El Gobierno de España, representado por el presidente Pedro Sánchez y la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, ha firmado junto a los líderes de CCOO y UGT el acuerdo para incrementar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2026. Con esta subida, el salario queda fijado en 1.221 euros mensuales repartidos en 14 pagas, lo que supone un total de 17.094 euros brutos anuales.
Esta es la octava subida desde el año 2018 y la sexta que se aprueba sin el respaldo de la patronal. La ausencia de la representación empresarial ha marcado el acto en el Ministerio de Trabajo, donde el presidente Sánchez ha reprochado a las empresas que "no cumplan con su parte" en un contexto de beneficios récord del Ibex y un crecimiento económico del 2,8%. "No es admisible que se mire con lupa el salario de quienes cobran el mínimo cuando hay beneficios millonarios", ha aseverado el jefe del Ejecutivo.
Impacto social y lucha contra la pobreza
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha defendido la medida subrayando que el SMI ha crecido un 66% en los últimos ocho años (pasando de 735 a 1.221 euros). Díaz ha sido tajante al afirmar que esta herramienta "no destruye empleo, sino pobreza" y ha afeado a la patronal el "diferencial negativo de 25 puntos" que los salarios españoles mantienen respecto a la media europea.
El acuerdo garantiza que la cuantía siga exenta de tributación en el IRPF, asegurando que el incremento de 37 euros mensuales llegue íntegro al bolsillo de los empleados. Además, el Ejecutivo ha anunciado un futuro decreto ley para reformar las reglas de absorción y compensación, evitando así que las empresas utilicen pluses de nocturnidad o peligrosidad para diluir el aumento salarial.
Reivindicaciones sindicales y poder adquisitivo
Pese a la celebración del pacto, los secretarios generales de los sindicatos han mantenido un tono exigente. Unai Sordo (CCOO) ha calificado la cifra actual como un "salario de subsistencia", mientras que Pepe Álvarez (UGT) ha recordado que el horizonte debe fijarse en los 1.444 euros que recomienda la Carta Social Europea.
Ambas centrales han alertado sobre la pérdida de poder adquisitivo de las rentas medias-bajas, que afecta a cerca de 11 millones de trabajadores en España, instando a la patronal a trasladar esta cultura de subidas a los convenios colectivos para garantizar un reparto más equitativo de la riqueza.
