres autónomos en este ámbito es de origen extranjero.

Radiografía por nacionalidad y reducción de la temporalidad

En cuanto al origen de los trabajadores, Marruecos encabeza la lista con más de 404.000 cotizantes, seguido de Rumanía (346.719) y Colombia (275.695). Cabe destacar la evolución de la comunidad venezolana, que ha multiplicado por diez su presencia en el sistema en la última década. Por otro lado, el empleo femenino sigue ganando terreno, superando por primera vez los 1,4 millones de mujeres extranjeras afiliadas, lo que representa el 43,1% de este colectivo.

Respecto a la calidad del empleo, la tasa de temporalidad entre los trabajadores extranjeros se ha reducido hasta el 11,3%, situándose incluso por debajo de la tasa de los trabajadores nacionales (11,6%). En la actualidad, el 88,7% de los extranjeros cuenta con un contrato indefinido, un cambio estructural comparado con el periodo 2017-2021, cuando la estabilidad contractual apenas alcanzaba al 58,9% de estos empleados. En la hostelería, tres de cada diez afiliados son extranjeros, mientras que en el sector agrario y el empleo doméstico su representación escala hasta el 40,7% y el 43,5%, respectivamente. 

La Audiencia Provincial de Las Palmas ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por un hombre condenado por causar diversos daños materiales en la comunidad de propietarios donde residía de forma irregular. Con esta resolución, la justicia ratifica la sanción económica que obliga al procesado al pago de una multa de 2.310 euros. Además, el condenado deberá abonar una indemnización de 1.168,03 euros por los desperfectos iniciales, a los que se sumará una cuantía adicional que se determinará en la fase de ejecución de la sentencia.

Los hechos probados se remontan al periodo comprendido entre septiembre de 2022 y febrero de 2023. Según consta en el expediente, el individuo ocupó las zonas comunes anexas a los trasteros sin el consentimiento de los propietarios. Durante su estancia, el acusado golpeó de forma reiterada las cámaras de seguridad y el telefonillo del edificio. Asimismo, el tribunal considera acreditado que prendió fuego a las puertas de varios trasteros empleando una garrafa con líquido inflamable.

Pruebas periciales y presunción de inocencia

El recurso de la defensa alegaba una posible infracción del principio de presunción de inocencia, argumento que ha sido rechazado de plano por el tribunal. La sentencia subraya que existen informes periciales no impugnados y testimonios suficientes que constituyen una prueba de cargo lícita. Respecto a la valoración de los hechos, el tribunal señala que "el razonamiento del juzgador de instancia no fue arbitrario ni erróneo", validando así el criterio basado en pruebas objetivas.

Además de los daños materiales, la presidenta de la comunidad denunció haber sido objeto de amenazas de muerte en octubre de 2023. Aunque el procesado negó estas acusaciones y la autoría de la fractura de una cerradura de acceso, la Audiencia concluye que las explicaciones de la sentencia original son lógicas y se sustentan en pruebas practicadas con todas las garantías legales.

"La resolución subraya que no hubo error en la apreciación probatoria", indica el dictamen, al considerar que la valoración de la víctima y los peritos desvirtúan cualquier duda sobre la autoría. A pesar de la firmeza de este fallo provincial, la resolución no es firme y aún cabe la posibilidad de interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

La Audiencia Provincial de Cáceres ha dictado una sentencia de conformidad que condena a un año y nueve meses de prisión a un empresario portugués por un delito de estafa. Los hechos se remontan a julio de 2020, en plena crisis sanitaria, cuando el acusado ejerció como administrador de una sociedad para pactar el suministro de 90.000 pares de guantes de nitrilo con una entidad extremeña.

El tribunal considera probado que el condenado recibió un primer pago de 229.500 euros, correspondiente al 30% del total del contrato, que ascendía a 765.000 euros. Sin embargo, la justicia sostiene que el acusado "no poseía el género ni tenía posibilidad de disponer de él", actuando sin intención de cumplir con lo estipulado en el acuerdo comercial.

