La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa ha lanzado este miércoles una advertencia formal sobre la situación que atraviesa el tejido empresarial en España. CEPYME señala directamente al Gobierno como responsable de un deterioro del diálogo social que, a su juicio, pone en riesgo la supervivencia de un segmento que representa el 99% de las empresas del país.

Excluidas de las decisiones que más les afectan

La patronal denuncia que el Ministerio de Trabajo ha venido adoptando decisiones de calado —en materia laboral, salarial y regulatoria— sin contar con las organizaciones empresariales representativas de las pymes. CEPYME rechaza que su posición sea obstaculizadora y la defiende como el ejercicio legítimo del derecho reconocido en el artículo 7 de la Constitución: la defensa de los intereses económicos y sociales de sus asociados.

Un cúmulo de presiones que ahoga a las más pequeñas

El comunicado detalla los principales frentes que amenazan la viabilidad de las pequeñas y medianas empresas: el exceso de burocracia y sobrerregulación, que consume tiempo y recursos especialmente en microempresas sin estructura administrativa; el aumento de costes laborales derivado de los sucesivos incrementos del salario mínimo y de nuevas obligaciones; la presión fiscal; las dificultades para digitalizarse; y la incertidumbre normativa, que dificulta la planificación y la inversión.

El aviso: más cierres y más despoblación

CEPYME no ha escatimado en contundencia al describir las consecuencias de mantener el rumbo actual. Si no se corrige la situación, advierte la patronal, el resultado será más cierre de comercios, más despoblación y menor cohesión territorial, con el consiguiente impacto sobre el empleo y las familias que dependen de estas empresas.

La confederación reclama al Ejecutivo un diálogo social efectivo y transparente, medidas fiscales diferenciadas y proporcionales, y acompañamiento real en los procesos de digitalización.

La formación de recurso preventivo se posiciona como una herramienta necesaria en el ámbito laboral para garantizar condiciones seguras y cumplir con la normativa vigente. Este perfil, regulado en muchos países dentro de los marcos de prevención de riesgos laborales, tiene como función principal vigilar el cumplimiento de las medidas de seguridad durante la ejecución de tareas que impliquen riesgos específicos.

El agente de riesgos es una figura designada por la empresa para supervisar determinadas actividades cuando existe una mayor probabilidad de accidentes. Su presencia es obligatoria en situaciones como trabajos en altura, espacios confinados, manipulación de maquinaria peligrosa o tareas con riesgo eléctrico. La normativa establece que debe contar con una formación específica que le permita identificar riesgos, intervenir de forma adecuada y actuar ante posibles incidentes.

Según datos recientes de organismos vinculados a la prevención de riesgos laborales en Europa, más del 20% de los accidentes de trabajo están relacionados con fallas en la aplicación de medidas preventivas o en la supervisión de las tareas. Esta cifra evidencia la necesidad de contar con personal capacitado que pueda actuar de forma directa en el lugar de trabajo, reduciendo riesgos y evitando consecuencias mayores tanto para los trabajadores como para las empresas.

La formación en este campo está dirigida a trabajadores que asumirán funciones de supervisión preventiva dentro de sus organizaciones. También resulta relevante para responsables de obra, encargados de equipos y profesionales vinculados a sectores como la construcción, la industria y los servicios técnicos. El objetivo es que estos perfiles incorporen conocimientos aplicables a situaciones reales, con criterios claros de actuación.

Durante el proceso formativo, los alumnos adquieren competencias relacionadas con la identificación de riesgos, la interpretación de normativas y la implementación de medidas de control. También se abordan aspectos vinculados a la coordinación de actividades, la comunicación dentro del equipo y la actuación ante emergencias. Al respecto, desde la empresa CFP IN, señalan: “Estos contenidos buscan preparar al participante para intervenir de manera efectiva en entornos laborales exigentes”.

Otro punto relevante es la capacidad de observación y toma de decisiones. No solo detecta posibles fallas, sino que también debe evaluar el contexto y actuar en el momento oportuno. Esto implica un conocimiento práctico de los procedimientos y una comprensión clara de los límites de su función dentro de la organización.

La implementación de esta figura dentro de las empresas tiene un impacto directo en la reducción de accidentes y en la mejora de las condiciones de trabajo. Además, permite a las organizaciones cumplir con las exigencias legales y evitar sanciones que pueden derivarse de incumplimientos en materia de seguridad. En muchos casos, la ausencia de un referente en situaciones obligatorias puede derivar en responsabilidades legales para la empresa.

Desde el punto de vista operativo, contar con personal formado contribuye a ordenar los procesos y reducir interrupciones derivadas de incidentes. La prevención se integra así como parte de la dinámica diaria, con un enfoque que prioriza la continuidad de las tareas sin comprometer la seguridad.

La formación de recurso preventivo no solo responde a una exigencia normativa, sino que también representa una decisión estratégica para las empresas. Invertir en capacitación permite anticiparse a problemas, mejorar la gestión interna y generar entornos de trabajo más seguros. Este enfoque favorece una cultura organizacional donde la prevención forma parte de las prácticas habituales y se sostiene en el tiempo con resultados concretos.

El mercado laboral español ha experimentado un notable retroceso durante los tres primeros meses del ejercicio. Según la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada por el INE, España perdió 170.300 empleos entre enero y marzo, lo que sitúa el número total de ocupados en 22.293.000 personas. Este descenso de la ocupación representa la caída más pronunciada en un primer trimestre desde el año 2020, coincidiendo con el impacto de la crisis sanitaria.

Paralelamente, el número de parados se incrementó en 231.500 personas, elevando el total de desempleados a 2.708.600. Este repunte del desempleo supone el peor registro para un inicio de año desde 2013. Con estos datos, la tasa de paro escala un 0,9% hasta situarse en el 10,83%, superando nuevamente la barrera psicológica del 10%.

