El Ayuntamiento de Pamplona propondrá este miércoles en un pleno extraordinario la aprobación de un contrato a diez años para la gestión del futuro servicio de bicicleta pública compartida, una iniciativa con vocación comarcal y un coste anual estimado de 1,3 millones de euros.
La duración del contrato, que supera el límite de cinco años establecido en la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos, requiere de autorización expresa del Pleno municipal. Según el informe del Servicio de Movilidad, este plazo permitirá amortizar la inversión inicial y adaptarse a la vida útil del material, tanto bicicletas como estaciones.
El nuevo sistema arrancará con 500 bicicletas eléctricas y 50 bases distribuidas por la ciudad, con un servicio disponible las 24 horas del día durante todo el año. El objetivo es fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte cotidiano, ampliar la oferta de movilidad sostenible y superar barreras como el coste inicial, la falta de aparcamiento o los robos.
Uno de los ejes del proyecto es su carácter metropolitano, con la intención de extender progresivamente el servicio al conjunto de la comarca de Pamplona mediante contratos derivados. Para ello, se licitará un acuerdo marco con una única empresa que garantizará la homogeneidad del sistema y su compatibilidad técnica.
El primer contrato derivado contemplará la implantación y gestión del servicio en la capital navarra, mientras que los siguientes permitirán su expansión a otros municipios o el incremento de bicicletas y estaciones. El modelo incluirá tanto el suministro de infraestructuras como la operación, mantenimiento, logística y reposición de los elementos.
En términos económicos, la inversión inicial se sitúa en torno a 3,5 millones de euros, a los que se suma un coste operativo estimado de 2.000 euros por bicicleta al año. Con un contrato a diez años, el presupuesto anual se reduce hasta los 1,38 millones, frente a los más de 1,7 millones que supondría limitarlo a cinco años.
El futuro servicio mantendrá un funcionamiento similar al anterior, operativo entre 2021 y febrero de 2026, periodo en el que se registraron más de 2,3 millones de viajes y cerca de 95.000 personas usuarias, de las cuales más de 55.000 se mantenían activas en el momento de su suspensión.
Con esta nueva licitación, el Consistorio busca consolidar un modelo de transporte público sostenible, accesible y adaptado a las necesidades de movilidad urbana y metropolitana.