Consecuencias económicas y suspensión de la pena de prisión

Además de la pena de cárcel, el fallo impone una multa de 1.260 euros y la obligación de devolver íntegramente la cantidad defraudada. No obstante, la ejecución de la pena privativa de libertad ha quedado suspendida por un periodo de cinco años. Esta medida está condicionada a que el administrador no vuelva a delinquir y al abono de la responsabilidad civil mediante cinco pagos anuales de 45.900 euros, que deberán efectuarse cada diciembre hasta 2030.

Impacto en el suministro al Servicio Extremeño de Salud

El engaño no solo supuso un quebranto financiero directo, sino que bloqueó la capacidad operativa de la mercantil afectada. Según recoge la sentencia, la empresa de Cáceres no pudo cumplir con su contrato de abastecimiento al Servicio Extremeño de Salud (SES). Ante la falta de respuesta del proveedor, que cesó la comunicación en agosto de 2020 tras ofrecer "diversas excusas", la víctima tuvo que solicitar un préstamo personal para intentar paliar la situación. La resolución judicial ya es firme.

Tres hombres residentes en Madrid han sido detenidos como presuntos autores del robo con fuerza cometido en la madrugada del domingo 11 de mayo en una joyería de Pamplona. Los arrestaron horas después, a varios cientos de kilómetros del lugar, cuando circulaban por la autovía A1 en dirección a la capital con el botín todavía en el maletero.

Un control rutinario que destapó el robo

Todo comenzó con un dispositivo preventivo desplegado por equipos del Subsector de Tráfico y de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Segovia en el término municipal de Boceguillas. Al dar el alto al vehículo, los tres ocupantes ofrecieron respuestas contradictorias, lo que llevó a los agentes a derivarlos a un registro más exhaustivo. La consulta de antecedentes confirmó que los tres contaban con historial delictivo relacionado con delitos contra el patrimonio.

La inspección del habitáculo reveló ya varios elementos sospechosos: herramientas como llaves inglesas y destornilladores, junto a bragas tubulares negras, guantes de trabajo y gorras oscuras, indumentaria habitual en este tipo de actuaciones. El maletero despejó todas las dudas: numerosas piezas de joyería, una caja fuerte cerrada, dos patas de cabra, un inhibidor de frecuencia, un extractor y un rompe bombines, más de 400 euros en efectivo y diversos documentos.

La dueña de la joyería reconoció sus pertenencias

Las gestiones posteriores permitieron localizar a la propietaria de un establecimiento de joyería en Pamplona, quien confirmó haber sufrido un robo con fuerza durante la madrugada de ese mismo día y reconoció los objetos intervenidos como suyos. El valor total del material sustraído y los daños causados asciende a unos 15.000 euros según su testimonio.

Con la procedencia ilícita del material confirmada, los tres hombres fueron detenidos y trasladados a las dependencias del puesto de Boceguillas, donde se instruyeron las diligencias correspondientes. Los detenidos y los efectos aprehendidos han quedado a disposición de la autoridad judicial competente.

El Tribunal Supremo ha dado un paso decisivo en la causa penal contra el eurodiputado Luis Pérez Fernández, conocido como "Alvise": el magistrado instructor Manuel Marchena ha dictado este miércoles un auto en el que acuerda solicitar al Parlamento Europeo el suplicatorio para suspender su inmunidad y poder continuar la investigación por delitos de acoso y revelación de secretos.

Se trata del tercer suplicatorio que el Supremo eleva a la Eurocámara de los cinco procedimientos que Alvise tiene abiertos en la Sala de lo Penal. La solicitud se remitirá al presidente del Parlamento Europeo a través del presidente de la Sala Penal y de la presidenta del Tribunal Supremo.

Qué se le investiga

Los hechos investigados arrancan de unas declaraciones realizadas por el querellado en un podcast, en las que habría instado directamente a sus seguidores a perseguir y acosar a dos de sus compañeros de lista en SALF —la agrupación "Se acabó la fiesta"— por haber votado a favor del rearme europeo en la Eurocámara, en contra de la posición pública del grupo.

En ese audio, Alvise afirmó: «Perseguidles y pedirles explicaciones. Y si tenéis que gritarle en un bar que eres un criminal, que eres un corrupto y que has votado a favor del rearme, tenéis que hacerlo vosotros, porque no lo puedo hacer yo».

