El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, subrayó que la negativa de España a permitir el uso de las bases de Rota y Morón en la actual operación militar no ha generado “quejas ninguna” por parte de Estados Unidos ni de otros aliados europeos, ni entraña perjuicio alguno para los intereses nacionales. Albares insistió en que el Gobierno actúa alineado con “el sentimiento mayoritario de los españoles”, defendiendo un orden internacional basado en reglas frente a “la ley de la selva donde impera la ley del más fuerte”.
El jefe de la diplomacia recalcó que España mantiene una posición coherente y continuada “desde hace ya más de cuatro años en Ucrania” y ahora en Oriente Medio, “tanto en Gaza como en esta escalada bélica que se está dando, que es un salto inmenso tanto cualitativa como cuantitativamente”. En ese contexto, avisó de las “bifurcaciones” y consecuencias imprevisibles del conflicto, con oleadas de misiles y drones sobre buena parte de la región, y un aumento “muy, muy claro” de los precios energéticos, especialmente del gas, lo que obliga al Ejecutivo a pensar también en la protección de “trabajadores, empresas y consumidores españoles”.
Sobre las evacuaciones en la zona, Albares explicó que España tiene diseñados dispositivos tanto por vía terrestre como aérea, “barajando tanto medios propios, medios del Ministerio de Defensa como vuelos comerciales”, y que la sala de crisis de Exteriores permanecerá abierta 24 horas “hasta que el último español que quiera regresar lo pueda hacer”. Recordó que, cuando la tensión comenzó a escalar, España fue “el único país del mundo” que ejecutó una evacuación desde Irán vía Azerbaiyán, y situó actualmente a Emiratos Árabes como el país que concentra la máxima atención, con unos 13.000 españoles y una gran cantidad de “tránsitos” turísticos y laborales.
Yolanda Díaz: mensaje de calma y posibles apoyos ante otra ola inflacionaria
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se apoyó en la experiencia acumulada durante la pandemia y la crisis derivada de la guerra de Ucrania para lanzar un mensaje de “absoluta tranquilidad y calma” a las familias, empresas y trabajadores ante el riesgo de una nueva crisis inflacionaria ligada al conflicto en Oriente Medio. “Ya lo hemos hecho”, recordó, aludiendo al desplome de “11 puntos del PIB” sufrido entonces y a las medidas que permitieron sostener el empleo, el tejido productivo y el poder adquisitivo.
Díaz anticipó que el Ejecutivo volverá a “estar del lado de los españoles y las españolas”, trabajando específicamente en “la pérdida de poder adquisitivo, en el sostenimiento de las empresas, en el sostenimiento de los puestos de trabajo”. Sin adelantar aún el detalle, dejó claro que se ultiman medidas para acompañar al tejido productivo, autónomos, pymes y al conjunto de la ciudadanía, y reclamó “prudencia” y evitar añadir especulación a la incertidumbre económica.
En clave política, la ministra enmarcó la posición del Ejecutivo frente a la oposición de Alberto Núñez Feijóo, al que acusó de añorar “el gobierno de la guerra de Aznar”. Reivindicó que el actual es “el gobierno de la paz, de la democracia, de los derechos humanos”, y remarcó que “la política de defensa en España la hacen los españoles y las españolas, no la hace el señor Trump desde ningún lugar del mundo”.
Elma Saiz: reconstruir el “escudo social” tras el varapalo del Congreso
La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, centró su mensaje en la reconstrucción del llamado “escudo social” tras la caída la semana pasada en el Congreso de dos reales decretos ley clave para la protección de los más vulnerables. Saiz confirmó que el Ejecutivo está “trabajando para aunar las mayorías suficientes” con sus socios y otras fuerzas para “recuperar este escudo social, procesarlo y traerlo sin desahucios o para traer uno nuevo” adaptado al contexto abierto por el conflicto con Irán.
La ministra evitó concretar si el Gobierno está dispuesto a sacrificar la moratoria antidesahucios para salvar el resto de medidas, pero sí subrayó que ya se han aprobado en el propio Consejo de Ministros “dos cuestiones que no requieren rango legal” para seguir protegiendo a la ciudadanía. Reivindicó además que, pese al revés parlamentario, la semana pasada salieron adelante “dos importantes decretos, uno de ellos la regulación de las pensiones”, que consideró “muy importante para el conjunto del país”.
En el plano territorial, Saiz explicó que “ahora mismo” no existe acuerdo sobre las exigencias de Esquerra Republicana respecto a la capacidad de la Agencia Tributaria catalana para asumir la recaudación del IRPF, aunque insistió en que el Gobierno sigue “trabajando y dialogando” en esa línea. Recordó que también la reforma de la financiación autonómica parecía “harto difícil” y finalmente se alcanzó un pacto, poniendo esa experiencia como ejemplo de que aún puede haber margen para el entendimiento.