La Fiscalía General del Estado español se ha querellado contra Carles Puigdemont, el ya ex jefe del Gobierno regional de Cataluña, y contra los que fueran responsables de su Ejecutivo por presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación.
Según informó el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, en una declaración ante los medios, el Ministerio Público entiende que «con sus decisiones y actos a lo largo de los últimos dos años» los querellados «han producido una crisis institucional que culminó con la declaración unilateral de independencia» del pasado viernes.
El delito de rebelión puede suponer hasta 30 años de cárcel, el doble que el de sedición (15). El de malversación puede implicar ocho años.
Tanto Puigdemont como el resto de responsables del «Govern» catalán fueron destituidos en la madrugada del sábado por Madrid como respuesta a la resolución independentista aprobada horas antes en el Parlamento catalán. La querella de la Fiscalía se presentó ante el tribunal español de la Audiencia Nacional, competente para investigar estos delitos, ya que los denunciados perdieron su condición de aforados al «haber sido cesados de sus cargos», puntualizó Maza.
Todos ellos serán llamados a declarar ante la Justicia, tras lo cual podrían enfrentarse a la petición de medidas cautelares contra ellos «atendiendo a la gravedad de los hechos y de los delitos imputados».
Maza anunció además una segunda querella contra los miembros de la Mesa del Parlamento catalán, el órgano rector de la Cámara, «que con sus acuerdos posibilitaron la tramitación de los proyectos esenciales para la culminación del proceso independentista». Entre ellos se encuentra la presidenta del «Parlament» regional, Carme Forcadell.
Esta segunda querella se interpuso ante el Tribunal Supremo ya que los parlamentarios todavía conservan el aforamiento y, por tanto, no pueden ser investigados por un juzgado ordinario.
El Parlamento catalán aprobó el viernes gracias a la mayoría independentista una resolución para proclamar una «república soberana» en Cataluña. Minutos después, el Senado español dio luz verde a un paquete de medidas acordado por el Gobierno español de Mariano Rajoy para tomar el control administrativo de la región.
El mandatario español anunció además ese mismo día de forma sorpresiva la disolución del Parlamento catalán y la convocatoria de elecciones para el 21 de diciembre.
Hoy es el primer día laborable tras la entrada en vigor de las medidas, que además de la destitución del Gobierno catalán incluyen el cierre de las llamadas «embajadas» catalanas en el extranjero y el cese de otros cargos de la administración pública.