A ello se suma la imputación por revelación de secretos: la querella le atribuye haber filtrado los datos personales de contacto de los dos eurodiputados, lo que habría desencadenado una avalancha de mensajes con amenazas, insultos y difamaciones a través de redes sociales.

Por qué el Supremo considera que la inmunidad no le protege

El auto del magistrado Marchena es rotundo al respecto: Alvise no se limitó a expresar opiniones en un debate político —ámbito en el que la libertad de expresión tiene una protección reforzada—, sino que sus mensajes y la difusión de datos personales "desbordan los límites de cualquier controversia política y no tienen cabida en la garantía parlamentaria de inviolabilidad".

El auto subraya además que los dos denunciantes, también eurodiputados y excompañeros de lista, "se han visto obligados a variar sus rutinas", incluyendo aquellas concebidas para mantener el contacto con su electorado.

Tras tomar declaración a querellantes, querellado y un testigo propuesto por la defensa, el instructor considera procedente instar la suspensión de la inmunidad para hacer viable el ejercicio de la acción penal por los delitos de acoso —artículo 172 ter del Código Penal— y revelación de secretos —artículo 197—.

La temporada de cría del lince ibérico (Lynx pardinus) de 2026 ha finalizado con resultados históricos en los centros de El Acebuche (Huelva) y Zarza de Granadilla (Cáceres). Un total de 31 cachorros, distribuidos en doce camadas, consolidan la recuperación de esta especie emblemática, que ha logrado pasar de estar en peligro crítico a la categoría de vulnerable según la UICN.

Estos centros, adscritos al Programa de Conservación ex situ, desempeñan un papel determinante en la preservación de la diversidad genética. Desde su puesta en marcha en 2003, la estrategia ha permitido liberar ejemplares en regiones como Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Aragón y Portugal, facilitando la expansión del felino por sus antiguos territorios naturales.

Éxito reproductivo en El Acebuche y hitos genéticos

En las instalaciones de Huelva, se han registrado 16 nacimientos repartidos en seis camadas. El éxito biológico ha sido notable, con una tasa de gestación del 86%. Uno de los hitos más relevantes de este año ha sido la descendencia de Tintín, un macho fundador que hasta ahora no había logrado reproducirse.

"El nacimiento de esta camada representa un importante avance desde el punto de vista del manejo genético de la población cautiva", explican fuentes técnicas del centro, destacando que esta reproducción se produjo durante un segundo celo de la hembra Juromenha. Además, dos hembras primerizas han logrado sacar adelante a sus crías de forma natural, superando las dificultades habituales de los primeros intentos reproductivos.

Zarza de Granadilla registra la camada más numerosa

Por su parte, el centro cacereño de Zarza de Granadilla ha cerrado la campaña con 15 cachorros. En este enclave se ha localizado la camada más grande de toda la temporada del programa: la hembra Taza dio a luz a cuatro ejemplares el pasado mes de marzo.

Actualmente, los cachorros se encuentran en una de las fases más críticas de su desarrollo. Según los expertos, este periodo está "marcado por la competencia entre hermanos para establecer jerarquías dentro de la camada". El seguimiento veterinario es constante para asegurar que todos los individuos superen esta etapa de agresividad instintiva.

Un modelo de conservación de fauna amenazada

Los datos de 2026 no solo mantienen la tendencia positiva, sino que mejoran los indicadores de años previos. La combinación de la cría en cautividad y la mejora del hábitat ha permitido que el lince ibérico sea un referente mundial en la recuperación de fauna. Lo que comenzó con menos de cien ejemplares en libertad es hoy un proyecto sólido que busca la autosuficiencia de las poblaciones silvestres en toda la Península Ibérica.

La Fundación Atresmedia y UNICEF España han unido fuerzas para lanzar "Algoritmo seguro ya", una ambiciosa campaña de sensibilización que cuestiona la neutralidad de los sistemas tecnológicos actuales. La propuesta pone el foco en cómo los algoritmos de las redes sociales y plataformas digitales moldean lo que ven, piensan y consumen los usuarios más jóvenes, priorizando a menudo el beneficio económico sobre el bienestar emocional.