Récord de población activa y brecha generacional

A pesar de la destrucción de empleo, el país ha alcanzado un hito histórico en su demografía laboral: la población activa ha escalado hasta los 25 millones de personas, tras aumentar en 61.200 ciudadanos durante el trimestre. Sin embargo, la tasa de actividad se redujo ligeramente al 58,86%.

En el análisis por edades, el desempleo juvenil continúa siendo una asignatura pendiente. Los menores de 25 años registran una tasa del 24,54%, una cifra que duplica la media nacional. En contraste, la franja comprendida entre los 25 y 54 años muestra una mayor resiliencia con una tasa de paro del 9,72%.

Comportamiento del empleo por sectores y comunidades autónomas

La estacionalidad posterior a la campaña navideña ha pasado factura especialmente al sector servicios, que lideró la destrucción de puestos de trabajo con 162.100 bajas. La industria y la agricultura también restaron ocupados, mientras que la construcción fue el único sector que logró crear empleo, sumando 11.700 trabajadores.

Territorialmente, los datos muestran una disparidad acusada:

• Cataluña: Registró el peor comportamiento con un descenso de 46.300 empleos y un aumento del paro en 84.400 personas.

• Canarias: Se posicionó en el lado opuesto, liderando la creación de empleo con 17.000 nuevos ocupados.

• Cantabria y Andalucía: Representan los extremos de la tabla; mientras Cantabria ostenta la tasa de paro más baja (7,49%), Andalucía registra la más alta (14,66%).

Reacción del Ministerio de Economía

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha suavizado el impacto de las cifras señalando que el mercado laboral español mantiene su solidez estructural pese al "bache trimestral". Cuerpo ha subrayado que, en términos desestacionalizados, el empleo creció un 0,4%, lo que demuestra la capacidad del sistema para generar empleo de calidad incluso en contextos de incertidumbre internacional.

El sistema de la Seguridad Social ha cerrado el mes de abril de 2026 con un gasto en pensiones contributivas de 14.336,2 millones de euros. Esta cifra responde al abono de 10,47 millones de prestaciones para cerca de 9,5 millones de beneficiarios. La pensión media del sistema, que engloba jubilación, viudedad, incapacidad permanente, orfandad y favor de familiares, se ha situado en 1.368,4 euros, lo que representa un incremento interanual del 4,5%.

La partida de jubilación sigue siendo la más cuantiosa, absorbiendo el 73,2% de la nómina total (10.499,2 millones de euros). Para los 6,6 millones de personas que perciben esta prestación, la cuantía media ha ascendido a 1.569,7 euros. No obstante, existen diferencias significativas según el régimen: mientras que en el Régimen General la media es de 1.729,6 euros, en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) la cifra desciende hasta los 1.058,5 euros mensuales.

Cambios en la edad de jubilación e incentivos por demora

Los datos reflejan un cambio en el comportamiento de los ciudadanos respecto al retiro laboral. Durante el primer trimestre de 2026, casi el 13% de las nuevas altas han sido jubilaciones demoradas voluntarias, una tendencia al alza incentivada por el marco legal vigente desde 2022. Como consecuencia directa, la edad media de acceso a la pensión se ha elevado hasta los 65,2 años, frente a los 64,4 años registrados en 2019.

Por otro lado, la gestión administrativa ha reducido los tiempos de espera. La resolución de expedientes de jubilación se sitúa ahora en una media de 11,7 días, muy por debajo del límite legal de 90 días. Asimismo, el complemento para la reducción de la brecha de género alcanza ya a 1,46 millones de pensiones en abril, con un importe medio de 76,92 euros, siendo el 75% de sus titulares mujeres.

Evolución de la viudedad y las clases pasivas

La pensión de viudedad ha alcanzado este mes los 973,9 euros de media, destinándose a esta clase de prestación un total de 2.281,9 millones de euros. Respecto al Régimen de Clases Pasivas, que integra principalmente a personal militar y funcionarios de la Administración General del Estado, la nómina de marzo ascendió a 1.776,9 millones de euros, con un crecimiento anual del 6,5%. En total, este sistema cuenta con 738.790 pensiones en vigor para 718.840 beneficiarios.

La brecha entre quienes acumulan patrimonio y quienes carecen de él se ha ensanchado drásticamente en España. Los datos del Panel de Hogares de la Agencia Tributaria confirman que los grandes tenedores han multiplicado por cuatro sus activos. Este grupo, que posee más de diez inmuebles, ha pasado de gestionar 138.000 propiedades a alcanzar las 626.000, liderando el proceso de concentración inmobiliaria en el país.

Polarización del mercado residencial

La estructura social del acceso a la vivienda se ha polarizado en dos extremos opuestos. Por un lado, los hogares sin ninguna propiedad han aumentado un 63% desde el año 2008. Por el otro, aquellos que acumulan dos o más inmuebles han crecido un 54%. En medio de esta brecha, el perfil del propietario de una sola vivienda, que durante décadas fue el pilar de la clase media española, pierde peso de forma constante.

Esta dualización de los hogares refleja que el aumento de la construcción no ha facilitado la entrada de nuevos propietarios al sistema. Al contrario, el incremento del parque inmobiliario ha servido para reforzar la posición de quienes ya contaban con activos previos, intensificando la desigualdad de riqueza.

Concentración en manos de grandes propietarios

El informe destaca que la intensidad de la acumulación crece de forma proporcional al número de bienes poseídos. Los propietarios que tienen entre seis y diez viviendas incrementaron su presencia en un 51,6%, mientras que los poseedores de cinco bienes crecieron un 43,1%.

Esta tendencia apunta a que la vivienda está perdiendo su función tradicional como mecanismo de seguridad e integración social. La acumulación de inmuebles en manos de grandes actores y multipropietarios genera una barrera de entrada para millones de familias, convirtiendo el mercado inmobiliario en una fuente de desigualdad persistente que divide a la sociedad entre rentistas y excluidos del sistema de propiedad.

