El Consejo General de Enfermería (CGE) ha advertido al Ministerio de Sanidad sobre los riesgos que, a su juicio, entraña la actuación del movimiento B.R.U.J.A.S. —Brigada Revolucionaria Unida por la Justicia, la Autonomía y lo Sagrado— en el acompañamiento de partos sin profesionales sanitarios titulados.
El organismo, que representa a más de 353.000 enfermeras y enfermeros en España, entre ellos las especialistas en Obstetricia y Ginecología (matronas), ha remitido una carta a la ministra de Sanidad para solicitar que se adopten medidas ante lo que califican de “prácticas sin formación y al margen de la evidencia científica”.
Según el CGE, algunas de estas denominadas “parteras tradicionales” estarían ofreciendo acompañamiento en partos domiciliarios o “partos libres” amparándose en “saberes ancestrales”, una circunstancia que, en opinión de la organización colegial, “pone en riesgo la integridad de la salud de las mujeres y de los recién nacidos”.
“Sanidad y profesionalidad”
El presidente del CGE, Florentino Pérez Raya, ha sido especialmente contundente al valorar esta situación: “¿Qué ocurre si hay una complicación en uno de estos partos libres sin asistencia de profesionales sanitarios? ¿Quién toma las decisiones en un momento de crisis durante el parto? ¿Cómo podemos dejar en manos de estas personas la vida de nuestros futuros hijos? Estas preguntas no tienen otra respuesta que la ‘Sanidad y profesionalidad’”.
Desde el Consejo recuerdan que las matronas son enfermeras con cuatro años de grado y dos de especialidad en salud sexual y reproductiva, y subrayan que son “las únicas profesionales con competencias reconocidas” en este ámbito dentro del sistema sanitario.
Por su parte, Montserrat Angulo, vocal matrona y vicetesorera del CGE, alerta de un aumento de partos no acompañados por profesionales sanitarios debido a la “falsa creencia de que, al tratarse de un proceso natural, está exento de riesgos”. “Nada más lejos de la realidad. Se trata de una situación alarmante cuando intervienen personas sin ningún tipo de cualificación sanitaria”, afirma.
Falta de regulación
El movimiento B.R.U.J.A.S. ha defendido públicamente que las matronas estarían “invisibilizando saberes ancestrales y negando el derecho a elegir cómo, con quién y en qué condiciones parir”. Una postura que el CGE califica de “falacia” y “despropósito”, al considerar que desacredita la formación y el trabajo de las profesionales sanitarias.
El Consejo insiste en que ni las doulas ni las autodenominadas parteras tradicionales cuentan con regulación legal en España. “No tienen competencias legalmente atribuidas, ni son una profesión sanitaria”, subraya Pérez Raya, quien advierte de que cualquier práctica o asistencia que realicen “se lleva a cabo sin amparo legal alguno”.
En su escrito al Ministerio, el CGE insta a que se promuevan medidas de inspección, información y control en todo el territorio nacional para evitar que estas prácticas “sigan actuando de manera impune”, en defensa —afirman— de la salud pública, la calidad asistencial y el respeto a las competencias profesionales de las matronas.
El debate, que reabre la tensión entre determinadas corrientes que reivindican modelos alternativos de parto y las organizaciones sanitarias, coloca de nuevo en el centro la seguridad clínica y el marco legal que regula la atención al embarazo y al nacimiento en España.