El impacto del diseño digital en la adolescencia

Bajo el lema "Exige un algoritmo seguro ya", la iniciativa denuncia que detrás de cada sugerencia de contenido hay decisiones humanas. Estas, según los organizadores, suelen estar diseñadas para maximizar el tiempo de uso y la interacción. Esta estructura puede derivar en consecuencias negativas para la autoestima y el desarrollo de los menores, al exponerlos a estándares físicos irreales o mensajes de éxito inmediato y engañoso.

La campaña se apoya en una pieza audiovisual que se emitirá en diversos canales y emisoras, donde se contrastan escenas cotidianas con la escritura del código de programación. El spot subraya un mensaje claro de responsabilidad: "Otra forma de diseñarlo es posible. El código que antes buscaba ‘maximizar el tiempo en plataforma’ puede pasar a priorizar criterios como la privacidad, la ética y la seguridad".

Radiografía del bienestar digital en España

La fundamentación de esta propuesta surge del informe "Infancia, adolescencia y bienestar digital", elaborado por UNICEF junto a Red.es y diversas instituciones académicas. Los resultados obtenidos reflejan una realidad preocupante en el entorno digital:

• Casi un 60% de los adolescentes españoles manifiesta su rechazo a que un algoritmo decida los contenidos por ellos.

• Un 20% de los jóvenes dedica más de cinco horas diarias a las plataformas durante los fines de semana.

• El 8,3% de los menores afirma haber sido víctima de situaciones de ciberacoso.

Hacia una regulación de las plataformas digitales

La Fundación Atresmedia y UNICEF España no solo buscan informar, sino movilizar a la sociedad para que exija mayor transparencia y responsabilidad a las grandes tecnológicas. La iniciativa apela directamente a los reguladores y responsables de la vigilancia normativa para que garanticen que el diseño de las herramientas digitales sea ético y seguro.

Con esta acción, ambas entidades consolidan su alianza en la defensa de los derechos digitales, tras haber impulsado anteriormente campañas como "Saca el móvil de la cena" para fomentar la desconexión familiar.

La Policía Nacional ha desarticulado una red de estafas a personas mayores tras la detención de un hombre vinculado a trece delitos cometidos en varias ciudades españolas. El arrestado utilizaba la técnica de la "urgencia hospitalaria", una variante agresiva de la estafa del hijo en apuros, para coaccionar a víctimas de entre 85 y más de 100 años.

El modus operandi de la urgencia vital

La investigación se inició a principios de año, cuando una mujer denunció haber recibido una llamada de un falso médico. El interlocutor le aseguraba que su hijo estaba en el quirófano tras un accidente grave y que necesitaba "clavos de oro" de alto coste para salvar la vida o evitar una amputación. Durante el engaño, los criminales reproducían audios de hombres llorando que suplicaban: "¡Mamá! Ayúdame".

Para evitar que las víctimas verificaran la información, el estafador solicitaba todos los números de contacto disponibles, manteniendo las líneas bloqueadas durante horas. Según fuentes policiales, algunas llamadas se prolongaban hasta cinco horas para aislar por completo a los ancianos.

Entrega de botines por la ventana

El método de recaudación consistía en instar a las víctimas a introducir joyas y dinero en bolsas de plástico para lanzarlas por la ventana, donde un cómplice las recogía. En los casos donde la arquitectura del edificio no lo permitía, los autores acudían al domicilio ocultando su rostro.

Las consecuencias para las víctimas han sido devastadoras. El informe policial detalla que muchos ancianos sufrieron ataques de ansiedad y cuadros cardíacos graves al descubrir el engaño. Según relatan los agentes, el detenido fue interceptado tras una huida en patinete eléctrico después de engañar a una mujer que ya se dirigía al hospital de Toledo convencida de la gravedad de su hija.

Registro domiciliario y consejos de seguridad

En el registro del domicilio del sospechoso, la policía intervino coches de alta gama, terminales móviles y documentación vinculada a delitos en Carabanchel, Usera, Torrejón de Ardoz, Alicante y Murcia. Ante el aumento de estos casos, las autoridades recomiendan desconfiar de números ocultos y establecer preguntas de seguridad personales con los familiares.

"Señora, que no tiene que hablar con nadie", insistía el falso médico a una de sus víctimas para evitar que contactara con el exterior mientras mantenía el engaño.

