El Consejo de Transparencia ha dado la razón al Partido Popular de Navarra y ha ordenado al Gobierno foral entregar el acuerdo firmado entre Sunsundegui y Volvo, un documento clave que fundamentó dos leyes forales y una aportación pública de 9 millones de euros canalizada a través de SODENA. La resolución llega después de que la parlamentaria popular Maribel García Malo solicitara amparo en octubre, tras meses de negativas por parte del Departamento de Industria.
García Malo ha comparecido este viernes para detallar los términos de la resolución y recordar los antecedentes de un caso que, a su juicio, “evidencia un serio déficit de transparencia”. El 12 de octubre de 2023 Sunsundegui y Volvo rubricaron un acuerdo que el Ejecutivo navarro presentó como un contrato destinado a garantizar carga de trabajo adicional y que podría generar hasta 700 empleos. Sobre esa base, el Parlamento aprobó en diciembre de 2023 y abril de 2024 dos leyes que permitieron la inyección de fondos públicos, calificando la operación como inversión de interés foral.
Sin embargo, el 5 de julio de 2024 se conoció que Volvo renunciaba al proyecto. Desde entonces, García Malo reclamó en reiteradas ocasiones el contrato firmado entre ambas empresas sin obtener respuesta favorable. El informe de la Cámara de Comptos, publicado en junio de 2025, corroboró además que no existía un compromiso firme de compra. Ante la falta de colaboración del Departamento, la parlamentaria acudió al Consejo de Transparencia, que ahora ordena la entrega del documento salvo que las empresas implicadas recurran en un plazo de dos meses.
Durante su intervención, la parlamentaria ha denunciado la incoherencia entre el discurso y la práctica del Ejecutivo: «Mientras el vicepresidente primero habla de transparencia y asegura que la luz solar es el mejor desinfectante, la realidad es que se ha impedido durante meses el acceso a un documento clave que justificó una decisión de enorme impacto económico». Desde el PP consideran especialmente significativo que tanto el Departamento como Sunsundegui alegaran que Volvo se oponía a la publicación del acuerdo, cuando la compañía no ha presentado alegación alguna.
García Malo ha señalado que ahora se abren dos escenarios: si ninguna de las partes recurre, el Departamento de Industria deberá entregar el documento; si alguna empresa decide impugnar la resolución, ella misma también recurrirá. «La transparencia no es una opción política, es una obligación democrática», ha subrayado.
La parlamentaria del PP ha insistido en que no puede considerarse un acuerdo estrictamente privado cuando involucra 9 millones de euros de dinero público. “Tenemos derecho a saber qué se prometió, qué se firmó y quién falló”, ha afirmado, advirtiendo de que este caso trasciende a las dos compañías: “Negar información de forma reiterada debilita el control parlamentario y sienta un precedente muy grave para el funcionamiento democrático de nuestras instituciones”.
Por último, García Malo ha avanzado que preguntará en el próximo Pleno al consejero de Industria si, tras el pronunciamiento del Consejo de Transparencia, tiene intención de remitir finalmente el acuerdo entre Volvo y Sunsundegui. «La gestión del dinero público tiene que estar regida por la transparencia. Equivocarse es humano. Ocultarlo es inaceptable», ha zanjado.