En una operación contra la trata de seres humanos, agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres de origen sudamericano. La investigación, iniciada en septiembre de 2025, ha culminado con la detención de 11 personas en las provincias de Castellón, Madrid, Sevilla y Alicante. Los principales cabecillas de la red ya han ingresado en prisión provisional.
El entramado captaba a sus víctimas mediante aplicaciones de mensajería instantánea, aprovechándose de su situación de vulnerabilidad económica y social. Bajo falsas promesas de una vida mejor, los explotadores facilitaban el traslado a España simulando viajes turísticos para eludir los controles fronterizos. Una vez en territorio nacional, las mujeres descubrían que habían contraído una deuda impagable de hasta 7.000 euros.
Condiciones de explotación y amenazas a familiares
Las víctimas eran sometidas a condiciones de semiesclavitud en diversos pisos prostíbulo y clubes. Según el informe policial, las mujeres estaban obligadas a estar disponibles las 24 horas del día, con apenas dos horas de descanso y sin derecho a rechazar ningún servicio. Además, debían costear sus propios gastos de manutención y material profiláctico, mientras eran obligadas a consumir y ofrecer sustancias estupefacientes.
Para garantizar el control absoluto, la red criminal recurría a la extorsión y la intimidación. Algunas de las víctimas recibieron fotografías de sus familiares en sus países de origen como método de coacción para evitar denuncias. Los traslados continuos entre provincias eran una práctica habitual de la organización para dificultar el rastreo policial y mantener el régimen de explotación sexual.
Intervención policial y registros en Castellón
La fase final de la explotación permitió el registro de cuatro inmuebles en la provincia de Castellón, donde se logró la liberación de tres mujeres. En los operativos se intervinieron teléfonos móviles, datáfonos para el cobro de servicios y documentación clave para la causa judicial. Los arrestados enfrentan cargos por pertenencia a organización criminal, trata de personas y delitos contra la salud pública.
La Policía Nacional recuerda que existen canales de denuncia anónima y confidencial para combatir estas redes. La colaboración ciudadana es fundamental para erradicar la inmigración ilegal con fines de explotación y proteger la dignidad de las víctimas.