La investigación permanece abierta ante la posibilidad de que existan más afectados por esta red criminal que explotaba la vulnerabilidad emocional de la tercera edad.

La sección 3ª de la Audiencia de Barcelona ha dictado una sentencia absolutoria para un hombre que fue juzgado por un presunto delito de odio. El proceso judicial se originó a raíz de diversas manifestaciones vertidas por el acusado durante su participación en un programa radiofónico, donde emitió críticas y expresiones dirigidas contra una formación política específica.

Tras analizar el contenido de las declaraciones, los magistrados han concluido que los hechos no son constitutivos de infracción penal. Según el tribunal, las palabras del procesado, pese a su posible dureza, se enmarcan dentro del ejercicio legítimo de los derechos fundamentales.

Jurisprudencia y derechos fundamentales en el ámbito público

La resolución judicial hace hincapié en que el sistema democrático permite un margen amplio para la crítica política, incluso cuando esta se realiza en términos que puedan resultar polémicos. El fallo subraya la importancia de proteger la libre difusión de ideas en medios de comunicación como la radio.

"Independientemente de la opinión que pueda sostenerse sobre la corrección y la oportunidad de las palabras, del tono utilizado, e incluso de la intencionalidad de las frases denunciadas, lo cierto es que no puede sino entenderse que éstas quedan amparadas por el derecho a la libertad de expresión", señala textualmente la sentencia de la Audiencia de Barcelona.

De este modo, la justicia recalca que, a la vista de la abundante jurisprudencia existente, no concurren los elementos necesarios para considerar cometido el delito imputado. La resolución incide en que la protección de la libertad de expresión prevalece sobre la posible ofensa percibida por el partido político afectado, descartando que el discurso tuviera la entidad suficiente para incitar a la violencia o al odio en los términos que exige el Código Penal.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dictado una sentencia que modifica sustancialmente la condena impuesta a un vecino de El Puerto de Santa María (Cádiz). El tribunal ha reducido de veinte a once años y medio de cárcel la pena para el hombre acusado de dejar morir a su madre, una mujer en situación de dependencia severa, en el año 2022.

El fallo judicial estima parcialmente el recurso de la defensa al determinar que los hechos constituyen un delito de homicidio y no de asesinato. Según el TSJA, no es posible aplicar la alevosía por desvalimiento, ya que la vulnerabilidad de la víctima es la que precisamente otorga al hijo la condición de garante. El tribunal argumenta que "el hecho de que la víctima no pueda valerse por sí misma conlleva la atribución de la autoría por omisión, pero no puede añadir además el reproche de la alevosía".

La omisión del deber de cuidado y el dolo eventual

La Audiencia Provincial de Cádiz consideró probado que el acusado, único responsable del cuidado de su progenitora tras un ictus, desatendió sus necesidades más básicas. La víctima ingresó en el hospital con un cuadro de desnutrición absoluta y úlceras graves, lo que derivó en un fallo multiorgánico.

El TSJA ratifica la existencia de dolo eventual, rechazando la tesis de la imprudencia grave. La sentencia subraya que el estado terminal de la mujer era tan evidente que el acusado debía representarse que su muerte ocurriría sin asistencia médica. "Hubo una claudicación, y eso es diferente de una negligencia, puesto que conlleva cierto componente decisorio y voluntario", afirma la resolución.

Razones para la reducción de la pena de prisión

Al recalificar el delito de asesinato a homicidio, el margen de la pena se sitúa entre los diez y quince años. Para fijar la condena final, los magistrados han valorado tanto la gravedad de la omisión como el historial del acusado. "El acusado ha sido una persona dedicada largamente al cuidado cotidiano de los demás miembros de su familia: de su padre, de su hermano invidente y también de su madre durante muchos años, por más que al final claudicara", señala el tribunal.

Además, se ha tenido en cuenta que la claudicación no fue absoluta, ya que el hombre terminó llamando a los servicios de emergencia, aunque la intervención médica ya no fue eficaz para salvar la vida de la mujer. Contra esta resolución cabe aún recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

El reconocimiento llegó desde la máxima instancia sanitaria internacional. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, compareció este martes junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para valorar el operativo desplegado en Tenerife tras el brote de hantavirus detectado a bordo del crucero 'MV Hondius'.

