El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado la modificación de la Ley Foral 15/2018 de Ciencia y Tecnología con el objetivo de actualizar el sistema navarro de investigación, desarrollo e innovación y reforzar su papel como motor de progreso económico, social y medioambiental en la Comunidad Foral.
La reforma, impulsada por el Gobierno de Navarra, salió adelante con los votos favorables de PSN, EH Bildu, Geroa Bai, PPN, Contigo Zurekin y la parlamentaria no adscrita, Maite Nosti, mientras que UPN se abstuvo y VOX votó en contra.
El nuevo texto busca dotar al ecosistema navarro de I+D+i de instrumentos que permitan su actualización continua, tanto en el ámbito de la inversión como en aspectos organizativos y de igualdad, incorporando de forma transversal la perspectiva de género en las políticas científicas.
La norma reorganiza los distintos agentes que integran el sistema, formado actualmente por dos universidades, un instituto de investigación sanitaria, tres centros de investigación, seis centros tecnológicos, diez unidades de I+D+i empresarial y 21 entidades singulares. Con ello se pretende lograr un sistema más dinámico, cohesionado y con mayor impacto en la sociedad.
En ese contexto, la reforma introduce la posibilidad de subcategorizar las entidades singulares según sus características y actividades, con el fin de mejorar la coordinación dentro del Sistema Navarro de I+D+i (SINAI). Asimismo, se amplía el reconocimiento como agentes del sistema a entidades públicas y privadas que no solo ejecuten o financien investigación, sino que también contribuyan a dinamizar, divulgar y difundir el conocimiento.
Entre las medidas incluidas destaca la flexibilización en la gestión de ayudas públicas. La normativa permitirá anticipar hasta el 100 % de las subvenciones concedidas a los agentes del SINAI sin necesidad de garantías previas, una medida que pretende dotar de mayor agilidad financiera a los proyectos de investigación. Además, se abre la puerta a convocatorias de financiación basal por rendimiento, basadas en indicadores objetivos como publicaciones científicas, patentes, captación de fondos europeos o colaboración con la industria.
La ley también refuerza las políticas de igualdad en el ámbito científico. Se pone especial énfasis en fomentar el acceso de las mujeres a los estudios STEM y se establece la obligación de justificar cualquier desviación respecto a la regla de paridad 60/40 en los órganos de dirección y en los puestos de máxima responsabilidad de universidades, centros tecnológicos e institutos de investigación.
En paralelo, la reforma introduce medidas destinadas a atraer y retener talento científico, impulsar la movilidad profesional del personal investigador y fomentar la compra pública innovadora por parte de la Administración.
Otra de las novedades afecta al Consejo Asesor de I+D+i de Navarra, donde la representación de los trabajadores será asumida por dos personas designadas por consenso de los sindicatos. Asimismo, se establece que el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación tendrá una vigencia mínima de cuatro años y será objeto de seguimiento por parte del Parlamento.
En materia de inversión, la ley redefine los objetivos de gasto público en investigación y fija como meta alcanzar en 2030 una dotación presupuestaria del 8 %, tres puntos más que en la normativa anterior, manteniendo el objetivo de que la inversión total en I+D+i alcance el 3 % del PIB en Navarra.
La reforma incluye además obligaciones en materia de igualdad y convivencia laboral, como la implantación de planes de igualdad con protocolos frente al acoso o la violencia de género y la adopción de medidas específicas para prevenir la discriminación y la violencia contra personas LGTBI+ en los centros de investigación.
Con estas modificaciones, la Comunidad Foral busca reforzar la estructura del sistema científico y tecnológico navarro, impulsar la generación de conocimiento y favorecer su transferencia al tejido productivo y a la sociedad.