El modelo residencial en España atraviesa un cambio de paradigma estructural. Según el informe ‘El problema de la concentración inmobiliaria en España’, elaborado por el IFS-CSIC y el Ministerio de Consumo, la tradicional imagen de un país de propietarios únicos está desapareciendo. En los últimos catorce años, el número de hogares que poseen una sola vivienda ha caído un 22%, reflejando una crisis de acceso a la propiedad que afecta especialmente a las nuevas generaciones.

El auge del alquiler y la figura del casero

Esta transformación ha derivado en una dualización social donde el régimen de tenencia se desplaza hacia el arrendamiento. Mientras que en 2008 el 79% de los hogares vivía en una vivienda propia, esa cifra ha retrocedido hasta el 63,9%. Como contrapartida, el alquiler ha ganado terreno, pasando de representar el 11,9% al 19,2% del total de inmuebles habitados.

Paralelamente, ha emergido con fuerza la figura del pequeño y mediano inversor. Los denominados hogares "caseros" —aquellos que poseen viviendas para alquilar a terceros— casi se han triplicado en poco más de una década, escalando del 3,4% al 9,8%. Este fenómeno indica que la vivienda ha dejado de ser únicamente un bien de uso para convertirse en un activo de inversión creciente.

Inversión de la estructura de propiedad

Por primera vez en la serie histórica, la multipropiedad se ha convertido en la pauta dominante dentro de la estructura patrimonial. Si en 2008 la mayoría de los dueños poseía un solo inmueble (53,9%), los datos actuales muestran que el 51,7% de los propietarios ya cuenta con dos o más fincas.

Este desequilibrio sugiere que el crecimiento del parque inmobiliario, que sumó dos millones de unidades desde la crisis financiera, no se ha repartido de forma equitativa. El mercado ha reforzado la desigualdad patrimonial, consolidando una estructura donde el acceso a la vivienda propia es cada vez más restrictivo para el grueso de la población.

os números del primer trimestre de 2026 no mienten, pero tampoco lo dicen todo a primera vista. Viscofan, la empresa navarra líder mundial en envolturas para productos cárnicos, cerró los tres primeros meses del año con un beneficio neto de 33,7 millones de euros, un 7,4% más que en el mismo periodo de 2025. Un resultado que llega, paradójicamente, en un trimestre donde los ingresos bajaron.

Las divisas, el gran lastre

La facturación del grupo cayó un 0,8%, hasta los 304,8 millones de euros. El motivo es claro: la depreciación del dólar estadounidense frente al euro se ha comido los avances reales del negocio. Si se elimina ese efecto cambiario del cálculo, los ingresos crecieron un 4,6% en términos comparables, con subidas tanto en volúmenes de envolturas como en precios.

El EBITDA —el resultado operativo antes de amortizaciones— descendió un 7,9% en términos reportados, hasta 63,4 millones. Pero, de nuevo, sin el impacto de las divisas, habría crecido un 9,3%.

Dónde creció y dónde no

Por áreas de negocio, la división principal de envases alimentarios se mantuvo estable en 288 millones. Las unidades más pequeñas sorprendieron al alza: los ingredientes para salud casi duplicaron ingresos (+110%) y los snacks para mascotas se dispararon un 156%, en parte por la integración de la empresa brasileña Pet Mania, adquirida en 2025. El único dato negativo fue la división energética, que cayó un 32,1% por los menores precios en el mercado eléctrico español.

Geográficamente, Sudamérica fue la región más dinámica (+10,9%), mientras que Europa retrocedió un 5,1%, arrastrada precisamente por la caída de los ingresos de cogeneración en España.

La plantilla crece y la deuda, también

Viscofan incrementó su plantilla media un 8% en el trimestre, hasta 5.919 personas, para prepararse ante el esperado aumento de demanda. Los gastos de personal subieron un 7,1%, hasta 77,7 millones.

La deuda bancaria neta aumentó desde 206,1 a 234,4 millones de euros, principalmente por los 38,6 millones destinados a la recompra de acciones en el marco del programa de retribución al accionista.

La guerra en Oriente Medio, en el horizonte

El consejero delegado, José Antonio Canales, advirtió que la inestabilidad geopolítica en Oriente Medio no ha tenido aún impacto relevante en costes, pero que de prolongarse podría encarecer la energía, el transporte y algunas materias primas, lo que obligaría a nuevas subidas de precios.

Las inversiones del trimestre ascendieron a 14,4 millones, con obras de ampliación en plantas de Nueva Jersey y Zacapu (México) y mejoras medioambientales en la factoría de Cáseda, en Navarra.

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU), mediante el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), ha destinado en marzo de 2026 un total de 113.623.000 euros al fortalecimiento del ecosistema innovador en España. Esta inversión, canalizada a través de la iniciativa Innvierte, busca acelerar el crecimiento de empresas de base tecnológica que operan en sectores críticos como la salud, la agroalimentación y las TIC.

Las actuaciones se han dividido en dos ejes principales: la inversión directa mediante coinversión en compañías específicas y la inversión indirecta a través de fondos de capital riesgo. Desde el inicio del año 2026, el compromiso total de Innvierte alcanza ya los 194,97 millones de euros repartidos entre 20 empresas y 4 vehículos de inversión.

Impulso a empresas estratégicas y biotecnología

Durante el mes de marzo, se cerraron 6 operaciones de coinversión por un valor de 33,06 millones de euros. Entre los proyectos destacados se encuentran compañías que lideran la vanguardia científica en España:

• Oncomatryx Biopharma (Vizcaya): Recibe 24,38 millones para terapias oncológicas y una nueva planta de fabricación.

• Xoople (Madrid): Percibe 6,83 millones para su infraestructura de datos de cambios físicos terrestres.