Según explicó Sánchez, la elección de Canarias como punto de acogida no fue arbitraria: los expertos de la propia OMS determinaron que Tenerife era el primer puerto en condiciones de recibir el buque en su ruta. A partir de ahí, España articuló un dispositivo de coordinación que implicó a la Comisión Europea, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, las autoridades canarias y los 23 países con ciudadanos a bordo.

El resultado: 120 personas de distintas nacionalidades repatriadas a través de 10 vuelos especiales sin ningún incidente.

"Este mundo no necesita más egoísmo ni más miedo"

Sánchez defendió la decisión en términos tanto legales como morales. Más allá de las obligaciones derivadas del Reglamento Sanitario Internacional, el presidente apeló a la responsabilidad de los países ante las crisis sanitarias globales y subrayó que la respuesta de España se fundamentó en tres principios: liderazgo del asesoramiento científico, coordinación entre administraciones y transparencia con la ciudadanía.

"Necesitamos más ciencia y más conciencia, y ese es el ejemplo que España ha dado al mundo", afirmó Sánchez, quien también pidió no bajar la guardia y anunció que continuará el seguimiento de la salud de las personas afectadas.

La OMS destaca "compasión y solidaridad"

Tedros Adhanom fue explícito en su valoración. Según el director general de la OMS, España no solo cumplió con sus obligaciones normativas, sino que demostró "compasión y solidaridad" que van más allá del marco regulatorio. El responsable del organismo subrayó que esa respuesta positiva fue clave para articular toda la coordinación internacional del operativo.

El presidente aprovechó también la ocasión para defender el papel de organismos multilaterales como la OMS, a los que reclamó dotación suficiente de recursos para hacer frente a futuras crisis sanitarias globales.

El Supremo declara fija a una trabajadora del Ayuntamiento de Madrid que aprobó la oposición sin obtener plazaUna trabajadora del Ayuntamiento de Madrid que en 2005 aprobó las pruebas de una oposición para operaria de instalaciones deportivas municipales —obteniendo 21,56 puntos sobre un mínimo de 20— pero no consiguió plaza por haber otros aspirantes mejor puntuados, ha sido declarada empleada laboral fija por el Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. La sentencia, dictada este lunes 11 de mayo, pone fin a un litigio iniciado en 2022 en el que la trabajadora acumuló seis contratos temporales con el Ayuntamiento a lo largo de trece años.

La clave: haber superado la oposición aunque no se obtuviera plaza

El Tribunal Supremo establece que quien haya superado una prueba selectiva para acceso a personal fijo —cumpliendo los principios de igualdad, mérito y capacidad— y después haya sufrido un encadenamiento abusivo de contratos temporales tiene derecho a que se le declare la fijeza de su relación laboral. Esta conclusión se apoya en la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de abril de 2026 (asunto Obadal), que dejó claro que la figura del trabajador "indefinido no fijo" —la solución habitual hasta ahora— no es una respuesta adecuada al abuso de temporalidad porque mantiene al trabajador en situación de precariedad.

El Alto Tribunal distingue expresamente entre quien aprobó una convocatoria para plazas fijas —caso en que sí cabe la fijeza— y quien superó una selección para empleo temporal, supuesto en el que no procede esa conversión.

Indemnizaciones para quienes no puedan acceder a la fijeza

Para los casos en que la conversión en fijo sería contraria a derecho —por no haberse respetado los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso—, la Sala fija un nuevo sistema indemnizatorio en dos tramos compatibles entre sí: una indemnización extintiva equivalente a 20 días de salario por año trabajado, con un máximo de doce mensualidades, y una indemnización compensatoria adicional por el abuso en sí, calculada orientativamente con arreglo a las sanciones previstas en la LISOS —entre 1.000 y 10.000 euros— aunque el trabajador puede acreditar un perjuicio mayor. La Sala subraya que esta segunda indemnización es independiente del despido y pretende reparar el daño moral y profesional derivado de años de precariedad laboral.

La sentencia también ordena remitir testimonio a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para que inicie el correspondiente expediente sancionador contra el Ayuntamiento de Madrid.

