La tensión política entre el Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento de Casalarreina ha escalado este martes tras confirmarse el rechazo del municipio a albergar un centro para menores migrantes no acompañados. El Ejecutivo autonómico ha calificado de "deslealtad" la decisión del consistorio de declinar la propuesta de cesión de las antiguas escuelas, un espacio que se estaba negociando con la Consejería de Políticas Sociales para dar respuesta a las necesidades de acogida en la región.
Según fuentes del Gobierno regional, las conversaciones se encontraban en una fase avanzada y se buscaba una solución solidaria y coordinada para el cumplimiento de las competencias en materia de protección de menores. Sin embargo, la negativa final de Casalarreina ha sido recibida con profundo malestar en el palacio regional, al considerar que rompe el principio de colaboración institucional necesario para gestionar asuntos de sensibilidad social y humanitaria.
Repercusiones en la política social El rechazo de Casalarreina obliga ahora al Gobierno de La Rioja a buscar alternativas de forma urgente en otras localidades. Desde el Ejecutivo se subraya que la atención a estos menores es una responsabilidad legal y moral que requiere del compromiso de todos los ayuntamientos, independientemente del signo político. El reproche público busca poner de manifiesto la dificultad de implementar políticas de bienestar social cuando no existe consenso en el territorio.
Por su parte, el ayuntamiento ha esgrimido razones técnicas y de idoneidad del espacio para justificar su negativa, aunque el tono del Ejecutivo regional sugiere que el conflicto tiene un trasfondo de falta de voluntad política. Esta situación se produce en un contexto de debate nacional sobre la distribución y acogida de menores migrantes, situando a la pequeña localidad riojana en el centro del foco mediático regional por su postura ante la crisis de acogida.