• Zoundream (Barcelona): Utiliza inteligencia artificial para interpretar el llanto de recién nacidos y detectar trastornos del desarrollo.

• Bioherent (Málaga), MOA Biotech y Telum Therapeutics (Navarra): Proyectos enfocados en biosensores, ingredientes sostenibles y lucha contra bacterias multirresistentes.

Apoyo al capital riesgo y la salud digital

La segunda vía de actuación ha movilizado 80,56 millones de euros a través de dos grandes vehículos de inversión. El fondo CRB Digital Health III, especializado en salud digital, ha recibido un compromiso de 10 millones de euros. Por su parte, Inceptionbio Innvierte, gestionado por Ysios Capital, contará con hasta 70,56 millones para fomentar la creación de nuevas empresas biotecnológicas y la transferencia de tecnología en fases tempranas.

El programa Innvierte forma parte de la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027. Con estas cifras, el CDTI reafirma su papel como motor de la innovación empresarial, transformando el conocimiento científico en un modelo económico competitivo y sostenible para el país.

CCOO ha convocado una huelga estatal en la empresa de reparto a domicilio Glovo los próximos 24, 25 y 26 de abril, en protesta por el anuncio de un expediente de regulación de empleo que afectaría a 750 personas trabajadoras en todo el Estado.

Se trata, según el sindicato, de la primera huelga estatal del sector delivery en la historia, en un contexto marcado por lo que denuncian como un «deterioro continuado de las condiciones laborales» y una estrategia empresarial basada en la precarización del modelo de reparto.

La convocatoria llega después de que la compañía haya comunicado su intención de extinguir 750 contratos alegando causas organizativas y productivas. En su comunicación a la representación sindical, Glovo sostiene que su actual modelo de reparto «ha demostrado ser ineficiente y ha provocado una notable caída en la calidad del servicio».

CCOO rechaza de forma tajante el ERE y denuncia que la empresa pretende ajustar su estructura a costa del empleo. El sindicato sostiene que el modelo de negocio se ha sustentado en condiciones laborales precarias y critica la externalización del servicio y la posible sustitución de plantilla por flotas.

Durante los tres días de huelga, las personas trabajadoras de Glovo están llamadas a dejar las conocidas «mochilas amarillas» como símbolo de protesta. Los paros se desarrollarán el viernes 24 de abril, de 20:00 a 00:00 horas; el sábado 25 durante toda la jornada; y el domingo 26, de 12:00 a 16:00 horas.

En la presentación de la convocatoria, la secretaria general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Lucía Sesma, y el presidente del comité de empresa en Pamplona, Pablo Díaz, han defendido la movilización como respuesta a lo que consideran un ataque directo al empleo.

Sesma ha subrayado que las reivindicaciones se están extendiendo desde Navarra al conjunto del Estado y ha reclamado la negociación de un convenio propio actualizado a 2026, al tiempo que ha exigido frenar el ERE y las externalizaciones.

Por su parte, Díaz ha defendido el derecho a huelga y ha advertido de que no puede haber «miedo ni represalias» contra quienes participen en la movilización, recordando además que se trata de un derecho fundamental de los trabajadores.

CCOO, que asegura haber consolidado una estructura sindical con más de 80 representantes en la empresa a nivel estatal, confía en que el seguimiento de la huelga evidencie la importancia de la plantilla en el funcionamiento del servicio de reparto.

El sindicato sostiene que la protesta tendrá un impacto económico significativo para la empresa y pretende visibilizar el papel esencial de las personas trabajadoras en el modelo de negocio del sector delivery.

España ha logrado un registro inédito en su mercado laboral al superar, por primera vez en la historia, la barrera de los 22 millones de afiliados a la Seguridad Social (en la serie desestacionalizada). Según los datos publicados este 6 de abril de 2026, el mes de marzo cerró con una media de 21,88 millones de ocupados, tras sumar 211.510 personas en el que se considera el mejor marzo de la serie estadística.

De forma paralela, el desempleo ha continuado su senda descendente con una caída del 0,9% respecto a febrero. Actualmente, el número de parados en España se sitúa en 2,42 millones, la cifra más baja para un mes de marzo desde el año 2008, aunque todavía por encima de los registros previos a la crisis financiera de aquel periodo.

La hostelería y el sector servicios lideran la creación de empleo

El inicio de la campaña de Semana Santa ha sido el principal motor de esta aceleración laboral. El sector de la hostelería ha encabezado el crecimiento con un aumento del 5,62% mensual, sumando casi 80.000 nuevos afiliados. Otros sectores con un comportamiento destacado en términos absolutos han sido:

• Actividades administrativas: 17.206 empleos creados.

• Construcción: 17.156 nuevos ocupados.

• Educación: 15.450 altas adicionales.

En cuanto al perfil de los trabajadores, la afiliación femenina ha mostrado un dinamismo superior a la masculina en el último año, alcanzando los 10,37 millones de mujeres ocupadas. Por su parte, el paro juvenil ha marcado un mínimo histórico con 188.977 menores de 25 años en búsqueda activa de empleo.

Consolidación del contrato indefinido y récord de autónomos

La calidad del empleo refleja los efectos de las recientes normativas laborales. En marzo, los contratos indefinidos supusieron el 44% del total de las firmas, destacando especialmente el crecimiento de los fijos discontinuos, que han aumentado un 23% en el último año. La tasa de temporalidad se mantiene en niveles reducidos, situándose en el 11,6% frente al casi 30% que representaba en 2019.

Por otro lado, el trabajo por cuenta propia también vive un momento de auge. El número de autónomos en España ha alcanzado su máximo histórico con 3,43 millones de personas dadas de alta, consolidando un incremento de 40.000 trabajadores en comparación con el mismo mes del año anterior.

