La Conferencia Estatal de Decanos, Directivos de Enfermería, Sociedades Científicas de Enfermería, el sindicato de Enfermería (Satse) y el Consejo General de Enfermería han firmado un manifiesto para avisar de que vacunar de la gripe en las farmacias, así como realizar pruebas Covid-19 supone un «riesgo para la salud de la población».
«La necesaria autorización de una instalación sanitaria y la compleja formación para la administración de cualquier medicamento incluidas las vacunas, hacen inviables a las farmacias para este cometido. La falta de garantías de asepsia de las farmacias para este fin, hacen impracticable cualquier planteamiento asistencial en su interior», han dicho las organizaciones firmantes.
Además, consideran que detrás de la iniciativa de permitir a las farmacias vacunar de la gripe o realizar pruebas Covid-19 se sitúan los «intereses económicos» y sus «esperados beneficios» para estos establecimientos sanitarios, «y no tanto» el bien común o la salud pública.
A su juicio, la vacunación en las oficinas privadas de farmacia, pondría «en riesgo» la salud de la población y la seguridad de los pacientes debido a la «falta de competencias profesionales» que tienen los farmacéuticos para la vacunación en todos sus aspectos, así como la «preocupante apertura de una nueva línea de negocio privado» relacionado con la asistencia sanitaria «basada claramente en intereses económicos».
«La realización de pruebas para diagnósticas para Covid-19 en las farmacias, representaría un riesgo extremo para la salud de los ciudadanos. La recogida de estas muestras requiere de una cualificación elevada, en caso contrario podrían registrarse falsos positivos por una mala técnica. Otros aspectos como la confluencia de pacientes por distintos motivos en la farmacia, en espacios reducidos y sin circuito seguro de tránsito de personas, eliminación de residuos biológicos contaminados, podrían ser un foco de contagio a la población», han añadido.
Por tanto, tal y como han asegurado las organizaciones de enfermeros, no disponer de personal cualificado para la realización, interpretación, registro, comunicación y traslados de estas pruebas y sus resultados, hacen «inviable» la utilización de las farmacias para estas pruebas. De hecho, han avisado de que en el modelo sanitario público actual, «no existe ninguna necesidad» de vacunar o realizar pruebas diagnósticas para Covid-19 en una farmacia.
«Los argumentos esgrimidos sobre la asistencia en farmacias en algún país de nuestro entorno (como Francia o Italia) encuentra una respuesta sólida. Se trata de países donde las farmacias están en régimen de libre competencia, pueden ser gestionadas por otros profesionales sanitarios y pueden instalarse en centros o instalaciones sanitarias. Además, estos países, no cuentan con una red de centros de Salud tan accesible y solvente como la que existe en nuestro Sistema Nacional de Salud», han argumentado.
Finalmente, han insistido en que pretender usar las farmacias como una extensión asistencial del sistema sanitario es una «privatización encubierta» de la sanidad pública, con profesionales «no cualificados para estas funciones», que «oculta intereses» en términos de beneficio económico para los empresarios farmacéuticos y «no un beneficio ni mejora» para los ciudadanos.
«La Salud Pública debe reforzarse apoyando los servicios públicos y apoyando las competencias de las enfermeras y enfermeros que llevan años demostrando la calidad y eficacia de sus actuaciones profesionales», han zanjado.
