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Detenidas 32 personas por el envío ilegal de 650 toneladas de residuos peligrosos desde Tenerife a África

La Guardia Civil y la Agencia Tributaria desmantelan una red criminal que exportaba basura tóxica sin descontaminar mediante facturas falsas.

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La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han asestado un golpe definitivo a una organización criminal responsable del traslado ilícito de residuos hacia el continente africano. La operación se ha saldado con 32 personas detenidas e investigadas, además de cuatro sociedades implicadas en el envío de 650 toneladas de residuos peligrosos desde el puerto de Santa Cruz de Tenerife.

Un entramado criminal con base en Canarias y Mallorca

Las investigaciones, lideradas por el Seprona de la Caldera de Taburiente en La Palma, detectaron un flujo constante de contenedores marítimos cargados con mercancía contaminante. El grupo operaba principalmente desde Tenerife, Gran Canaria y Mallorca, utilizando un complejo sistema de facturas falsas a nombre de terceros para esquivar los controles aduaneros y aparentar que los materiales estaban debidamente descontaminados.

El valor de la mercancía interceptada, que incluye también 86 toneladas de residuos no peligrosos, asciende a los 800.000 euros. Entre el material incautado destacan motores y compresores de frigoríficos, piezas de automóviles sin tratar, 38 toneladas de extintores y vehículos exportados con documentación fraudulenta como si fueran de segunda mano.

Impacto ambiental y riesgos para la salud pública

El envío de estos residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) sin el proceso de descontaminación previo supone una grave infracción penal. Al no extraerse correctamente los gases de los sistemas de refrigeración, estos se liberan a la atmósfera, generando un riesgo ambiental severo y una amenaza directa para la salud de las personas.

Este tráfico ilícito contraviene de forma directa el Convenio de Basilea, el tratado internacional de las Naciones Unidas que regula el control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos. En España, el traslado ilegal de residuos está tipificado en el Código Penal con penas de prisión e inhabilitación profesional, reflejando la creciente preocupación por la gestión de desechos en la economía global.

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