Un voto particular discrepante en los fundamentos

La resolución incluye un voto particular concurrente del magistrado Rafael Antonio López Parada, que comparte el fallo —el reconocimiento de la fijeza a la demandante— pero discrepa de parte de los criterios empleados por la mayoría. López Parada considera que el umbral de "temporalidad anormalmente larga" debería fijarse en siete años y no en tres, y sostiene que el reconocimiento de la fijeza debería ser la respuesta general al abuso de temporalidad en vez de optar por la vía indemnizatoria, advirtiendo del riesgo de una litigiosidad masiva que podría colapsar los juzgados de lo social.

El Tribunal Supremo no resolverá este miércoles sobre las medidas cautelares solicitadas contra el proceso de regularización extraordinaria de migrantes aprobado por el Gobierno. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha pospuesto la vista al viernes 22 de mayo por necesidades del servicio, según consta en las providencias notificadas este martes a las partes.

A partir de las 11 horas de ese día se celebrarán de forma sucesiva las cinco vistas en las que tanto los solicitantes de las cautelares como la Administración del Estado defenderán sus posturas ante los magistrados.

Cinco partes piden la suspensión

Los recurrentes que solicitan la paralización cautelar del proceso mientras se resuelven sus recursos son la Comunidad de Madrid, el partido VOX y tres asociaciones: HazteOir.org, Libertad y Justicia, y la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica. Todos ellos impugnan el Real Decreto 316/2025, de 14 de abril, que regula el proceso extraordinario de regularización aprobado por el Ejecutivo central.

La vista del 22 de mayo no resolverá el fondo del asunto, sino únicamente si procede suspender cautelarmente la aplicación del decreto mientras los recursos siguen su tramitación ordinaria.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha confirmado la sentencia de tres años de prisión impuesta al administrador único de la sociedad Pit Box Motos S.L. El tribunal ratifica así el fallo previo de la Audiencia Provincial por un delito continuado de estafa agravada, tras quedar probado que el acusado engañó a decenas de compradores en toda España mediante la venta fraudulenta de vehículos.

Un sistema basado en el engaño y ofertas atractivas

El modo de operar del condenado consistía en atraer a potenciales compradores con precios inferiores al mercado, descuentos y promociones especiales. Para formalizar los pedidos, el administrador exigía el pago anticipado de grandes sumas de dinero, que en ocasiones alcanzaban el importe íntegro del vehículo. La empresa operaba a través de tiendas físicas en Madrid y Fuenlabrada, además de portales digitales de segunda mano como Wallapop, Milanuncios o Motos.net.

Pese a que los clientes realizaban las transferencias convencidos de que su moto sería encargada al fabricante, la realidad era distinta. Los magistrados sostienen que existió un "engaño deliberado", ya que las motocicletas nunca llegaron a solicitarse a marcas como Honda, Yamaha o Kawasaki.

El patrón de las excusas y el vaciamiento económico

Una vez vencido el plazo de entrega, el acusado utilizaba excusas logísticas o problemas de salud para justificar los retrasos. Con el tiempo, cesaba toda comunicación y los afectados se encontraban con los locales cerrados. Según la resolución, el informe del administrador concursal reveló una deuda de más de 700.000 euros por reservas cobradas de vehículos que jamás se entregaron.

El tribunal destaca la falta de pruebas por parte de la defensa: "El acusado nunca aportó documentación que acreditara pedidos reales de motocicletas a fabricantes o distribuidores, ni justificó movimientos bancarios coherentes con la adquisición de los vehículos que supuestamente vendía".

Indemnizaciones y recursos legales

La sentencia enumera un total de 59 operaciones fraudulentas, afectando a usuarios que adelantaron entre 1.100 y 9.000 euros. Además de la venta de motocicletas nuevas, el TSJM da por probadas irregularidades en contratos de depósito y venta de vehículos usados, donde el administrador vendía las motos de terceros sin entregarles el beneficio obtenido.

Tras la desestimación del recurso de apelación, el condenado mantiene la obligación de indemnizar a los perjudicados con cantidades que superan los cientos de miles de euros. No obstante, contra esta resolución aún cabe interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.