A nivel territorial, Huelva se posiciona como la provincia con mayor crecimiento porcentual de empleo en el último mes (+9,68%), mientras que Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana lideran el descenso del paro en términos absolutos.

Ángel Simón, exconsejero delegado de CriteriaCaixa y con experiencia en Agbar y Veolia, asumirá la presidencia de Indra a propuesta directa de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). El consejo extraordinario del 1 de abril tomó razón de la dimisión de Escribano y avanzó en esta sucesión, coordinada inicialmente por Virginia Arce.

Escribano dimitió el pasado miércoles por "desgaste personal" tras semanas de presiones gubernamentales, agravadas por el fallido intento de fusión entre Indra y su empresa familiar, Escribano Mechanical & Engineering (EM&E). Las acciones de Indra cerraron con un alza del 3,13% ese día, reflejando volatilidad pero confianza en la transición.

Perfil del nuevo líder

Simón, nacido en Manresa en 1957, trae bagaje en gestión de utilities y fondos soberanos, alineado con los intereses estratégicos de la SEPI en defensa y tecnología. De los Mozos se mantiene como consejero delegado, asegurando continuidad operativa.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha presentado un informe de coyuntura que vaticina una tendencia al crecimiento sosegado del sector. A pesar del contexto internacional marcado por la guerra en Irán, las previsiones para Semana Santa son favorables, con una aceleración de las reservas de última hora y un protagonismo destacado del turismo nacional.

Transformación del modelo y récord de afiliación

El ministro ha subrayado que el modelo turístico español, que representa el 12,3% del PIB, avanza con éxito hacia la desestacionalización y la desconcentración geográfica. Según los datos oficiales:

• El gasto en destino aumentó un 6,8% el año pasado.

• El turismo en la España interior y la "España verde" crece por encima de las seis comunidades tradicionalmente turísticas.

• En febrero se alcanzó un récord histórico con 2.750.000 afiliados a la Seguridad Social en el sector.

Hereu ha destacado que la oferta se está sofisticando para atraer segmentos de mayor valor añadido, con 97 millones de visitantes motivados por la gastronomía, la cultura o las compras, más allá del tradicional sol y playa.

Impacto de la guerra y sostenibilidad

El Gobierno ha constituido una comisión de seguimiento para evaluar el impacto del conflicto bélico. Si bien puede producirse un trasvase de flujos hacia el Mediterráneo occidental, preocupa el encarecimiento de la energía y el transporte aéreo. Aun así, las previsiones para marzo y abril apuntan a un incremento del 3% en el gasto turístico.

Por su parte, la ministra portavoz, Elma Saiz, ha informado sobre una inversión de 800 millones de euros para reforzar la ciencia y la autonomía estratégica a través de la Agencia Espacial Europea (ESA). Asimismo, se ha aprobado la creación del Observatorio para la Prevención del Suicidio y se ha destacado la reducción del déficit de la Seguridad Social al 0,4% del PIB en 2025, el nivel más bajo desde 2011.

Finalmente, el Ejecutivo ha manifestado su "tajante condena" al ataque contra la misión de la FINUL en Líbano, donde han fallecido tres cascos azules bajo mando español, calificando la agresión de injustificable.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha alcanzado este lunes un acuerdo estratégico con el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) para aprobar un nuevo Real Decreto-ley. Esta normativa, diseñada en un contexto de incertidumbre internacional por la crisis en Irán, introduce cambios estructurales en la Ley del Contrato de Transporte Terrestre para garantizar que los transportistas no trabajen a pérdidas ante la volatilidad de la energía.

La reunión ha contado con la presencia de la secretaria general de Transporte Terrestre, Rocío Báguena, y representantes de los ministerios de Hacienda y Economía. El eje central del pacto es la modificación de la fórmula de revisión de precios, que a partir de ahora se vinculará al coste del combustible antes de impuestos. Como medida de choque, el peso del carburante en la estructura de costes subirá del 30% al 40%, reflejando con mayor fidelidad la realidad del mercado actual.

Automatismo en las facturas y nuevas sanciones

Para asegurar el cumplimiento de lo acordado, el Gobierno reforzará el carácter automático y obligatorio de la revisión de precios. Entre las medidas más destacadas que se elevarán al Consejo de Ministros se encuentran:

• Desglose obligatorio: Será imperativo detallar en cada factura el ajuste por la variación del precio del carburante, eliminando cualquier otra forma de pacto contractual que pudiera diluir este concepto.

• Régimen sancionador: El Ministerio se ha comprometido a tramitar un tipo de sanción específico para penalizar a aquellas empresas cargadoras que incumplan estas medidas de protección al transportista.

• Consolidación legal: Se dará rango de ley a las aclaraciones interpretativas publicadas recientemente, aportando seguridad jurídica al sector.

Aclaraciones sobre ayudas y bonificaciones fiscales

El acuerdo también sirve para despejar dudas sobre la aplicación del Real Decreto-ley 7/2026. El Ministerio ha confirmado que para el cálculo de los precios medios del gasóleo no se deben incluir ni el IVA ni el IEH, ni tampoco las bonificaciones temporales vigentes. Además, se ha informado de que España ya negocia con la Comisión Europea ampliar los límites de las ayudas de Estado para superar el actual marco de "mínimis".

Finalmente, Hacienda ha ratificado que las bonificaciones actuales ya cubren combustibles alternativos como el HVO y el Biodiésel, manteniendo la línea de apoyo al régimen de módulos. Ambas partes mantienen abierta la mesa de negociación permanente a la espera de las autorizaciones definitivas desde Bruselas para desplegar el resto del paquete de ayudas directas.

La prevención de riesgos laborales se ha consolidado como un eje central en la gestión de las organizaciones. Más allá del cumplimiento normativo, las empresas buscan reducir accidentes, mejorar las condiciones de trabajo y fortalecer su cultura interna. En ese escenario, las firmas especializadas en asesoramiento técnico cumplen un rol relevante al acompañar a empleadores en la identificación, evaluación y control de riesgos asociados a cada actividad.

