Madrid. El juez Juan Carlos Peinado ha acordado este lunes la apertura de juicio oral con jurado popular contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. La resolución incluye también a Cristina Álvarez, asesora de Gómez en Moncloa, a quien atribuye un presunto delito de malversación como cooperadora necesaria.
El auto, de 67 páginas, pone fin a la instrucción desarrollada en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid y remite la causa a la Audiencia Provincial de Madrid, que deberá realizar los trámites para constituir el tribunal del jurado y fijar la fecha de la vista. La apertura de juicio oral no implica una declaración de culpabilidad: corresponde al futuro tribunal valorar las pruebas y dictar sentencia.
Dos delitos para Gómez
La resolución sitúa a Gómez ante un jurado por las acusaciones relativas al supuesto uso de su condición de esposa del presidente en su actividad vinculada a la cátedra que codirigió en la Universidad Complutense de Madrid, al desarrollo de una plataforma informática asociada a ese proyecto y al trabajo realizado por su asesora de Moncloa.
Peinado mantiene la imputación por presunto tráfico de influencias y por presunta malversación. En el caso de Cristina Álvarez, la apertura de juicio se circunscribe a una presunta malversación por su supuesto papel en tareas relacionadas con la plataforma informática.
La decisión llega después de que la Audiencia Provincial de Madrid corrigiera parcialmente una anterior resolución del instructor. El órgano provincial archivó dos de los delitos inicialmente contemplados y ordenó retrotraer actuaciones para que las partes presentaran de nuevo sus escritos conforme al escenario procesal resultante.
Sin medidas cautelares ni fianza
El juez rechaza en esta ocasión imponer medidas cautelares a Gómez y Álvarez, así como exigirles fianza. No obstante, ha ordenado investigar la capacidad económica de Gómez mediante el Punto Neutro Judicial y ha solicitado a la Agencia Tributaria sus cinco últimas declaraciones del IRPF, dentro de la eventual determinación de responsabilidades económicas.
La causa será juzgada por un jurado popular en la Audiencia Provincial de Madrid. El calendario todavía no está fijado: antes deberán designarse el magistrado que presidirá el tribunal y los integrantes del jurado, además de completarse los trámites previos a la celebración del juicio.
Peticiones de las partes
La acusación popular coordinada por Hazte Oír solicita 13 años de prisión para Begoña Gómez y seis años para Cristina Álvarez. En concreto, atribuye a Gómez dos años de cárcel por tráfico de influencias, tres por la supuesta malversación vinculada al trabajo de la asesora de Moncloa y otros ocho por la relacionada con el software de la cátedra.
Frente a ello, la Fiscalía Provincial de Madrid ha sostenido durante el procedimiento que los hechos no son constitutivos de delito y ha pedido la absolución de Gómez, Álvarez y los demás investigados inicialmente en esta pieza. La defensa de Gómez también ha reclamado su libre absolución y el archivo de la causa.
Reacciones políticas
La apertura de juicio ha provocado una inmediata respuesta política. Fuentes del Gobierno y del PSOE han criticado la resolución, que califican de instrucción "arbitraria e injusta" y de "persecución judicial", mientras recuerdan que el Ministerio Fiscal no aprecia base delictiva para una condena.
Por su parte, el PP ha considerado que la decisión judicial tendrá consecuencias en la confrontación política y ha advertido de un posible incremento de las críticas del Gobierno y del PSOE hacia los jueces.
El auto de este lunes llega a pocos días de la jubilación de Peinado, prevista para el 27 de septiembre. A partir de ahora, la causa queda en manos de la Audiencia Provincial de Madrid, que deberá encauzar el procedimiento hacia un juicio cuyo inicio aún no tiene fecha.