La investigación sobre la adjudicación de viviendas de protección pública (VPP) en la urbanización les Naus, en Alicante, avanza en los tribunales con nuevas diligencias clave. La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante ha acordado citar a declarar el próximo 17 de junio, en calidad de testigos, a los representantes de seis empresas vinculadas al caso, según fuentes judiciales.
La decisión, adoptada a petición de la Fiscalía Anticorrupción, prevé también la comparecencia para esa misma jornada de otros dos testigos que ya habían prestado declaración con anterioridad: la jefa y el secretario adjunto del Servicio Territorial de Vivienda de Alicante. Asimismo, la instructora reclama al gerente de la cooperativa promotora de los inmuebles, quien figura como investigado en el proceso, diversa documentación relativa al proyecto y a los empleados de dos mercantiles.
Requerimiento judicial al Ayuntamiento de Alicante por desobediencia
En el marco de estas actuaciones, la magistrada ha ordenado a la Policía Nacional que se persone en el Ayuntamiento de Alicante para requerir a sus servicios jurídicos el envío urgente de diversa documentación. Esta medida excepcional se toma debido a la ausencia de respuesta por parte del Consistorio a dos requerimientos judiciales previos, emitidos los días 12 y 21 de mayo.
La Unidad Adscrita de la Policía Nacional a los Juzgados de Alicante acudirá a las dependencias municipales para identificar al responsable del departamento. Se le exigirá la entrega de los expedientes solicitados en un "plazo improrrogable de cinco días naturales". La providencia judicial advierte de forma explícita de las consecuencias legales de mantener el silencio administrativo:
"En caso de nuevo incumplimiento el responsable de tales servicios jurídicos incurriría en un delito de desobediencia previsto en el art. 556 del Código Penal."
Fianza para la acusación popular en el proceso de los juzgados de Alicante
Por último, el juzgado ha condicionado la participación del sindicato CGT en la causa judicial. La magistrada ha dictado una providencia en la que solicita a la organización laboral la prestación de una fianza de 3.000 euros como requisito obligatorio para admitir su personación formal bajo la figura de acusación popular.
