Sordo: “El Gobierno nos jura y nos perjura que no congelará el sueldo de los funcionarios”

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo; el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, y el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva. - MINISERIO DE TRABAJO - Archivo

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha afirmado este viernes que el Gobierno ha trasladado a su sindicato que no está pensando en congelar los salarios de los empleados públicos en 2021.

“Nos jura y nos perjura que no está en esas y que en ningún caso está pensando en una congelación salarial”, ha subrayado Sordo durante su participación en un desayuno organizado por Nueva Economía Fórum.

Sus palabras han sido avaladas por el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, quien ha intervenido en este acto para asegurar que en los propósitos del Gobierno no se encuentra congelar los salarios de los funcionarios.

En todo caso, Sordo se ha mostrado “preocupado” por los ‘globos sonda’ que se están lanzando al respecto y ha advertido de que “no sería justo ningún tipo de estrategia” para abordar las condiciones laborales de un personal tan valioso en la pandemia como han sido los trabajadores sanitarios o los docentes.

Así, ha insistido en que los trabajadores de los servicios públicos, que han sido esenciales en la crisis sanitaria, “no se merecerían” planteamientos que apuntaran a que sus salarios son un problema para la economía española y un gasto no soportable.

Asimismo, Sordo ha denunciado que existe “mucho déficit” en el diálogo de determinados Ministerios (Sanidad, Educación y Función Pública) con los agentes sociales, por lo que ha instado al Gobierno a hacer un esfuerzo “y creer en el diálogo social” para todos y sólo con los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social, con los que sindicatos y empresarios sí han logrado alcanzar acuerdos importantes.

Sobre el Plan Presupuestario remitido por el Ejecutivo a Bruselas, Sordo ha preferido no entrar a valorarlo con detalle a la espera de una reunión que mantendrá con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. En todo caso, ha indicado que los fondos europeos que recibirá España permitirán tener unos Presupuestos “expansivos” para 2021 sin necesidad de realizar grandes ajustes fiscales.

“No creo que haya medidas drásticas en el plano fiscal a corto plazo”, ha apuntado Sordo, que ha insistido en que, a medio plazo, España debe abordar una reforma fiscal “de calado” para reducir el diferencial de la presión fiscal con Europa, que ha cifrado en entre 60.000 y 73.000 millones de euros.

CAMBIOS URGENTES EN LA REFORMA LABORAL DE 2012

Preguntado por si CCOO está dispuesto a abordar la negociación de un nuevo Estatuto de los Trabajadores, uno de los objetivos del programa de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos, Sordo ha señalado que su sindicato “sí está por la labor” porque el actual Estatuto “no da la cobertura suficiente a las mutaciones laborales que se han ido produciendo”.

Ahora bien, para Sordo ahora lo urgente es modificar la reforma laboral de 2012 ante el riesgo de que se produzca una nueva devaluación salarial con la excusa de la crisis provocada por el coronavirus. Aunque considera que dicha reforma fue lesiva en prácticamente todos sus aspectos, el dirigente sindical entiende que es urgente actuar sobre la preferencia del convenio de empresa sobre el sectorial, la ‘ultraactividad’ de los convenios y la subcontratación.

En este punto, ha afirmado que aunque desde ciertos sectores y organizaciones empresariales se esté defendiendo que “ahora no está el horno para bollos”, es decir, que no el momento de abordar cambios en la reforma laboral, Sordo ha dejado claro que de este tema se viene hablando con CEOE desde la anterior legislatura, por lo que no pilla de nuevas a nadie. “Que se pueda hacer con acuerdo o no de la CEOE es la incógnita, pero hay que hacerlo por el riesgo de devaluación salarial”, ha añadido.

El dirigente sindical ha apostado además por adaptar, en el marco de la legislación laboral, los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) a situaciones de normalidad, como fórmula para evitar que el despido sea el método de ajuste por excelencia de las empresas.

“Los ERTE han sido una medida de emergencia, pero nos debiera dar pistas de cómo adaptamos la regulación laboral en normalidad para que podamos ir a fórmulas de éstas, de flexibilidad interna, que eviten los despidos como fórmula habitual de ajuste”, ha apuntado.

Sordo ha destacado que, sin los ERTE, la pandemia habría causado la destrucción de unos 4 millones de puestos de trabajo, por lo que ha insistido en la eficacia de un modelo que, aunque supone un alto coste para las arcas públicas, evita pérdidas de empleo que se traducirían en un coste social y económico aún mayor.

El secretario de Estado de Empleo, que ha participado también en este desayuno ‘online’, ha destacado, a propósito de los ERTE, que actualmente quedan en ellos 662.000 trabajadores, con lo que ya se han reincorporado a la actividad el 82% de los trabajadores que llegaron a estar en ERTE en el pico alto de la pandemia.

LOS AGENTES SOCIALES, UN “CONTRAPUNTO” A LA CRISPACIÓN POLÍTICA

Sordo ha subrayado que los acuerdos alcanzados para mantener y prorrogar los ERTE son una muestra tanto de la voluntad de diálogo de los ministerios de Trabajo y Seguridad Social como de la “corresponsabilidad” de los agentes sociales.

En este sentido, el dirigente sindical ha afirmado que el papel que han jugado en esta crisis sindicatos y empresarios está siendo “muy positivo”, pues están demostrando estar “a la altura de las circunstancias” y “sin dejarse influir por el ambiente político”.

“Hemos llegado a acuerdos muy útiles que están contribuyendo a dar una imagen de estabilidad del país y estamos siendo un contrapunto a la situación de crispación política. Los acuerdos sociales reman a favor de los intereses del país y la crispación política está restando, incluso en las perspectivas económicas de futuro”, ha advertido.

Por ello, Sordo ha hecho un llamamiento a los partidos políticos y a la necesidad de alcanzar acuerdos amplios que permitan que sean duraderos en el tiempo, por ejemplo en materia de pensiones. “A ver qué pasa con el Pacto de Toledo. Cuando se baja a lo concreto, a los problemas que tienen los españoles, no es tan fácil salirse del consenso y a veces es difícil mantener los niveles de crispación”, ha subrayado.

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