La consultoría integral de PRL abarca un conjunto de servicios orientados a garantizar entornos ocupacionales seguros y ajustados a la legislación vigente. Esto incluye la elaboración de planes de prevención, la evaluación inicial de riesgos, la planificación de medidas correctivas y el seguimiento periódico de su implementación. El trabajo suele comenzar con un diagnóstico detallado de los procesos productivos y administrativos, a partir del cual se establecen prioridades y se diseñan estrategias específicas para cada sector de la empresa.

Uno de los servicios principales es la evaluación de riesgos. Este proceso implica identificar peligros físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales presentes. Los técnicos analizan puestos y tareas, revisan instalaciones y entrevistan a trabajadores y responsables de área. Con esa información elaboran informes que incluyen propuestas de mejora y cronogramas de ejecución. Esta etapa es clave para prevenir accidentes y enfermedades profesionales.

La formación de los trabajadores constituye otro pilar de la consultoría. Las empresas especializadas desarrollan programas de capacitación adaptados a cada rubro, desde construcción e industria hasta oficinas administrativas. Los contenidos suelen abordar el uso correcto de equipos de protección personal, procedimientos seguros y actuación ante emergencias. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cada año se producen más de 2,7 millones de muertes relacionadas con el trabajo en el mundo, entre accidentes y enfermedades profesionales. La capacitación continua es una de las herramientas más efectivas para reducir estas cifras.

La vigilancia de la salud es otro de los servicios ofrecidos. A través de exámenes médicos periódicos, se busca detectar de manera temprana posibles afecciones vinculadas a la actividad. Las consultoras coordinan con profesionales de la medicina ocupacional para garantizar que los controles se ajusten a los riesgos específicos identificados en cada puesto. Además, asesoran sobre la adaptación de tareas en casos de trabajadores con restricciones médicas.

En el ámbito documental, estas empresas también asisten en la elaboración y actualización de registros obligatorios, protocolos y manuales internos. La correcta gestión de la documentación no solo responde a exigencias legales, sino que facilita auditorías y certificaciones. En sectores regulados, contar con procesos formalizados puede ser determinante para acceder a contratos o licitaciones.

Otro servicio relevante es la investigación de accidentes. Cuando ocurre un incidente, los consultores analizan las causas, revisan procedimientos y proponen medidas para evitar su repetición. Este enfoque permite transformar una situación adversa en una instancia de aprendizaje organizacional. En este contexto, desde la empresa CFP IN, especialistas en prevención, indican: “que en muchos casos se trabaja en la implementación de planes de emergencia y simulacros, con el objetivo de preparar al personal ante eventuales contingencias”.

En los últimos años, la gestión de riesgos psicosociales ha cobrado mayor importancia. Factores como la sobrecarga de trabajo, el estrés y el acoso pueden afectar la salud y el desempeño de los trabajadores. Las consultoras incorporan herramientas de evaluación específicas y recomiendan acciones preventivas que incluyan mejoras en la organización y canales de comunicación internos.

La experiencia demuestra que la prevención no debe entenderse como un gasto, sino como una inversión en estabilidad y productividad. Cuando la seguridad forma parte de la estrategia empresarial, se reducen ausencias, se fortalece el clima laboral y se construye confianza. El acompañamiento técnico adecuado puede marcar una diferencia concreta en la forma en que las empresas protegen a sus equipos y proyectan su desarrollo.

La Comunidad de Madrid ha cerrado con éxito una emisión pública de bonos a diez años por un importe de 1.000 millones de euros. La operación ha registrado una demanda récord de 6.600 millones, lo que supone multiplicar por más de seis la oferta inicial. Esta cifra pone de manifiesto el sólido respaldo de los mercados financieros a la gestión económica del Ejecutivo autonómico.

La emisión se ha fijado con un cupón del 3,216%, lo que representa un diferencial de apenas cinco puntos básicos respecto al Tesoro Público, el margen más estrecho pagado por la región en su historia. Con esta operación, Madrid consolida su posición como un emisor de referencia en el ámbito ESG (Ambiental, Social y de Gobierno) dentro de la zona euro.

Liderazgo en finanzas sostenibles

Los fondos obtenidos se destinarán íntegramente a la financiación de proyectos sociales y medioambientales. Se trata de la décima emisión bajo este formato, un hito que permite a la Comunidad de Madrid ser la primera administración regional en España que supera la barrera de los 10.000 millones de euros en bonos sostenibles.

La estrategia del Gobierno regional, pionero en adoptar el Estándar de Bonos Verdes, ha permitido diversificar su base de inversores y optimizar los costes de financiación. El éxito de esta colocación refuerza el compromiso de la autonomía con la sostenibilidad y la transparencia en la gestión de sus recursos financieros.

Fuerte presencia de capital internacional

El interés por la deuda madrileña ha traspasado las fronteras nacionales, ya que el 76% de los bonos se han adjudicado a inversores extranjeros. Por países, destaca la participación de Italia (24%), seguida de Alemania (10%) y el área del Benelux (9%).

En cuanto al perfil de los compradores, los bancos han liderado la demanda con un 65% del volumen total, seguidos por las gestoras de fondos (21%) y los bancos centrales, que han adquirido un 9% de la emisión. Este respaldo institucional confirma la fiabilidad de Madrid como destino de inversión segura en el actual contexto macroeconómico.

El Gobierno de España, representado por el presidente Pedro Sánchez y la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, ha firmado junto a los líderes de CCOO y UGT el acuerdo para incrementar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2026. Con esta subida, el salario queda fijado en 1.221 euros mensuales repartidos en 14 pagas, lo que supone un total de 17.094 euros brutos anuales.

