La descalificación de 168 viviendas de alquiler social en Sarriguren ha vuelto este miércoles al centro del debate político en el Parlamento de Navarra. La vicepresidenta y consejera de Vivienda, Begoña Alfaro, defendió la actuación del Gobierno foral ante las preguntas de la portavoz de EH Bildu, Laura Aznal, quien alertó de la amenaza que la pérdida de protección oficial supone para decenas de familias y sus proyectos de vida.
Aznal recordó que desde los años noventa se han construido en Navarra unas 58.000 viviendas de protección oficial, lo que habría permitido contar hoy con un parque público cercano al 17%, comparable al de países europeos avanzados. Sin embargo, denunció que la caducidad impuesta por los gobiernos de la derecha ha provocado que más de 50.000 viviendas pierdan esa protección, reduciendo el parque público a apenas un 0,9% y alimentando la especulación. En ese contexto situó el caso de Sarriguren, donde 168 viviendas que fueron de alquiler protegido han pasado a manos de un fondo sueco, Catella Group, tras ser vendidas por el mayor tenedor de vivienda en Navarra, Adania.
La portavoz de EH Bildu señaló que estas familias se enfrentan ahora a la incertidumbre y a la posible subida de alquileres, aunque reconoció que la declaración de Sarriguren como zona de mercado tensionado ha permitido ganar tiempo y frenar subidas descontroladas. Por ello, pidió al Gobierno foral que negocie con el fondo para garantizar la estabilidad residencial y que vigile el cumplimiento de los acuerdos que se alcancen.
En su respuesta, Alfaro admitió la gravedad de la situación y responsabilizó directamente a las políticas de vivienda de hace 20 y 30 años. “Estamos pagando las consecuencias de acuerdos que se firmaron entonces, con promociones de alquiler protegido que recibieron suculentas subvenciones públicas y hoy quedan al albur de fondos de inversión”, afirmó.
La vicepresidenta explicó que las 168 viviendas de Sarriguren se reparten en dos promociones. En una de 60 viviendas, cuya protección venció el pasado 5 de agosto de 2025, el Gobierno ha logrado un acuerdo con Catella para mantener las condiciones de alquiler protegido en 28 de ellas, correspondientes a inquilinos que reciben subvenciones públicas. Para ello, el Ejecutivo ha prorrogado durante un año la calificación de alquiler protegido y mantiene las ayudas. En las otras 32 viviendas, cuyos inquilinos no perciben subvención por superar los umbrales de renta, Catella se ha comprometido a renovar los contratos respetando los precios máximos fijados por la declaración de zona de mercado tensionado.
“La zona tensionada ha evitado que estas viviendas pasen al mercado libre con precios inasumibles”, subrayó Alfaro, que defendió esta herramienta frente a quienes la han criticado. En cuanto a la segunda promoción, de 108 viviendas cuya protección expira el próximo 6 de marzo, la consejera aseguró que las negociaciones siguen el mismo camino, aunque pidió prudencia hasta que se cierren los acuerdos.
Alfaro adelantó además que su departamento está negociando con los propietarios de otras 200 viviendas que perderán la calificación este año, con el objetivo de prolongar el alquiler protegido el máximo tiempo posible. “No tenemos posibilidades infinitas porque debemos cumplir una legalidad que no establecimos, pero estamos bien encaminados”, concluyó, comprometiéndose a informar puntualmente al Parlamento sobre la evolución de las negociaciones.
