La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha ordenado la apertura de una investigación para depurar la responsabilidad de un letrado que, presuntamente, utilizó inteligencia artificial para redactar un recurso de apelación con jurisprudencia falsa. El tribunal advierte una posible vulneración de la buena fe procesal después de detectar que las citas legales e informes oficiales incluidos en el escrito no figuran en ninguna base de datos jurídica.
Jurisprudencia "apócrifa" en un caso de agresión sexual
El hallazgo se produjo durante la revisión de una sentencia que confirmaba la absolución de un hombre acusado de agresión sexual en Tenerife. El abogado de la acusación particular presentó un recurso donde desgranaba, según el tribunal, al menos siete sentencias del Tribunal Supremo "ajenas a la realidad" y un informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre credibilidad infantil de 2019 del que no existe constancia oficial.
La resolución, de la que es ponente el presidente del TSJC, califica la actuación como una "palmaria negligencia". Los magistrados señalan que el profesional parece haber fiado su trabajo al algoritmo sin verificar la existencia de las fuentes, confiando en que la abundancia de referencias "infundiría autoridad" a sus argumentos.
Posibles sanciones por falta de diligencia profesional
Ante lo que el tribunal define como un ejercicio de "libérrima creatividad jurídica", se ha acordado la formación de una pieza separada. El abogado podría enfrentarse a multas coercitivas según la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley Orgánica del Poder Judicial. Además, el TSJC contempla dar traslado de los hechos al colegio profesional correspondiente para la posible imposición de sanciones disciplinarias.
El tribunal subraya que no se trata de un "error venial", sino de una conducta reiterada que merece ser investigada formalmente. El letrado será llamado a audiencia para ofrecer explicaciones sobre el origen de estas citas antes de que la Sala dicte una resolución definitiva sobre este insólito caso de mala praxis tecnológica en el ámbito judicial canario.