Esta es la octava subida desde el año 2018 y la sexta que se aprueba sin el respaldo de la patronal. La ausencia de la representación empresarial ha marcado el acto en el Ministerio de Trabajo, donde el presidente Sánchez ha reprochado a las empresas que "no cumplan con su parte" en un contexto de beneficios récord del Ibex y un crecimiento económico del 2,8%. "No es admisible que se mire con lupa el salario de quienes cobran el mínimo cuando hay beneficios millonarios", ha aseverado el jefe del Ejecutivo.

Impacto social y lucha contra la pobreza

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha defendido la medida subrayando que el SMI ha crecido un 66% en los últimos ocho años (pasando de 735 a 1.221 euros). Díaz ha sido tajante al afirmar que esta herramienta "no destruye empleo, sino pobreza" y ha afeado a la patronal el "diferencial negativo de 25 puntos" que los salarios españoles mantienen respecto a la media europea.

El acuerdo garantiza que la cuantía siga exenta de tributación en el IRPF, asegurando que el incremento de 37 euros mensuales llegue íntegro al bolsillo de los empleados. Además, el Ejecutivo ha anunciado un futuro decreto ley para reformar las reglas de absorción y compensación, evitando así que las empresas utilicen pluses de nocturnidad o peligrosidad para diluir el aumento salarial.

Reivindicaciones sindicales y poder adquisitivo

Pese a la celebración del pacto, los secretarios generales de los sindicatos han mantenido un tono exigente. Unai Sordo (CCOO) ha calificado la cifra actual como un "salario de subsistencia", mientras que Pepe Álvarez (UGT) ha recordado que el horizonte debe fijarse en los 1.444 euros que recomienda la Carta Social Europea.

Ambas centrales han alertado sobre la pérdida de poder adquisitivo de las rentas medias-bajas, que afecta a cerca de 11 millones de trabajadores en España, instando a la patronal a trasladar esta cultura de subidas a los convenios colectivos para garantizar un reparto más equitativo de la riqueza.

El mercado laboral español sigue apoyándose en la aportación de los trabajadores de otros países. La Seguridad Socialcerró el mes de enero con 3.038.158 afiliados extranjeros en la serie original, lo que supone 195.129 ocupados más que hace un año y cerca de 800.000 más que en enero de 2022, ya con la reforma laboral en vigor.

Los datos, difundidos este jueves por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, reflejan que, pese al descenso intermensual habitual de enero —47.319 afiliados menos—, el empleo foráneo mantiene una tendencia claramente ascendente. De hecho, una vez descontada la estacionalidad y el efecto calendario, el número de ocupados procedentes de otros países aumentó en 23.309 personas en el último mes, hasta situarse en 3.158.890 afiliados.

En el conjunto del sistema, los trabajadores extranjeros representan ya el 14,1% del total de cotizantes, seis décimas más que hace un año, consolidando su peso estructural en la economía española.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, subrayó que “el año 2026 comienza con más de tres millones de afiliados a la Seguridad Social nacidos en otros países”, destacando que se trata de personas que “trabajan, emprenden, cotizan y contribuyen a sostener sectores clave de nuestra economía”, y que solo en el último año se han sumado casi 200.000 nuevas afiliaciones.

Venezuela, el colectivo que más crece

Del total de afiliados extranjeros, cerca de 1,7 millones son hombres y casi 1,3 millones mujeres, que ya representan el 42,6% del total de trabajadores foráneos. En torno al 30% de estas personas procede de países de la Unión Europea.

Por nacionalidades, los trabajadores procedentes de Venezuela encabezan el crecimiento interanual, con 34.651 afiliados más que hace un año (+19,7%). Les siguen Colombia, con 28.890 afiliados adicionales (+13,3%), y Marruecos, con un incremento de 26.396 trabajadores (+7,7%).

Marruecos continúa siendo el país de origen del mayor colectivo de afiliados extranjeros, con 369.584 cotizantes, por delante de Rumanía (331.107), Colombia (245.960), Venezuela (210.984), Italia (201.477), China (126.907), Perú (99.459) y Ucrania (77.770).

Sectores clave y empleo cualificado

La aportación de los trabajadores extranjeros es especialmente relevante en varios sectores del Régimen General. En Hostelería suponen el 28,9% de los afiliados; en Agricultura, el 26,4%; en Construcción, el 23,5%; en Transporte, el 17,6%; y en Actividades Administrativas, el 17,4%.

Además, continúa creciendo su presencia en sectores de mayor cualificación, como Telecomunicaciones y Programación Informática (13,7%), Actividades Científicas y Técnicas (10,4%) y Actividades Financieras (5,6%).

Más autónomos extranjeros

El avance también se refleja en el trabajo por cuenta propia. En enero, el número de autónomos extranjeros alcanzó los 496.330, un 6,2% más que en 2025. Destaca especialmente el emprendimiento en sectores altamente cualificados, como Telecomunicaciones y Programación Informática, donde los trabajadores extranjeros representan ya el 30,8% del total.

Hostelería (25%), Actividades Inmobiliarias (19%), Actividades Administrativas y Construcción (ambas con un 17,6%) completan el listado de actividades con mayor presencia de autónomos procedentes de otros países, confirmando su papel creciente en el tejido productivo español.

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, ha trasladado una petición formal al Ministerio de Industria y Turismo para que las empresas e instalaciones turísticas sean incluidas en la declaración de zona catastrófica. Durante su intervención en la Conferencia Sectorial de Turismo celebrada en Madrid, Bernal ha criticado que el decreto aprobado recientemente por el Consejo de Ministros se limite a cubrir daños en viviendas y vías de comunicación.

Impacto de las borrascas en la industria

Según ha explicado el consejero, el impacto de las recientes borrascas ha afectado seriamente a la industria turística andaluza, motor económico de la comunidad. Bernal ha defendido que las instalaciones del sector necesitan un apoyo conjunto de las administraciones para recuperarse del temporal. Asimismo, ha señalado la "gestión ineficaz" del Ejecutivo central ante problemas de conectividad, mencionando específicamente el accidente ferroviario en Adamuz y los daños por tormentas en las ocho provincias.

