La formación política Unión del Pueblo Navarro (UPN) ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) contra la resolución de la Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana que avala la rebaja de la protección patrimonial del Monumento a los Caídos de Pamplona. Según ha denunciado la formación regionalista, esta decisión administrativa posibilita la demolición o transformación de elementos del inmueble como la cripta o las arquerías laterales.
Argumentos de UPN sobre la vulneración de la Ley Foral de Patrimonio Cultural
Desde UPN afirman que la resolución administrativa vulnera la Ley Foral de Patrimonio Cultural al apartarse del criterio manifestado por los especialistas sin una motivación técnica suficiente. El Servicio de Patrimonio Histórico emitió un informe técnico que concluía que el cuerpo central y las arquerías forman un conjunto arquitectónico coherente, recomendando mantener el nivel de protección actual para garantizar su integridad formal y arquitectónica.
Los regionalistas sostienen que la administración debe justificar de forma clara y rigurosa el motivo por el cual ignora a sus propios técnicos. Asimismo, recuerdan que las instituciones tienen el deber legal de garantizar la conservación y protección de los bienes del patrimonio cultural de Navarra, un deber que consideran incumplido al facilitar actuaciones sobre el edificio sin acreditar que la reducción del nivel de protección sea compatible con sus valores patrimoniales.
La Ley de Memoria Democrática y la posible desviación de poder en la decisión política
El recurso presentado por la formación foralista argumenta que la apelación a la Ley Foral de Memoria Democrática no exime de cumplir la legislación patrimonial. La formación defiende que la resignificación del inmueble puede plantearse dentro del marco legal, pero no debe servir para anular las obligaciones de protección establecidas por la ley.
En la demanda se señala que el expediente administrativo incluye un acuerdo político previo del Ayuntamiento de Pamplona para transformar el edificio, abarcando la demolición de la cripta y de las arquerías. Para UPN, la modificación final da cobertura a dicha decisión política a pesar de la existencia de un informe técnico contrario. Por ello, han solicitado al TSJN que declare la nulidad de la resolución por carecer de la motivación exigida, ignorar el criterio de los especialistas e incurrir en desviación de poder.
