La lucha contra las mafias que comercian con los derechos de las personas migrantes ha sumado un nuevo éxito en el sur de España. La Guardia Civil, en el marco de la operación “Lutasanol”, ha desarticulado una organización criminal dedicada a regularizar de forma fraudulenta a ciudadanos extranjeros mediante la falsificación de documentación laboral.
La red desmantelada se aprovechaba de la necesidad de personas en situación irregular, a quienes exigía importantes sumas de dinero a cambio de simular una relación laboral inexistente para presentar ante la Administración pública.
Delito de extranjería en España y fraude a la Seguridad Social
La investigación, que comenzó el pasado año, descubrió que la organización ofrecía contratos laborales ficticios a ciudadanos que buscaban obtener o renovar sus permisos de residencia y trabajo. A cambio de estos expedientes falsos, los implicados cobraban tarifas abusivas que oscilaban entre los 4.500 y los 10.500 euros por persona.
Los agentes del instituto armado han constatado que la red realizaba altas de trabajadores en la Seguridad Social sin que existiera una actividad empresarial real que justificara dichas contrataciones. Mediante este método, la trama llegó a tramitar de manera ilegal más de un centenar de expedientes, generando un fraude superior a los 100.000 euros a las arcas públicas, una maniobra con la que además se facilitaba la obtención indebida de prestaciones y subsidios estatales.
Redes de inmigración ilegal y registros de la Guardia Civil en Almería
El entramado delictivo no limitaba su radio de acción a una única provincia. Aunque el centro de operaciones se ubicaba en el poniente almeriense, la red extendía su actividad interprovincial captando a sus víctimas en la Región de Murcia y en diversos puntos de las provincias de Albacete, Huelva, Granada y Málaga. La organización contaba con una estructura perfectamente jerarquizada, con captadores para la captación de clientes, responsables de gestión documental y asesores especializados encargados de dar apariencia de legalidad a la operativa.
El despliegue policial, desarrollado por la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería y el Puesto Principal de El Ejido, culminó con un registro domiciliario en el establecimiento que servía como base de la trama. En el lugar se intervino abundante documentación, copias de identidad, nóminas fraudulentas, anotaciones manuscritas delictivas y dinero en efectivo.
La operación se ha saldado con la detención del principal captador de la trama. De forma paralela, los agentes mantienen bajo investigación a otras tres personas: dos administradores de la empresa utilizada para el fraude —localizados en Madrid y Santa Cruz de Tenerife— y un gestor laboral y contable con despacho profesional en Almería que colaboraba con la red. Las diligencias han sido derivadas al Tribunal de Instancia Sección Civil e Instrucción Plaza número 5 de El Ejido.
