La jueza del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, ha acordado remitir a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) una exposición razonada en la que solicita la imputación del expresidente de la Generalitat Carlos Mazón por la gestión de la DANA del 29 de octubre de 2024 en la provincia de Valencia. En ese episodio de lluvias torrenciales y riadas murieron 238 personas, convirtiendo la catástrofe en una de las mayores tragedias recientes vinculadas a fenómenos meteorológicos extremos en España.
El movimiento de la jueza supone el primer paso procesal imprescindible para que Mazón pueda ser formalmente investigado, al mantener todavía la condición de aforado por su escaño en Les Corts Valencianes. Hasta ahora, en la causa solo figuraban como investigados la exconsellera de Justicia e Interior y responsable de Emergencias, Salomé Pradas, y su entonces secretario autonómico, Emilio Argüeso, señalados ya por la magistrada por una gestión presuntamente negligente de la alerta y de los mecanismos de protección a la población. Pese a ello, la instructora había ido estrechando en los últimos meses el cerco sobre el ex president, al que invitó en reiteradas ocasiones a acudir al juzgado a declarar de forma voluntaria en calidad de investigado, invitación que Mazón rechazó sistemáticamente.
En el auto remitido al TSJCV, de 109 páginas, la jueza atribuye a Mazón una “inactividad negligente” durante las horas clave de la emergencia, al considerar que desde la cúpula del Consell no se adoptaron las decisiones necesarias para salvaguardar a la población pese a disponer de información suficiente sobre la gravedad de la situación. La magistrada se apoya, entre otros elementos, en el auto dictado el 16 de octubre de 2025 por la Audiencia Provincial de Valencia, que avaló la práctica de diligencias encaminadas a esclarecer el proceso de deliberación y decisión seguido en la reunión del Cecopi la tarde del 29 de octubre de 2024. En esa línea, la investigación ha incorporado ya más de 500 declaraciones, entre testigos, responsables de los servicios de emergencias y los dos altos cargos autonómicos imputados hasta la fecha.
La exposición razonada llega después de que, en fases anteriores, la propia jueza hubiera rechazado adelantar ese paso hasta agotar una parte sustancial de la instrucción, tal y como le había marcado el TSJCV en un auto de diciembre de 2024, cuando el alto tribunal inadmitió varias querellas y denuncias contra Mazón por falta de indicios sólidos en aquel momento. Ahora, Ruiz Tobarra considera que ese umbral probatorio se ha superado y traslada al órgano competente la decisión sobre si se abre causa penal contra el ex president como aforado.
Si la Sala admite la exposición y aprecia indicios de delito, el expresidente podría pasar a estar formalmente investigado por su actuación al frente de la Generalitat durante la DANA, un escenario que reabriría el debate político sobre su responsabilidad en una tragedia que ya forzó su dimisión y que sigue muy presente entre las familias de las víctimas.