Críticas a la falta de cogobernanza

Andalucía, que cerró el año 2025 con cifras récord de 37,9 millones de visitantes y más de 30.000 millones de euros en ingresos, reclama un papel más activo en la toma de decisiones. El consejero ha reprochado que la Conferencia Sectorial no se convocara desde diciembre de 2023 y que la actual cita se haya centrado en "temas meramente administrativos".

Bernal ha insistido en la necesidad de una verdadera cogobernanza, lamentando que el Gobierno no permita la participación de las comunidades autónomas en órganos de gestión claves para el turismo. Para la Junta de Andalucía, la exclusión del sector de las ayudas por catástrofe supone ignorar la realidad de miles de establecimientos que sostienen el empleo en la región.

En ese recorrido, las cuestiones fiscales, laborales, contables y mercantiles suelen ocupar un lugar central, tanto por su complejidad como por las consecuencias que pueden generar si no se abordan de forma adecuada. Identificar el momento oportuno para recurrir a expertos es una de las claves para sostener la actividad y evitar contingencias.

Contar con una asesoría en San Sebastián o en cualquier otro punto del país suele ser aconsejable desde las primeras etapas del negocio. La constitución de un negocio, la elección de la forma jurídica y el encuadre fiscal inicial condicionan el desarrollo posterior. En esta fase, el acompañamiento profesional permite ordenar la estructura y cumplir con las obligaciones desde el inicio, reduciendo errores frecuentes que luego resultan costosos de corregir.

El crecimiento de la actividad es otro momento en el que la ayuda especializada cobra relevancia. A medida que aumentan las operaciones, también lo hacen las exigencias administrativas y normativas. La incorporación de personal, la ampliación de servicios o la apertura a nuevos mercados requieren un análisis laboral y fiscal que contemple la normativa vigente. Un asesor puede orientar sobre contratos, cargas sociales, convenios y beneficios disponibles.

En el plano fiscal y contable, la intervención de expertos resulta clave cuando se comienza a manejar mayores volúmenes de facturación. La correcta registración de ingresos y gastos, la presentación de impuestos y la planificación fiscal ayudan a optimizar recursos y a evitar sanciones. Según datos del Consejo General de Economistas de España, más del 70 por ciento de las Pymes externalizan total o parcialmente sus tareas contables y fiscales, lo que refleja una tendencia consolidada en el sector.

Las situaciones de cambio normativo también justifican la consulta profesional. Las modificaciones en leyes laborales, fiscales o mercantiles suelen generar dudas e interpretaciones diversas. Contar con un asesor actualizado permite adaptarse a tiempo y cumplir con las nuevas exigencias sin afectar su operativa. “Esto resulta especialmente relevante en contextos económicos dinámicos, donde las regulaciones se ajustan con frecuencia”, afirman desde Aselai Asesoría.

En el ámbito mercantil adquiere protagonismo en procesos como fusiones, adquisiciones, acuerdos entre socios o cambios en la estructura societaria. Estas decisiones suelen tener implicancias legales y económicas de largo alcance. Un análisis profesional previo permite evaluar riesgos, definir condiciones y formalizar operaciones de manera ordenada y transparente.

Para muchas empresas, especialmente las pymes, el acceso a un acompañamiento externo también responde a una cuestión de eficiencia. Mantener un equipo interno especializado en todas las áreas no siempre es viable. Externalizar estos servicios permite contar con conocimiento actualizado y adaptado a las necesidades reales del negocio, sin asumir costos fijos elevados.

Recurrir a expertos en asesoría fiscal, laboral, contable y mercantil es una decisión que acompaña el desarrollo de la empresa en distintas etapas. Más allá del cumplimiento normativo, se trata de sumar una mirada profesional que contribuya a ordenar procesos, anticipar escenarios y fortalecer la gestión, con una visión puesta en la continuidad y el crecimiento sostenido del negocio.

La sección cuarta de la Audiencia Provincial de A Coruña ha condenado a una entidad bancaria a reintegrar el importe íntegro de diversas transferencias no consentidas realizadas desde las cuentas de un cliente. La sentencia estima la demanda por responsabilidad contractual y obliga al banco a abonar 157.023 dólares, 67.141 euros y 55.583 dólares en las tres cuentas afectadas, sumando además los intereses moratorios generados desde mayo de 2019.

Responsabilidad del proveedor de servicios de pago

La Sala fundamenta su decisión en el Real Decreto Ley 19/2018, que establece una responsabilidad cuasi objetiva para los proveedores de sistemas de pagos. Según los magistrados, es la entidad financiera quien tiene la carga de la prueba y debe acreditar fehacientemente que existió fraude o negligencia grave por parte del usuario. En este proceso, el tribunal subraya que la demandada no practicó prueba alguna para demostrar dichos extremos.

El fallo revoca la sentencia previa del Juzgado de Betanzos, señalando que el banco debe demostrar una autenticación legítima y no limitarse a confirmar que se usaron técnicamente las claves y la línea telefónica del titular. La jurisprudencia actual recalca que el uso de las claves de la banca electrónica no implica que el cliente las haya facilitado voluntariamente, dado el auge de métodos fraudulentos para obtenerlas sin su consentimiento.

Prueba pericial de voz y recurso

Durante la segunda instancia, se admitió una prueba pericial de reconocimiento de voz solicitada por el apelante para reforzar su defensa. Finalmente, los magistrados concluyen que la seguridad del sistema es responsabilidad del banco y, al no probarse el descuido del cliente, este debe ser resarcido. No obstante, la sentencia aún no es firme, ya que la entidad bancaria tiene la posibilidad de presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.