Desde el año 2014 habrían defraudado más de 5.400.000 € a través de las transacciones realizadas por las empresas ficticias creadas en España, afectando a miles de víctimas principalmente estadounidenses
La investigación policial ha resultado extremadamente compleja debido a las dificultades del rastreo de los fondos defraudados, que circulaban a través del amplio circuito de empresas fantasma diseñado por los arrestados
Han sido detenidas cinco personas y se han practicado cuatro registros -en los que se han intervenido abundante documentación y dispositivos informáticos- y bloqueado más de una veintena de cuentas bancarias
Agentes de las policías nacionales de España y Francia, con el apoyo de Europol, han desarticulado la rama española de una organización internacional especializada en el blanqueo de dinero procedente de transacciones fraudulentas. Desde el año 2014 habrían defraudado más de 5.400.000 € a través de las transacciones realizadas por las empresas ficticias creadas en España, afectando a miles de víctimas principalmente estadounidenses. La investigación policial ha resultado extremadamente compleja debido a las dificultades del rastreo de los fondos defraudados, que circulaban a través del amplio circuito de empresas fantasma diseñado por los arrestados. Han sido detenidas cinco personas en Zaragoza y A Coruña, y se han practicado cuatro registros en Zaragoza -en los que se han intervenido abundante documentación y dispositivos informáticos- y bloqueado más de una veintena de cuentas bancarias.
Más de 5.400.000 euros defraudados desde 2014
La investigación comenzó tras la denuncia de una entidad bancaria en la que alertaba sobre diversas transacciones fraudulentas, realizadas durante el segundo semestre del año 2014. En todos los casos se había utilizando la información de tarjetas de crédito o débito de clientes de dicha entidad para efectuar cargos a través de una pasarela de pago de una supuesta empresa radicada en A Coruña.
La primera fase de la investigación logró determinar, tras un exhaustivo análisis de la información que se iba obteniendo, que tras dichas transacciones se encontraba una organización criminal de carácter internacional integrada por al menos 20 miembros, asentados en España, Francia, Estados Unidos, Costa Rica, República Dominicana y Panamá. Además se supo que operaban desde el año 2014, fecha desde la que habrían acumulado en nuestro país un fraude superior a los 5.400.000 euros, recurriendo a un sistema de procesamiento de tarjetas de crédito vía electrónica y donde cada uno de los miembros se encargaba de unas funciones muy determinadas.
Los radicados en Costa Rica se encargaban de obtener los datos de las tarjetas bancarias, atacando los sistemas de seguridad de comercios electrónicos -aprovechando alguna vulnerabilidad para obtener los datos de compra de los usuarios-, o comprando dichos datos a terceros. Por su parte, los asentados en España, tras recibir instrucciones de los miembros de Costa Rica, se encargaban de la creación de sociedades y la contratación de Terminales de Punto de Ventas (TPVs). Tras recibir las numeraciones de las tarjetas obtenidas de forma ilícita efectuaban los cargos en dichas tarjetas utilizando estos TPVs. En otras ocasiones contrataban los servicios de pasarelas de pago extranjeras y las utilizaban como intermediarias para efectuar los cargos.
Posteriormente, el dinero obtenido a través de las TPVs era transferido a diversas sociedades, nacionales y extranjeras, creadas por otros miembros de la organización criminal. Además, para dificultar el seguimiento de los movimientos y una posible investigación, el dinero circulaba de una sociedad a otra.
Entramado dirigido desde Costa Rica
Los investigadores averiguaron que un ciudadano español, residente en Costa Rica, era el principal responsable de la organización criminal. Este contaba con el apoyo en España de varias personas, residentes en la provincia de Zaragoza, cuyo cometido era facilitarle la infraestructura necesaria para llevar a cabo los fraudes –crear las sociedades, abrir cuentas bancarias y contratar los TPVs. En un escalón inferior de la organización se encontraban dos mujeres, con domicilio en A Coruña, responsables de la principal empresa ficticia creada por la trama en España.
Se han activado los mecanismos de colaboración policial y judicial internacional para el desmantelamiento del resto de la organización criminal asentada en Francia, EEUU, y especialmente en Costa Rica, donde se había establecido el núcleo directivo de la misma.
La operación ha sido realizada por agentes de la Unidad de Investigación Tecnológica de la Comisaría General de Policía Judicial, con la colaboración de policías de las Brigadas de Policía Judicial de Zaragoza y A Coruña. Con ellos han participado especialistas del Grupo de Fraudes en Internet de la Policía Nacional de Francia, del Servicio Secreto y el FBI de EEUU, y el EC3 de EUROPOL e INTERPOL.
