El consejero de Educación avisa de que la proposición de ley para blindar la concertada generaría caos en el proceso de admisión del próximo curso
Carlos Gimeno compareció ante la comisión parlamentaria a petición de Vox y advirtió de que la iniciativa legislativa es "incoherente" y un "despropósito legal" que pondría en riesgo la planificación de centros públicos y privados.
El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno, compareció este martes en la Comisión de Educación del Parlamento de Navarra para dar cuenta de la decisión de suprimir catorce unidades del segundo ciclo de Educación Infantil en la red concertada para el curso 2026-2027. La comparecencia fue solicitada por el grupo parlamentario Vox, cuyo portavoz Emilio Jiménez abrió el turno criticando que el Gobierno había rectificado a última hora para no cerrar ninguna unidad de la red pública mientras mantenía el recorte en la concertada.
Gimeno: "Ninguna arbitrariedad, sino criterios justos"
El consejero rechazó las acusaciones de trato desigual y defendió que el departamento actúa "por equidad y en favor de la escuela pública", no por mayorías políticas. Recordó que desde 2022 se han producido 700 solicitudes menos en el período de prematrícula respecto al curso 2022-2023, con una caída del 16% en la matrícula global del sistema, y que históricamente ha sido la red pública la que ha absorbido el impacto de la bajada de natalidad mientras las unidades concertadas permanecían blindadas.
La proposición de ley de UPN, en el punto de mira
El grueso de la intervención del consejero se centró en advertir de las consecuencias de la proposición de ley foral presentada por el grupo parlamentario Unión del Pueblo Navarro para impedir los recortes en la concertada. Gimeno la calificó de "incoherente, carente de sentido y un auténtico despropósito legal y educativo" por contener dos medidas contradictorias entre sí: por un lado obliga a mantener todas las unidades concertadas existentes; por otro, exige aplicar a la concertada los mismos criterios de reducción de ratios que a la pública —hasta 23 alumnos por aula en Infantil y 28 en primero de la ESO—. Reducir ratios sin poder aumentar unidades, argumentó, hace matemáticamente imposible escolarizar a todo el alumnado.
Efectos concretos sobre las familias
Gimeno detalló las consecuencias prácticas que tendría la aprobación de la norma. El proceso de admisión en marcha —en el que actualmente el 98,9% del alumnado ha obtenido plaza en su primera opción— tendría que rehacerse con menos vacantes disponibles en centros como San Ignacio, Liceados, Monjardín, Irabia o Miravalles en la comarca de Pamplona, o Compañía de María en Tudela. El número total de afectados sería "impredecible", advirtió.
Añadió que la norma obligaría además a rehacer las plantillas de todos los centros públicos —con riesgo de que en junio ni los centros ni el profesorado conocieran sus destinos—, a desplazar alumnado de colegios públicos con alta matrícula como el de Huerta Mayor en Tudela, y a suspender nueva oferta de Formación Profesional, incluyendo ciclos de Cocina y Restauración en la ETI de Tudela cuyas instalaciones han sido recientemente rehabilitadas.
"La pública lleva años pagando los platos rotos"
Gimeno cerró su intervención con una defensa explícita del modelo público: "La escuela pública ha venido pagando los platos rotos de la bajada de la natalidad" por el blindaje histórico de las unidades concertadas. Recordó que Navarra es la segunda comunidad autónoma de España que más ha reducido la segregación educativa desde el curso 2019-2020, y acusó a quienes impulsan la proposición de ley de querer "perpetuar desigualdades" en el sistema educativo navarro.
