El Defensor del Pueblo de Navarra ha recomendado al Ayuntamiento de Pamplona/Iruña que adopte medidas para que las verbenas, conciertos y eventos similares que se celebran durante las fiestas de San Fermín Txikito roten de ubicación y, en consecuencia, se evite su autorización en la Plaza Compañía en próximas ediciones.
Así lo recoge la resolución Q25/1196, fechada el 27 de noviembre de 2025, en la que la institución da la razón a un grupo de vecinos del Casco Antiguo que venían denunciando desde hace dos años las molestias derivadas de estos actos festivos. Estos vecinos también trasladaron esta inquietud al consistorio de Pamplona.
La queja fue presentada en septiembre por residentes de la Plaza Compañía, quienes alertaban de niveles de ruido excesivos, problemas de botellón y falta de respuesta municipal tras las celebraciones de 2024 y 2025. Según relatan, pese a la oposición vecinal y a las promesas iniciales de que el traslado de las verbenas desde Navarrería sería puntual, los conciertos se repitieron en una plaza cerrada y rodeada de viviendas, con escaso aislamiento acústico.
En su análisis, el Defensor recuerda que el ruido persistente puede vulnerar derechos constitucionales como el de la salud, la intimidad o la inviolabilidad del domicilio, y subraya el deber de las administraciones públicas de protegerlos. En este sentido, considera “razonable” que los eventos con alto potencial molesto no se concentren siempre en el mismo lugar y propone una política de rotación que reparta los efectos entre distintos puntos de la ciudad.
La institución recuerda que en la queja ya se aseguraba además que existen espacios alternativos más adecuados y alejados de zonas residenciales, como el frontón Jito Alai, el Bosquecillo, la Taconera, el parking de Educación o la zona del Redín, esta última ya sugerida en su día por el propio Ayuntamiento.
Aunque el Consistorio defendió en su informe que había reducido horarios y mantenido reuniones con la comisión de fiestas del Casco Viejo para minimizar el impacto, el Defensor considera insuficientes estas medidas y apuesta por un cambio de ubicación como solución más equitativa.
Ahora, el Ayuntamiento dispone de un plazo máximo de dos meses para comunicar si acepta la sugerencia y qué medidas adoptará. En caso contrario, el caso podría ser incluido en el informe anual del Defensor al Parlamento de Navarra, con mención expresa de la falta de aceptación municipal.
